08:40 – La fiscal de investigaciones administrativas también solicitó cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos contra el ex poderoso funcionario.
La fiscal general de Investigaciones Administrativas, Dafne Palópoli, solicitó que el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray sea condenado a dos años de prisión en suspenso por violación de secreto y abuso de autoridad, y además requirió su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cuatro años. La acusación del MPF fue ante el Tribunal Oral Federal Nº4, integrado por los jueces Néstor Guillermo Costabel, María Gabriela López Iñíguez y Daniel Horacio Obligado. El pedido de la fiscal se hizo el viernes pero recién se conoció hoy.
Durante su alegato la Fiscalía también requirió que el ex subdirector general de Fiscalización, Horacio Curien, sea condenado a tres años y seis meses de prisión por falso testimonio agravado y que el ex subdirector general de asuntos jurídicos del organismo Pedro Roveda sea absuelto, por haber actuado sólo en calidad de letrado patrocinante.
El MPF tuvo por acreditado que la denuncia a Alfonso Prat Gay fue maliciosamente falsa y bajo ese ropaje se la utilizó para difundir el desprestigio a un opositor político en un ejercicio abusivo de las funciones.
La acusación de la AFIP en la época K fue revelada por medios K pero ni los jueces, ni los fiscales acusaron a los periodistas sino a las fuentes que filtraron y difundieron estos datos falsos contra Prat Gay, criterio contrario al del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla en la causa D’Alessio.
La fiscal sostuvo que “se ejerció un sicariato estatal” inadmisible en un estado de derecho. “Se utilizó el poder hegemónico del Estado a través de los cargos públicos de los que la democracia los invistió para destruir la reputación de un opositor”, agregó Palópoli.
A diferencia de la querella, el MPF consideró que no alcanzaba el standard probatorio requerido para acusar a Echegaray como instigador del falso testimonio de Curien -el funcionario firmante de la denuncia- aunque dijo que en su convicción así había ocurrido, pero “no podía probarlo con certeza”.
Previo a que el MPF formulara su acusación hizo lo propio la querella a través del letrado Alejandro Carrió, quien representa a PratGay. Pidió que el ex titular de AFIP sea condenado a doce años de prisión por los delitos de instigación de falso testimonio, abuso de autoridad, violación de secreto e incumplimiento de funcionario público. El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo 30 de agosto, fecha para la que se esperan los alegatos de las defensas.
El caso La causa se inició a partir de una denuncia realizada por Prat Gay el 15 de diciembre del 2014 por el delito de falso testimonio a Ricardo Echegaray, Horacio Curien y Pedro Roveda.
De acuerdo a la acusación, Echegaray había tenido acceso, a través de un convenio bilateral con la República de Francia, a información relativa a fondos depositados en cuentas bancarias de Suiza en el HSBC Bank, conocida como “lista Falcioni” -por el nombre de quien robó los datos-. De esta manera, el entonces titular de la AFIP obtuvo un disco entregado por las autoridades tributarias francesas que contenía “información financiera y bancaria referida a contribuyentes argentinos que se encuentra vinculada a la causa judicial por evasión fiscal y lavado de activos en la entidad bancaria HSBC en dicho país”.
En este marco, Echegaray denunció ante la prensa -y también ante el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario a cargo de Straccis- que Prat Gay era parte de una plataforma que permitía evadir impuestos y el ocultamiento de la real identidad de los autores de dichos delitos financieros. Los funcionarios habían denunciado la existencia de una plataforma facilitadora para la evasión “conformada por apoderados, abogados, licenciados en economía y contadores que facilitaron una red off-shore de sociedades extranjeras” y señalaban a Prat Gay como una de las personas que había posibilitado “la evasión de impuestos”.
El fiscal Carlos Stornelli había instruido el caso -tras la denuncia formulada por Prat Gay ante el Juzgado Federal N°11 de ese fuero- y al momento de pedir elevarlo a juicio consideró probado que “Echegaray en su carácter de superior jerárquico en tanto administrador de AFIP determinó a los funcionarios públicos Curien y Roveda a afirmar una falsedad en el expediente judicial y señalaron a Prat Gay por integrar una plataforma facilitadora de evasión fiscal.” (Clarín)
