08:00 – La jueza Servini interrogará a 20 directivos de cuevas financieras y a ex dirigentes de la AFA por el canje de más de 16 mil cheques entre 2009 y 2015.
Por: Daniel Santoro
En un giro de la causa, la jueza federal María Servini llamó a indagatoria a 20 financistas por el desvío de fondos públicos del programa Fútbol para Todos en que están procesados Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, entre otros ex jefes de gabinete K. Se trata de financistas investigados en otras maniobras financieras del kirchnerismo, como Jorge Galitis o Guillermo Greppi. Su indagatoria se debe a una nueva investigación del fiscal Eduardo Taiano que permitió reconstruir la ruta de 16.343 cheques de la AFA por más de 4 mil millones de pesos que, en su mayoría, eran descontados en “cuevas financieras” y luego convertidos en efectivo para que se desconozca quiénes los cobraron, según la acusación.
La maniobra tuvo lugar entre agosto de 2009 y diciembre de 2015 cuando se descontaron cheques emitidos por la AFA a los clubes asociados en el marco del programa Fútbol para Todos, por el cual la AFA abonó exactamente 4.678.189.605 de pesos. El FPT fue financiado por el gobierno de Cristina Kirchner con fondos públicos y no logró revertir la crisis financiera que sufrían muchos clubes.
Las indagatorias se realizarán entre el 3 y el 24 de septiembre y se basan en ese informe del fiscal federal Eduardo Taiano y la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal (DATIP).
En la lista de los sospechosos de la jueza Servini figuran el ex presidente de la AFA y ya procesado en la causa central Luis Segura, los financistas Jorge Galitis, ex dirigente del Club Huracán y directivo de la cooperativa Amigal y la Mutual Propyme que dirigía Guillermo Greppi, confirmaron a Clarín fuentes judiciales.
Ante una consulta de este diario, fuentes allegadas a Galitis negaron cualquier vinculación con ex funcionarios K y también haber cometido ilícitos con el descuento de cheques a los clubes.
En 2016 cuando se inició la causa, explicaron las fuentes allegadas a Galitis, “de manera espontánea Amigal se presento en el juzgado de Servini y fijó su posición a través de sus abogados en un escrito que niega de manera rotunda que hubiera existido delito alguno sino por el contrario se presentaron con la debida documentación respaldatoria todas las operaciones financieras realizadas por 11 clubes de fútbol los cuales de modo libre eligieron donde descargar sus operaciones financieras”. En cuanto a la notificación sobre la indagatoria recibida, el vocero de Amigal dijo que “vamos a presentarnos acorde a derecho para ratificar” lo que ya fue presentado hace más de dos años.
Galitis está siendo investigado por haber participado de una operación financiera para la compra por parte del ex secretario de Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, de un piso en el Plaza Hotel de Nueva York y también en la causa de la ruta del dinero K. Por su parte, fuentes allegadas a Greppi también vienen negando la comisión de delitos con el descuento de cheques. La mutual Propyme de Greppi se hizo famosa cuando en 2014 el entonces juez federal Norberto Oyarbide frenó un allanamiento a esa cueva financiera por un pedido de la Casa Rosada.
Otro de los nombrados en esta nueva etapa de la causa es el ex presidente de Quilmes vinculado a Aníbal Fernández, José Luis Meiszner. Se trata de un también ex dirigente de la Conmebol detenido en la causa por el supuesto pago de sobornos por la venta de derechos de televisión para competencias de FIFA que se inició en la Justicia de los Estados Unidos. Entre las agropecuarios, cuevas financieras y mutuales investigadas aparecen empresas como “Climafin Buenos Aires, Nueva Ganadera Centro Bonaerense, INFIN Sociedad de Bolsa, Recaudaciones Computarizadas, Cobranzas Cash Management, Nápoli Sociedad de Bolsa, ABC Bursátil Sociedad de Bolsa SA y Agropecuaria Agroindus”, afirmaron las fuentes judiciales.
Es un caso derivado de la causa FPT, cuya primera etapa, ya fue elevada a juicio oral y público a fines del año pasado, y tiene como imputados a los ex de gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, el ex titular del COMFER, Gabriel Mariotto y el ex presidente de la AFA, Luis Segura, entre otros, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En cambio, esta nueva causa se centra en la reconstrucción de la ruta del dinero recibido por la AFA del Gobierno, que se sospecha en tribunales, en vez de ir a financiar a clubes con problemas económicos y financieros habría terminado en bolsillos de ex funcionarios y dirigentes de la AFA.
La DATIP intervino en la causa a mediados de 2018 para establecer la “ruta de los cheques” desde que salieron de la cuenta de la AFA en la sucursal 218 del Banco Credicoop -en donde la Jefatura de Gabinete de Ministros depositaba los fondos- hasta que se presentaron al cobro en ventanilla. Originalmente, estas maniobras financieras habían sido investigadas por los peritos Alicia López y Horacio Della Rocca en base a denuncias de las diputadas de Cambiemos, Elisa Carrió y Graciela Ocaña.
Los intermediarios de los pagos fueron mutuales o cooperativas truchas -que ya fueron dadas de baja por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)- a fin de eludir impuestos como el impuesto al cheque y eventualmente encubrir al cobrador que se llevó el dinero cash. En estos casos, se determinó el descuento realizado, es decir, la diferencia de valor entre lo que el intermediario le pagó al club en efectivo y el valor nominal del cheque. Por último, la DATIP también “debió investigar posibles relaciones entre los dirigentes de los clubes y dichos intermediarios” informó oficialmente el sitio www.fiscales.gob.ar.
