11:00 – En un duro y anticipado revés para la Argentina, la Corte de Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó un pedido del Gobierno para desestimar la multimillonaria demanda del fondo Burford por la estatización de YPF, y dio la luz verde definitiva para que el juicio continúe en Nueva York.
Por: Rafael Mathus Ruiz y Pablo Fernández Blanco
Meses de presentaciones judiciales, gestiones diplomáticas, viajes a Washington y Nueva York y el diseño de una estrategia judicial afilada resultaron inocuos para convencer a la Justicia de Estados Unidos, que ante cada oportunidad ha validado los argumentos presentados por el fondo Burford, dueño de uno de los principales juicios contra el país, valuado por abogados locales en unos US$3000 millones.
Hoy, la Corte Suprema de Estados Unidos declinó escuchar el pedido argentino sobre la demanda por la estatización de la petrolera, en 2012, una decisión que dejó en firme las decisiones anteriores de la Justicia de Estados Unidos desfavorables para el país. La apuesta de abogados argentinos, liderados por la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías, era que el máximo tribunal norteamericano tomara el pedido y, en última instancia, desestimara la demanda en Estados Unidos para “mudar” el juicio a la Argentina. Pero no sucedió.
Tras la decisión, las acciones de Burford se dispararon, y la firma anunció que vendió un 10% del juicio a 11 inversores institucionales por US$ 100 millones, lo que implica un valor total por su reclamo de 1000 millones de dólares. Burford retiene el 62,5% de la demanda.
Ahora, la demanda por la estatización de YPF seguirá su curso en el juzgado de Loretta Preska, sucesora de Thomas Griesa, y una figura clave para el futuro argentino, no sólo por la demanda por YPF, sino también porque tiene otras dos demandas importantes contra el país.
Antes de emitir su opinión, la Corte le había pedido al procurador General de Estados Unidos, Noel Francisco, el abogado de la Casa Blanca ante el máximo tribunal, su opinión sobre el caso. A mediados del mes pasado, en un revés que anticipó el desenlace final, Francisco había recomendado desechar el pedido argentino. Eso, pese a las gestiones diplomáticas y legales del gobierno de Mauricio Macri en Washington para que el gobierno de Trump, un aliado de la Casa Rosada, ayudara en la difícil misión de obtener una decisión favorable para la Argentina. No ocurrió.
Los demandantes sostienen que, al momento de la estatización, el gobierno de Cristina Kirchner los estatutos de la compañía, según los cuales debía hacerse una oferta al resto de los socios. El Gobierno intentó desestimar la demanda en EE.UU. amparado en el argumento de que la expropiación de YPF es un acto soberano, y, por lo tanto, está amparado por la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA, según sus siglas en inglés).
Preska y la Corte de Apelaciones coincidieron con los demandantes, y consideraron el caso de Burford estaba basada en la violación de los estatutos de YPF, y no en “los actos soberanos de intervención y expropiación de la Argentina”.
Burford, un megabufete que compra juicios por poca plata con la expectativa de ganar mucho, adquirió a la justicia española la posibilidad de demandar a la Argentina por la quiebra de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, compañías que la familia Eskenazi creó en ese país para esquivar el riesgo jurídico doméstico antes de comprar una parte de YPF, en 2008.
La Casa Rosada esperaba que la demanda se trasladara a la Argentina. De esa manera, creen los abogados locales, Burford desistiría de litigar porque tendría escasas chances de imponerse y para iniciar el juicio debía pagar una tasa de justicia del 3% sobre una suma millonaria.
A pesar de eso, creen que tienen buenas chances en Estados Unidos. Por un lado, consideran que Preska es inquebrantable al momento de aplicar la ley, algo que les abrirá la puerta para demostrar que la compra de las acciones de YPF por parte de los Eskenazi habría sido fraudulenta, algo que la familia niega taxativamente.
El juicio por YPF en los Estados Unidos se cruza con los caminos que tejerá la política argentina a partir de octubre. Sucede que la estrategia oficial difícilmente podrá aplicarse en caso de un triunfo kirchnerista. Dicho de otra manera: ¿Se atreverá el eventual presidente Alberto Fernández a cuestionar la transparencia de una operación favorecida por el gobierno del que él formaba parte y salpicar la gestión de los Eskenazi, de la cual él fue asesor?
La práctica judicial no tendría dificultades con eso, aunque desde el punto de vista político se trataría de un entuerto. (La Nación)
