09:00 – Ante la lentitud de la Justicia, varios grupos recurren a la humillación pública de funcionarios sospechados
Por: Ernesto Londoño y Santi Carneri
María Esther Roa estaba furiosa. Una vez más, un poderoso legislador se había librado de ser sancionado por sus acciones ilegales.
No obstante, cuando se encontraba afuera del Congreso en Asunción, a principios de agosto pasado, Roa tramó un plan poco convencional para hacer rendir cuentas de alguna manera a los poderosos. Su plan involucraba ollas, sartenes, docenas de huevos y mucho papel higiénico, e inspiraría a una cruzada ciudadana contra la corrupción.
Mientras otros países latinoamericanos combatieron la corrupción de empresas y políticos poderosos durante los últimos años, a menudo como respuesta a la indignación popular, las débiles instituciones de Paraguay y el fallido sistema de Justicia la han dejado languidecer.
Sin embargo, Roa -abogada penal- y un grupo de organizadores, en su mayoría mujeres, decidieron cambiar eso y convirtieron la humillación pública en una herramienta que consideran mucho más efectiva que las acusaciones penales.
Su primer objetivo: el legislador José María Ibáñez, que el 1° de agosto pasado sobrevivió a un juicio político para removerlo de su cargo a pesar de haber admitido que usó recursos públicos para pagar los salarios de tres empleados de su residencia en el campo. La noche posterior a la votación, Roa y algunos conocidos se reunieron afuera del hogar de Ibáñez para exigir su renuncia.
“¡Fuera Ibáñez!”, gritaban mientras golpeaban sus ollas y sartenes. Poco después, el hogar del congresista estaba cubierto de papel higiénico y goteaban los restos de los huevos podridos lanzados por los manifestantes.
Lo que ocurrió después dejó perpleja a Roa: Ibáñez renunció. Fue el primero de tres prominentes senadores perseguidos por acusaciones de corrupción que abandonaron su cargo. Fiscales en Paraguay presentaron cargos penales contra otros cinco funcionarios señalados por los manifestantes anticorrupción y han iniciado investigaciones sobre varios más.
Los políticos que han sido señalados califican a las protestas afuera de los hogares de las personas sospechosas de corrupción como una tendencia peligrosa que ha arruinado carreras y reputaciones sin seguir el debido proceso.
“Esta experiencia de violencia social por encima de los derechos individuales y colectivos es lo más parecido a los linchamientos públicos de siglos pasados”, dijo Ibáñez.
No obstante, como muchos paraguayos sienten que estas denuncias son su último recurso cuando enfrentan a instituciones que no actúan o son débiles, las protestas se han extendido por todo el país.
Durante los últimos siete meses, los manifestantes han protestado contra funcionarios de todo el espectro político, fijándose como objetivos a gobernadores, legisladores federales y funcionarios de las provincias sospechosos de haber cometido ilícitos.
A medida que los videos de las protestas se divulgaban a través de las redes, a los políticos señalados por los escraches les comenzaron a negar el acceso en los restaurantes caros. Sus esposas ya no fueron bienvenidas en sus habituales salones de belleza.
“Está apareciendo una nueva generación que no tolera los abusos de poder”, dijo la periodista de investigación Mabel Rehnfeldt del diario ABC Color, que publicó historias que fomentaron la indignación pública sobre la corrupción.
Roa reconoció que un movimiento que tenía el objetivo de ser inspirador y formativo ha desarrollado aristas rebeldes, y dijo que espera que esto no se convierta en una herramienta permanente en la lucha contra la corrupción.
En los últimos meses, los casos penales que alguna vez languidecieron en las cortes sin obtener resolución durante meses se están moviendo a una velocidad poco común, un cambio que Roa atribuye a los esfuerzos del grupo. (La Nación)