En febrero pasado, la DATIP había presentado un informe preliminar por el cual la jueza Servini libró órdenes de presentación a cuatro cuevas financieras hasta entonces no investigadas en la causa.
El segundo informe, que deriva ahora en la indagatorio de los empresarios -algunos también vinculados a la dirigencia de clubes de fútbol- permitió reconstruir la ruta de 16.343 cheques por $4.184.213.479 y fue el resultado de un trabajo multidisciplinario coordinado por el Cuerpo de Investigadores de la DATIP y encabezado por el Laboratorio de Análisis Documental y Contable, del cual participaron expertos en inteligencia de datos, antropología, informática y criminalidad económica.
Para su formulación se procesaron más de 35 cajas de documentación contable, financiera y societaria, a lo que se agregó información de operaciones con cheques remitida directamente al organismo por 36 entidades financieras, así como otros datos derivados de la investigación patrimonial realizada a través de las bases de datos con las que cuenta el Ministerio Público Fiscal.
Luego se procesó y entrecruzó la voluminosa información y se confeccionaron tablas dinámicas, esquemas de redes y flujogramas para visualizar los resultados de manera gráfica para que pudiera ser rápidamente entendido por los investigadores.
En junio del 2016, en la primera etapa de la causa la jueza Servini procesó a Aníbal Fernández, Capitanich, Mariotto, Juan Manuel Abal Medina y Pablo Paladino (ex coordinar del programa). Además, procesó a Rafael Savino, Carlos Portell, José Lemme, Miguel Silva, Eduardo Spinosa y Ruben Raposo. Y decretó la extinción de la acción penal contra el ex titular de la AFA, Julio Grondona, porque ya había fallecido aunque, en fuentes judiciales, era considerado el “cerebro” de la jugada.
Cuando se presentó en el 2009 el acuerdo con la AFA con bombos y platillos, la entonces presidenta Cristina Kirschner tuvo una frase desatinada cuando comparó los derechos que tenía TyC sobre la televisación del fútbol con los desaparecidos de la Dictadura. “No es posible que secuestren los goles hasta el domingo, como antes secuestraron y desaparecieron a 30 mil argentinos”, había afirmado por cadena nacional.
Paralelamente, desde el 2015, la jueza Servini investiga pagos sospechosos de la empresa Traffic Sports internacional por tres millones de dólares a la AFA catalogados como giros “adicionales” por los derechos de transmisión de la Copa América 2011, en una tercera causa.
A fines de 2017, el abogado de Futbol para Todos, Jorge Alejandro Delhon se suicidó tras ser acusado por Alejandro Burzaco, el ex CEO de la empresa Torneos, de recibir coimas por cuatro millones de dólares lo que sumó una cuota de tragedia al escándalo.
Lo hace en base a una denuncia que presentó la diputada Graciela Ocaña, quien dijo que ese pago sigue “la misma operatoria” que Traffic usó en EE.UU. -según el Departamento de Justicia- para pagar sobornos por 100 millones de dólares a dirigentes de la Conmebol, entre ellos varios argentinos, por los derechos de trasmisión televisivos de ese y otros torneos. La legisladora quiere que la investigación se extienda a todos los pagos “adicionales” que la AFA recibió de esa empresa desde el 2009 a la fecha.
La maniobra sería más grave porque, en 2011, el entonces Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, contrató por 3,2 millones de dólares una “sublicencia” por los derechos de transmisión de esa Copa al presidente de Torneos y Competencias International (TyC) con sede en Holanda, Alejandro Burzaco, quien a su vez habría comprado esos derechos a Traffic. Entonces, Ocaña dedujo que se trataría de sobornos pagados a dirigentes de la AFA con fondos provenientes del Estado en la época de la presidencia de Julio Grondona.
Ocaña puso su denuncia en el marco del “descontrol” de los 6.500 millones de pesos que el Gobierno, a través del programa Fútbol para Todos, le dio a la AFA entre 2005 y 2013.
La denuncia dice que “en todos los casos los dineros ingresaban formalmente a la AFA, pero habrían vuelto a manos de los intermediarios o funcionarios infieles de la AFA bajo la simulación de contratos legales”. La presentación de Ocaña está basada en las dos denuncias que hizo la secretaria de Justicia de EE.UU. Loretta Lynch por el pago de sobornos a dirigentes de la FIFA. En estos casos, se encubrieron los sobornos a través de la metodología de “pagos adicionales” a dirigentes de esa asociación mundial.
Además, Ocaña estudió un informe que le envió el ex presidente de la AFA, Luis Segura, para hacer un descargo frente a sus acusaciones y observó que Traffic hizo pagos “contractuales o reglamentarios” por los partidos de la Copa América a asociaciones de fútbol de América latina y luego efectuó “importes adicionales”. En el caso de la AFA, Traffic le pagó por contrato oficial 601.214 dólares y luego le envió tres millones de dólares “como pago adicional”. Se trata de una nota de pago del 19 de octubre del 2010 del gerente general de Traffic, José Geraldo de Goes.
Para la diputada, “la plata entró formalmente a la AFA para luego ser distribuida a través de contratos con empresas vinculadas a dirigentes”. Luego se preguntó, “¿ por qué TyC contrató con la Jefatura de Gabinete y no con Traffic? ¿Y por qué la empresa devuelve tres millones de dólares?” (Clarín)
