14:00 – Fuerzas militares y policiales bloquearon la sede legislativa e impidieron que los diputados sesionaran; el Tribunal Supremo les quitó la inmunidad a otros cuatro parlamentarios
Por: Daniel Lozano
El chavismo dio ayer un paso más en busca de su golpe de gracia definitivo contra el Parlamento, dominado por la oposición y único poder que no tiene todavía entre sus manos. Fuerzas militares y policiales tomaron el Palacio Federal Legislativo para impedir que los diputados sesionaran. Esta sede histórica no solo tiene el hemiciclo, sino que también es el principal centro de poder y de estrategia de la oposición.
Por lo menos un centenar de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se distribuyeron dentro y fuera del edificio mientras agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) buscaban una bomba inexistente en su interior, la misma argucia que ya usaron en enero para retrasar la jura de la nueva junta directiva.
Diez horas después, las puertas de la sede legislativa se abrieron por arte de magia revolucionaria para los delegados de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano bolivariano que suplanta al Parlamento legítimo y que ya tomó a la fuerza parte del edificio, hace 21 meses. El peligro de una “explosión” imposible ya había pasado.
“La denuncia ante el mundo es decir que están tratando de cerrar el Parlamento por la vía de los hechos. Es un golpe continuado. Vamos a insistir y reconvocar la sesión para mañana [por hoy]. El Palacio Federal no nos hace diputados, lo que nos hace parlamentarios es el respaldo de la gente”, protestó Juan Guaidó, presidente encargado por la Asamblea Nacional (AN), en una conferencia de prensa, rodeado de los diputados a quienes se había impedido el acceso al hemiciclo.
Entre ellos también se encontraba Carlos Paparoni, uno de los nuevos enjuiciados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), martillo revolucionario contra la AN desde el triunfo electoral de la oposición, en diciembre de 2015. El alto tribunal aprovechó el operativo militar en la AN para arrebatar la inmunidad a otros cuatro diputados opositores; sumó así un total de 14 a la lista negra de la revolución tras el fallido alzamiento del 30 de abril. Se trata de Miguel Pizarro y el propio Paparoni, de Primero Justicia (partido centrista del excandidato presidencial Henrique Capriles), y Winston Flores y Franco Casella (de Voluntad Popular, el partido de Guaidó y de Leopoldo López).
Pizarro, perteneciente a la generación de dirigentes estudiantiles de la que también forma parte Guaidó, es un hombre clave en la estrategia opositora, al frente ahora de los operativos de ayuda humanitaria. “El mundo nos escucha, no estamos solos. Sabíamos que este era un riesgo posible, pero no hay miedo ni dudas. Con la frente alta seguiremos recorriendo el camino hacia la libertad”, anunció el diputado, ya a resguardo, en sus redes sociales.
Paparoni preside la Comisión de Finanzas del Parlamento, encargada del bloqueo de activos financieros en el exterior. “Podrán perseguirnos o podrán asesinarnos, pero lo que no podrán es volver a ver un dólar de los que se habían robado y ahora nosotros hemos recuperado”, enfrentó el parlamentario, siempre al frente en la lucha callejera en 2017.
Flores es uno de los pocos dirigentes principales de VP que se mantenían en libertad y Casella acaba de regresar de un viaje político a Israel.
La caza y la captura contra los 112 diputados opositores aumentaron durante la semana pasada, incluida una campaña de persecución y hostigamiento, a través de pintadas y amenazas, que afectó a una veintena de parlamentarios. En total, hay tres diputados encarcelados; 11 en el exilio; nueve están escondidos; cuatro, refugiados en embajadas; dos tienen medidas cautelares, y hay tres a quienes se les arrebató su escaño a través del TSJ. Entre todos ellos son 19 a quienes se les fulminó la inmunidad parlamentaria de forma ilegal e inconstitucional.
En el orden del día para el pleno de hoy, el mismo que el de ayer, figura el debate sobre la “desaparición” de Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, además del torrente de detenciones, persecuciones y allanamientos realizados en los últimos días. Zambrano, dirigente de Acción Democrática (AD), permanece detenido desde hace una semana, sin que ni su familia (que exige una fe de vida ante los rumores de sus complicaciones de salud) ni sus abogados conozcan su paradero.
En su comparecencia ante el juez, hecha sin la presencia de sus defensores, fue acusado de traición a la patria, rebelión civil, conspiración, instigación a la insurrección, odio continuado y otros delitos, los mismos con los que ahora señalan a los otros 13 de la lista negra generada tras el 30 de abril. (La Nación)
