Envían a Bonafini, De Vido y a los Schoklender a juicio oral por defraudación en el plan de viviendas “Sueños Compartidos”

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08:00 – Por primera vez, la titular de Madres de Plaza de Mayo enfrentará un tribunal. Es por el escándalo irregularidades en el uso de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales. Se investiga los delitos de fraude al estado y lavado de dinero.

Por: Daniel Santoro

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi elevó a juicio oral y público a la presidenta de las Madres Hebe de Bonafini, a los hermanos Schoklender, al ex Ministro de Planificación Julio De Vido y a los ex secretarios de Obras Públicas, José López y Abel Fatala, entre otros, en la causa del desvío de fondos del plan Sueños Compartidos. En el caso, abierto en el 2011 en base a una investigación de Clarín, por el desvío de unos 200 millones de pesos sobre un total de 750 que le habían asignado los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner a esa histórica organización defensora de los derechos humanos. Se los acusa de fraude al Estado y lavado de dinero.

La medida incluye al ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y a Daniel Alfredo Nasif, Silvia Karina Nasif, Alejandro Abraham Gotkin, Enrique Osvaldo Rodríguez, Claudio Freidin, Hugo Omar Gallardo, Daniel Laurenti, Manuel Camet, Mariano Moncada, Adolfo Daniel Bus, Pablo Javier Sette, Christian Ariel Terdjanian, Carlos Castellano  y Emilio Mauro Gutiérrez. Así como a los financistas José Caparrós Gómez y Guillermo Greppi. Por sorteo, esta causa será juzgada por el tribunal oral federal 5 (TOF 5) integrado por los jueces Daniel Obligado y Adriana Pallioti.

El juez tomó la decisión luego de rechazar una serie de oposiciones y pedidos de nulidades y otras medidas de las defensas en este caso que se retrasó varios años por haber sido investigada la primera etapa por parte del ex juez Norberto Oyarbide. Luego enumera la compra de inmuebles, aviones, autos y hasta un yate por parte de la empresa Meldorek que manejaba Sergio Schoklender. Será la primera vez que Hebe de Bonafini enfrente un juicio oral.

Para responder a alguna de las oposiciones de las defensas, Martínez De Giorgi citó frases de la cámara federal al confirmar los procesamientos. «Se trata de operaciones que fueron efectuadas mediante la utilización de fondos que provenían de la comisión de un delito: concretamente, la defraudación al Estado Nacional en las contrataciones efectuadas con la Fundación Madres de Plaza de Mayo», dice el fallo del tribunal citado. «Específicamente la adquisición de bienes inmuebles y muebles -automóviles y embarcaciones- llevadas a cabo por las personas jurídicas (Meldorek) integradas por los aquí imputados a las que ingresaron fondos provenientes de dicha entidad, a las acreditaciones en las cuentas bancarias tanto de los encausados como de las empresas de mención -con idéntico origen- y a las operaciones de descuentos de cheques librados por la Fundación», agregó la resolución de la cámara.

En cuanto a las quejas de los directivos de Cabaña Agropecuaria del Zonda y Agropecuaria Monte León, que cambiaron varios cheques que el estado le dio a la fundación de las Madres, el juez recordó que «si bien registraban como objeto social la realización de actividades agropecuarias, efectuaron en realidad operaciones financieras -cambio de cheques por dinero en efectivo- en forma habitual».

Concretamente, «a lo largo de casi dos años -entre el año 2009 y el año 2011-, cada una de ellas ha resultado beneficiaria de 174 y 118 cheques respectivamente, por una suma total de aproximadamente $52.000.000 y $26.000.000. Asimismo, ambas han efectuado transferencias bancarias en favor de cuentas de la firma Meldorek S.A., por una suma aproximada de $1.120.000 y $4.071.0095, respectivamente».

De modo que «nos encontramos frente a sociedades que, por fuera del ámbito del objeto social para el que fueron constituidas, efectuaron operaciones de carácter financiero a lo largo de dos años, cobrando cientos de cheques al portador, librados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo y endosados a su favor, por sumas millonarias, mientras efectuaban transferencias también millonarias a la cuenta bancaria de la empresa Meldorek, sin que se hubiera hallado justificación comercial alguna…”». Una vez cambiado los cheques y que el efectivo quedaba en manos de Sergio Shoklender no se pudo seguir la trazabilidad del dinero.

En diciembre, la fiscal federal Paloma Ochoa había pedido enviar a juicio oral a Bonafini en esta causa. El dictamen, que incluyó a Bonafini en el listado de otros acusados con un anterior pedido de envío a juicio, entre ellos los hermanos Pablo y Sergio Schoklender, fue firmado por la fiscal luego que el juez, Marcelo Martínez De Giorgi, había rechazado elevar la causa a esa etapa sin incluir a la titular de Madres de Plaza de Mayo. La causa se inició en el 2011 en base a una investigación de Clarín.

Ochoa había excluido a Bonafini de un primer dictamen firmado el 2 de octubre del año pasado por entender que faltaban medidas de prueba en torno a su persona, pero ahora la incluyó para no dilatar la investigación y advirtió que esas medidas podrían realizarse durante la llamada «instrucción suplementaria» que se suele ordenar en los tribunales orales antes de iniciar los juicios.

Al rechazar esos planteos, Martínez De Giorgi había sostenido que Bonafini estaba al tanto de los «desmanejos financieros que realizaban los apoderados de la Fundación que ella misma había instituido y que en tal sentido al menos participó de esos quehaceres aprobando los irregulares balances de la institución».

Bonafini deberá ser juzgada, de acuerdo al dictamen fiscal, como partícipe secundaria de «defraudación a la administración pública» a raíz de presuntos desvíos del dinero que el Estado entregó a la Fundación para el programa de viviendas sociales y cuya administración se delegó en otro procesado, Sergio Schoklender.

En el primer dictamen de envío del caso a juicio oral, la fiscal reclamó juzgar además al detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al también preso ex secretario de Obra Pública José López, a los hermanos Schoklender y a otra decena de procesados.

De acuerdo a la investigación, se habrían desviado del fin original -construcción de viviendas sociales- al menos $206.438.454.

Al reclamar que se incluya a Bonafini en el listado de juzgados, el juez del caso no hizo lugar a prueba adicional que había pedido la fiscal porque consideró que esa nueva evidencia que se solicitaba «no derriba la hipótesis de participación de Hebe María Pastor en la maniobra ilícita aquí investigada, así como tampoco significa su desconocimiento sobre la misma». (Clarín)

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