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Confirman el inicio del juicio contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray por defraudar al Estado

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08:30 – Es por la evasión de $8.000 millones del impuesto al combustible por parte de los empresario K. Con esos fondos que no pagaron ampliaron su red de empresa

Por: Lucía Salinas

El Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) confirmó este jueves el comienzo del juicio contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray. Las audiencias iniciarán el 13 de junio y se los acusa de defraudación por administración fraudulenta agravada por haber cometido perjuicio contra el Estado. Es por la deuda generada con el fisco durante el último gobierno de Cristina Kirchner, por más de $ 8.000 millones a través del impuesto al combustible.

Mientras Echegaray ya enfrenta un juicio por corrupción, Cristóbal López y Fabián De Sousa estarán por primera vez sentados en el banquillo de los acusados después de sumar ayer miércoles, un nuevo procesamiento por lavado de dinero.

En la causa se analizó el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago -especiales y generales-, que «habrían sido concedidos por el entonces titular de la AFIP Ricardo Echegaray -actividad en la que habrían actuado mancomunadamente diferentes funcionarios de ese organismo, en forma coordinada y funcional-«.

Se trata del impuesto a la transferencia de combustibles (ITC) que debía tributar Oil Combustibles SA (OCSA) ante la AFIP. Se analizaron los períodos comprendidos entre mayo de 2013 a agosto de 2015,

Por ello los dueños del Grupo Indalo y Ricardo Echegaray se encuentran procesados por haber defraudado al Estado en $ 8.000 millones al no pagar a la AFIP -con Oil Combustibles SA (OCSA)- el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). El Gobierno reclama una deuda que supera los $ 17.000 millones a través de una demanda civil que será parte del juicio.

En el caso de Echegaray fue procesado por el juez Julián Ercolini como coautor de la maniobra. En tanto, López y De Sousa como partícipes necesarios del delito de defraudación agravada por haber sido contra el Estado. Así generó una deuda multimillonaria con el fisco, mientras utilizaba los fondos que no le pagaba a la AFIP para financiar y ampliar su conglomerado empresarial, determinó la Justicia.

Es en el contexto de esta causa que el empresario K y su socio, se encuentran con prisión preventiva que ya cumplió un año, y es uno de los motivos que otorga premura al inicio del juicio. Pero además, los jueces que integran el TOF 3 presidido por Fernando Machado Pelloni, no hizo lugar a otros argumentos esgrimidos por las defensas de López y Echegaray.

Sin éxito, la semana pasada Cristóbal López y Echegaray habían pedido la postergación del inicio de las audiencias. En primer lugar, la defensa del ex titular de la AFIP había manifestado que era necesario iniciar un único juicio ya que la causa consta de dos partes.

El segundo planteo para la postergación fue la realización de una pericia contable para determinar si existió perjuicio al Estado, si Oil estaba incumpliendo con los planes de pago, y otras acusaciones establecidas en la causa. Se analizan 21 períodos fiscales que son los investigados.

El Tribunal accedió a realizar esta medida pero la misma no estará concluida para el 13 de junio cuando inician las audiencias. Por ello, tanto el abogado del empresario K como el abogado de Echegaray, plantearon por separado la necesidad de postergar el inicio del juicio.

Sin embargo, el TOF 3 integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Javier Ríos y Andrés Basso rechazaron estos planteos y confirmaron el inicio del juicio que contará con la intervención de la fiscalía a cargo de Juan García Elorrio y a la AFIP como querellante.

La Justicia sostiene que los empresarios K se dedicaron de manera sistemática y constante a “llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos”. Hay más. Estos empresarios amigos fueron engranajes en la etapa siguiente: la del “reciclaje de activos”. Así, se “retornó una porción de lo sustraído” al Estado, como es el caso de López a la AFIP, mientras era inquilino de Cristina Kirchner y adquiría medios de comunicación “funcionales al Gobierno” kirchnerista.

Según se determinó de los 55 meses investigados, los dueños del Grupo Indalo sólo tributaron el ITC durante siete meses. Así, la elevación a juicio oral se basa en la confirmación de la “instrumentación de una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro y fuera de la AFIP”, donde hubo una estructura permanente y coordinada de personas que lograron la “sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado”.

Hubo tres momentos claros en la causa: el primero de ellos en 2010, cuando se constituyó Oil Combustibles, a la que considera una “estructura societaria para el fraude”. Después, comenzó la instancia de “acumulación ilegítima de deuda» del ITC. Se sostuvo que, con el otorgamiento “irregular de planes de facilidades de pago”, López usó de forma «indebida el impuesto”para financiar y expandir al Grupo Indalo.

La petrolera contaba con el dinero para cumplir con el pago del ITC, pero por el contrario López y De Sousa “retiraban las sumas que eran percibidas pero no depositadas al Fisco» y las entregaban en «concepto de préstamos tanto a ellos mismos como a otras empresas del grupo”. Al pedir la elevación a juicio que consideró Ercolini, la fiscalía analizó cada uno de los planes de facilidades de pago que fueron adjudicados al empresario K «de manera ilegal e irregular».

Esta maniobra de corrupción, les permitió a López y De Sousa, aumentar su patrimonio y comprar empresas a pesar que descapitalizaban la petrolera que cuando comenzó la causa estaba en concurso preventivo y hoy está quebrada. (Clarín)

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