12:00 – El Tribunal Oral Federal 4, que conduce el juicio por “la ruta del dinero K”, desestimó el pedido de la fiscalía contra Leandro, el menor de los varones del contratista.
Por: Lucía Salinas
Después de que Martín Báez -el mayor de los hijos varones de Lázaro- quedó detenido por violar medidas cautelares impuestas sobre sus bienes, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que lleva adelante el juicio por lavado de “la ruta del dinero K”, intimó a su hermano menor Leandro Báez para que explique el faltante de 1,5 millón de dólares de una empresa intervenida por la Justicia. Con esa respuesta, este miércoles los jueces decidieron rechazar el pedido de detención de Leandro que había presentado la fiscalía.
La familia Báez está siendo juzgada por lavado de dinero. El juez Sebastián Casanello, que junto al fiscal Guillermo Marijuan llevó adelante la investigación, encontró a Lázaro y sus hijos responsables del blanqueo de 60 millones de dólares en tan sólo tres años.
Báez, que cumplió tres años en prisión, comparte pabellón con su hijo Martín, que quedó detenido por violar las medidas cautelares, como el embargo de 600 millones de dólares y la inhibición de bienes junto al congelamiento de cuentas bancarias. El hijo del contratista K autorizó el movimiento de cerca de 5 millones de dólares de cuentas en Bahamas vinculadas a su padre y a sus hermanos. Esto fue planteado como un riesgo de entorpecimiento de la causa y se ordenó su prisión preventiva.
Meses después, un pedido de detención de la fiscalía recayó sobre su hermano menor Leandro, quien fue intimado por la interventora judicial de la empresa familiar Austral Agro tras haber detectado un importante faltante de dinero, que correspondería a la venta de lana que según el informe al que accedió Clarín “se habría vendido en negro” para eludir los controles correspondientes a la intervención.
La interventora, Susana Inés Santrsola, dio cuenta de “diversas situaciones que revelan que al día de hoy el imputado -Lázaro Báez- y su grupo familiar poseen aún influencia comercial, bancaria y judicial en Santa Cruz para sortear las medidas cautelares que se les imponen”.
El TOF intervino Austral Agro ante la falta de colaboración de Leandro Báez, señalando que se estaría ante una “grave maniobra de sustracción de un cuantioso volumen de lana de las arcas de la empresa que debe ser investigado, toda vez que se estarían eludiendo las medidas restrictivas que pesan sobre la compañía o vaciando a la misma de su capital”.
Como contó Clarín, la interventora explicó en un informe que “según comentarios de la zona, la lana ha sido vendida en negro no a los proveedores habituales y trasladada sin guías a nombre de Austral Agro, sino probablemente de alguna estancia vecina que actuó como facilitadora”.
La Justicia cree que la familia Báez vendió de forma ilegal 250.000 kilos de lana, cuyo pago no ingresó a la empresa. El TOF 4 indicó a la interventora que intime a Leandro Báez a que en su rol de administrador brinde explicaciones “respecto a las ventas de lana y de animales entre enero de 2016 y agosto de 2018”.
También se intimó al hijo de Lázaro Báez a que “reintegre la lana faltante o en su defecto lo obtenido por su venta” que según fuentes judiciales alcanzaría 1.500.000 dólares.
Por este accionar la fiscalía pidió la detención de Leandro Báez, pero los jueces consideraron que si bien el pedido se funda en que “continúa existiendo una estructura configurada con la finalidad de mantener fondos disponibles en efectivo para la familia y eludiéndose las medidas restrictivas que pesan sobre esa empresa”, se trata de una “medida prematura toda vez que desde que se dispusiera la intervención judicial de Austral Agro S.A., por los motivos antes expuestos, en la actualidad no existen denuncias concretas respecto a inconvenientes en la continuidad de los negocios de la citada empresa”.
Entre otros aspectos, en la resolución a la que accedió Clarín los jueces remarcaron que al detectarse aquellas primeras sospechas fue que se dispuso “encauzar la administración de los negocios abarcados por Austral Agro S.A., y de tal forma asegurar el patrimonio ante un eventual decomiso”.
En esta misma línea indicaron que el comportamiento que venía exteriorizando Leandro Antonio Báez “deberá ser investigado, incluso a fin de llevarse adelante las medidas sugeridas por la Fiscalía, que en el contexto en el que se había llevado a cabo, esto es antes de la intervención judicial decretada, impiden por ahora determinar como un accionar dirigido a entorpecer u obstruir los fines del presente proceso”. (Clarín)
