11:30 – El 22 de abril del 2017 bajo una temperatura de menso de 5 grados bajo cero, un numeroso grupo de manifestantes se hicieron presentes en el portal de ingreso de la residencia de la gobernadora, en cuyo interior estaban Alicia Kirchner y Cristina Fernández, junto a la nieta de 18 meses, hija de Florencia Kirchner.
Aquella noche de mucha tensión, elevó más el dramatismo cuando un grupo intentó forzar el portón de acceso y la policía desde adentro de los jardines abrió fuego con balas de goma, produciendo muchos heridos y reprimiendo al grupo más cercano al perímetro de la residencia de manera indiscriminada, al punto que fueron heridos algunos periodistas que cubrían los hechos.
El 5 de diciembre de 2018 publicamos que la justicia había llamado a indagatoria a los docentes Diego Barrionuevo, Juan Manuel Valentín, Claudio Wasquín y Gabriela Ance, como partícipes de aquellas acciones, a pesar de que en la oportunidad, cientos de personas, en mucho casos con gorros, bufandas y gruesos abrigos por el frío reinantes, se confundían en aquella protesta e inclusive había un pequeño grupo encapuchado que tiraba piedras y nunca fue descubierto como autores de daños a la propiedad, sino, por el contrario, la justicia solo trabajó sobre la hipótesis de que estos cuatro docentes fueron responsables de los daños infligidos a la residencia oficial tras la denuncia del gobierno provincial quien consideró que se había producido un daño sobre la propiedad con violación de domicilio, un atentado contra el órden constitucional y democrático y acciones de sedición.
Al final de este proceso, la jueza de Instrucción Rosana Suarez dictó la semana pasada el procesamiento por violación de domicilio sobre Diego Barrionuevo, Juan Manuel Valentín, Claudio Wasquín y Gabriela Ance con un embargo de 100 mil pesos a cada uno.
Luego de aquel incidente, la ex presidenta Cristina Fernández editó un video donde ella era la protagonista que relataba en primera persona lo sucedido la noche anterior. Con un tono monocorde, varios cortes y pequeñas secuencias, una clara victimización personal y una evidente utilización política de la situación, la ex presidenta, mientras caminaba y describía las acciones de la noche anterior, mostraba unas piedras en el patio y señalaba el miedo que habían tenido “las tres mujeres” dentro de la propiedad “atacada” por los manifestantes, montaba una escena política en la cual mezclaba todo y le daba dramatismo a sus palabras intentado transferir a la opinión pública que aquel había sido un ataque orquestado por Eduardo Costa contra Alicia Kirchner y para hacer “más certero” a su relato, relacionaba la llegada de TN a Río Gallegos, como parte de una maniobra desestabilizadora contra el gobierno que incluía, por supuesto sin mencionarnos con nombre y apellido, a OPI que aquella noche era consultado por toda la prensa nacional por ser desde hace muchos años el medio más creíble e independiente del sector político que narra desde el año 2004, la corrupción y revela las transas políticas de esta provincia al mundo.
Ese video, fue tomado por la jueza Sáurez como libro de cabecera para determinar los daños que sufrió la residencia y determinar que por parte de estos cuatro docentes hubo intencionalidad de ingresar ilegalmente a la propiedad, generando daños y amenazando el orden constitucional en la provincia, como se encargó de refrendar una y otra vez CFK desde su sitio en twitter.
El Fiscal de Estado Fernando Tanarro en su elevación a la jueza sostiene precisamente tales argumentos, solventados por el relato de CFK que no tenían que ver sino con el atraso en el pago de los haberes, la discriminación salarial, la negativa de Alicia a abrir paritarias, la falta de recomposición salarial, el no pago de las jubilaciones y en ese momento varios meses de protestas en la calle y frente a la Caja de Previsión Social de jubilados que ni siquiera eran atendidos por las autoridades del organismo previsional.
Alicia Kirchner hizo lo suyo y en tándem con su cuñada slaió a fustigar al gobierno nacional, a Costa y a los medios, a su criterio todos organizados y confabulados para atentar contra la institucionalidad en la provincia.
En protesta por este fallo que ADOSAC considera político y como forma de criminalizar la protesta, el gremio decretó u n paro de 48 horas que comenzó ayer y una movilización hasta el juzgado de la Dra Suárez, en apoyo de los compañeros procesados, acusando a la magistrada de ser parcial y tomar una decisión política, más que un fallo judicial, solo con fines aleccionadores y con el objetivo de anular cualquier tipo de reclamos, no solo de los docentes, sino del sector sindical, cualquiera sea su extracción e ideología. (Agencia OPI Santa Cruz)
Pero cuando los que rompen,agreden,saquean son los del partido justicialista,la izquierda,Unidad Ciudadana es una protesta legal,cuanta hipocrecia de esta mujer,su hermana etc.