17:00 – La Corte Suprema reafirmó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares que el democrático gobernador Gioja protestó y trató de recusar (y bajar), con la foto de la bandera de la Barrick Gold detrás suyo. En épocas de los Kirchner en el poder, el negocio de la multinacional canadiense se amplió, especialmente en San Juan donde junto al gobernador tenían los intereses paralelos con sus pares, los presidentes Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández.
Recordemos que fue la propia CFK, quien en uso de la presidencia vetó la Ley de Glaciares, lo cual generó un gran rechazo público y se asoció dicha actitud a los negocios vinculados con la Barrick y Gioja, al punto que asomaron sospechas sobre posibles vínculos económicos entre ambos con la empresa, bajo el paraguas del gobierno nacional, quien impulsó la minería en todas las provincias argentinas donde existe prospección y exploración. Es así que llegaron a Chubut y se encontraron con un entorno hostil porque no obtuvieron la licencia social necesaria, que aún hoy sigue peleando el gobierno nacional de Mauricio Macri, quien siempre se mostró dispuesto a favorecer la minería, de hecho les quitó retenciones.
La Ley de Glaciares busca preservar los reservorios de agua y prohíbe la exploración y explotación de yacimientos en áreas periglaciares y glaciares, donde se pueda comprometer los recursos hídricos, que funcionan como reserva natural. Santa Cruz posee 2.400 glaciares sobre un área de algo más de 3.200 kms2 y desde el 2009 en la provincia existe una ley provincial denominada Ley de Protección de Glaciares, que impulsó el ex gobernador Peralta y tuvo fuertes oposiciones del propio gobierno kirchenrista, aduciendo que esto espantaba inversiones.
Después del escándalo que trascendió con la contaminación de Veladero, disparó un nivel de resistencia mayor a la megaminería y esto se trasladó a otras provincias fuera de San Juan, sin embargo en Santa Cruz es “política de estado” seguir abriendo nuevos proyectos mineros que están dentro de los 44 dispersos en las provincias como Chubut, Mendoza, San Juan, la Rioja, Catamarca y Santa Cruz, según el ministerio de Medio Ambiente, los cuales estarían afectando, precisamente, áreas glaciares y/o periglaciares las cuales con la decisión de la CSJ serían de habilitación inaplicables.
Por lo tanto en Santa Cruz hay una doble legislación (nacional y provincial) y los rumores que corren dentro de las oficinas del palacio de gobierno, es que poco o nada se controla, con respecto al estudio y prospección de áreas cercanas a las zonas prohibidas, con lo cual, siendo ésta la provincia con mayor cantidad de proyectos presentes (en ejecución) y otros a ser abiertos en los próximos años todo se complejiza con las faltas de controles en materia ambiental y de cumplimiento estricto de las normas vigentes en la materia. (Agencia OPI Santa Cruz)
Las represas ponen en peligro a los glaciares del Parque nacional y ambos gobiernos les han dado via libre a la construcción , cerrando la “grieta” politica; pero la geologia santacruceña ya ha desmoronado lo que estaban construyendo en Condor Cliff.