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Ni domiciliaria ni tobillera: por qué el Tribunal decidió que Cristóbal López siga preso en Ezeiza

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Cristobal López empresario Kirchnerista – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

09:40 – El empresario continuará detenido hasta el juicio que arranca en junio. También rechazaron excarcelar a su socio De Sousa.

Por: Lucía Salinas

El Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) que el 13 de junio dará inicio al juicio contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray por el delito de defraudación agravada a través de la petrolera Oil Combustibles, rechazó esta semana la excarcelación de los dos empresarios dueños del Grupo Indalo.

Después de haber sido liberados en marzo del año pasado tras un polémico fallo de la Cámara Federal de Apelaciones firmado por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah, fue el Máximo Tribunal Penal (la Cámara de Casación), la que invalidó dicho fallo y ordenó que Cristóbal López y De Sousa regresen al Penal de Ezeiza, al considerar que se estaba ante una «clara maniobra de corrupción».

Así, el 28 de abril, el empresario y su socio regresaron a prisión y en pocos meses deberán enfrentar junto a Echegaray, ex titular de la AFIP, el primer juicio oral y público por corrupción, que llevará adelante el TOF 3 integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso.

Este Tribunal rechazó esta semana otorgarles la excarcelación López y a De Sousa, y negaron a su vez cualquier medida de morigeración como una prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

El primero en pronunciarse en contra fue el fiscal ante el Tribunal entendiendo que  «continúan vigentes las condiciones por las cuales oportunamente se dispuso la prisión preventiva verificándose la existencia de riesgos procesales», indicó en su dictamen.

Dando respaldo a estos argumentos, los jueces también señalaron que el tiempo que López y De Sousa llevan detenidos responde a las «características puntuales de los hechos» que se llevarán a juicio, es decir, la maniobra de corrupción por la que fueron procesados. Entendieron que sigue vigente la «amenaza» de entorpecimiento de la causa.

Por otro lado, los jueces del TOF 3 señalaron que «no han variado las circunstancias que motivaron el dictado de la prisión preventiva» y remarcaron que ambos empresarios mostraron un «desapego frente a la consecución del proceso».

En este punto recordaron, que López y De Sousa quedaron detenidos al cometer «maniobras tendientes a impedir la conversación de su patrimonio, desoyendo las disposiciones jurisdiccionales que habían sido ordenadas en su resguardos», es decir, las medidas cautelares impuestas.

El TOF 3 también resaltó, en el caso del empresario K, que el tiempo que lleva preso  «no resulta desproporcionado con relación a la extensión temporal, la complejidad y la naturaleza de los hechos investigados en atención a la vinculación entre la esfera pública y privada que supone la hipótesis» que fundamenta la causa.

La defraudación

López está acusado de haber defraudado al Estado en 8.000 millones de pesos durante el último gobierno de Cristina Kirchner por no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) con Oil Combustibles, la petrolera que hoy está quebrada. Así generó una deuda multimillonaria con el fisco, mientras utilizaba los fondos que no le pagaba a la AFIP para financiar y ampliar su conglomerado empresarial.

Con este telón de fondo, la Justicia sostiene que los empresarios K se dedicaron de manera sistemática y constante a «llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos». Hay más. Estos empresarios amigos (de los Kirchner) fueron engranajes en la etapa siguiente: la del «reciclaje de activos». Así, se «retornó una porción de lo sustraído» al Estado, como es el caso de López a la AFIP, mientras era inquilino de Cristina Kirchner y adquiría medios de comunicación «funcionales al Gobierno» kirchnerista.

En este contexto se ubica la maniobra de corrupción por la cual desde la AFIP, sus funcionarios y sobre todo quien era su principal autoridad, Ricardo Echegaray, «defraudaron al Estado» en beneficio de López y De Sousa.

La Justicia determinó que de los 55 meses investigados, los dueños del Grupo Indalo sólo tributaron el ITC durante siete meses. Así, la elevación a juicio oral se basa en la confirmación de la «instrumentación de una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro y fuera de la AFIP», donde hubo una estructura permanente y coordinada de personas que lograron la «sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado».

La AFIP -denunciante y querellante en el expediente- también solicitó la elevación a juicio oral de los acusados entendiendo que la maniobra trascendían la comisión de delitos tributarios, ya que «el centro de imputación se encontraba en la actuación de los funcionarios de la AFIP -en este caso, Echegaray-«, lo que derivó en una acusación por «administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública». (Clarín)

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