08:00 – Quedan inauguraciones pendientes, como el nuevo Aeropuerto de Ezeiza; los proyectos de agua y saneamiento seguirán porque tienen financiamiento propio; se cayeron los PPP para las rutas
Por: Diego Cabot
La Argentina de los próximos meses aún tendrá algunos actos para inaugurar infraestructura. Pocos, pero alguna que otra cinta se cortará.
Una nueva terminal internacional en Ezeiza, las reformas de los aeropuertos de Iguazú y Jujuy, varios tramos en rutas del interior del país y alrededor de 900 kilómetros de vías en los ramales del Belgrano Cargas son los planes del Ministerio de Transporte. En esa área, ya tiene la lápida el sistema de participación público-privada pensado y adjudicado para las rutas por peaje.
El otro gran ejecutor de obra pública, el Ministerio del Interior, tiene un panorama similar. No habrá nuevas adjudicaciones, pero todas las obras que se financian con fondos por fuera del presupuesto, como el de Infraestructura Hídrica, mantendrán su nivel de ejecución.
“Vamos a terminar con lo que empezamos, pero no habrá nada más nuevo”, se sinceró ayer una fuente que durante estos años estuvo activa en materia de obra pública.
Un año después de haberse adjudicado, el sistema de PPP se cayó definitivamente. El Gobierno trabajaba, a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior, BICE, en la implementación de un fondo fiduciario que finalmente pusiera en marcha las obras en el sistema de rutas por peaje de la Argentina.
Antes de las elecciones de la semana pasada, el problema que encontraba el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pasaba por las restricciones a la hora de financiar obras ejecutadas, en su mayoría, por empresas constructoras cuyos responsables están procesados en la causa de los cuadernos. Pero esas cuestiones de transparencia pasaron a segundo plano después de las PASO. “Con el riesgo país de ahora, es imposible. Lamentablemente, eso se cayó”, confió uno de los funcionarios que estuvieron sobre la implementación del esquema.
Por ahora solo parece quedar en pie el que corre sobre la ruta 5, financiado por capitales chinos y ejecutado por Green, una compañía que construyó mucho con el gobierno porteño y que también tiene a algunos de sus funcionarios procesados.
La obra pública sufrió una enorme paralización el año pasado, en medio de la devaluación y la crisis cambiaria. Este año había retomado la marcha.
De hecho, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), “entre los hechos más distintivos ocurridos durante junio se destaca el fuerte aumento interanual del rubro Otras Transferencias de Capital (subió 138%) por mayores transferencias al Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y a las empresas estatales Integración Energética y AYSA; así como el incremento de la inversión real directa (125,3%), mayoritariamente destinado a financiar proyectos de infraestructura de transporte”.
La inversión aumentaba mientras se desaceleraban los subsidios a las empresas. De hecho, en junio, las “transferencias corrientes del sector privado”, así se las llama contablemente, cayeron 0,2 por ciento.
Pero ahora aquella estrategia cambiará. Es muy posible que el dinero presupuestado para atender nuevos proyectos ahora termine por reasignarse para enfrentar la emergencia. Todas las medidas que anunció el Gobierno tienen que financiarse. Como sucedió varias veces en la historia, el flujo de dinero de infraestructura se interrumpe.
En materia de agua y saneamiento no pasa lo mismo. El Fondo de Infraestructura Hídrica, creado en diciembre de 2006, se financia con una alícuota de 5% del precio de la nafta y 9% en el gas natural comprimido, tiene afectación específica al desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica, saneamiento y recuperación de tierras productivas, de control y mitigación de inundaciones.
El cronograma de las obras financiadas con ese fondo se mantendrá. De hecho, esta semana se llamó a licitación para la red cloacal de la ciudad misionera de Apóstoles. En esa área, además, prevén terminar con la planta de tratamiento de Bariloche para evitar la contaminación del lago Nahuel Huapi.
AYSA tiene la obra cloacal más importante del país, una red que une La Matanza y Dock Sud por un ducto cavado por tres tuneleras alemanas y que dará servicio a 2,4 millones de habitantes de la cuenca. No habrá cambios en este proyecto, ya que tiene financiamiento internacional del Banco Mundial, con condiciones favorables.
De hecho, estos días retomará su marcha el llamado “lote 2”, una parte de la obra, que estuvo parado por incumplimiento de las empresas, entre ellas CPC, la constructora de Cristóbal López y Esuco, de Carlos Wagner. Se vendió el contrato y la marcha se renovará.
Ocho dragas mantienen su marcha en el Plan Maestro del Río Salado, nada ha cambiado ahí.
Pero las prioridades se modificaron. Y los cortes de cintas ya no ilusionan tanto como hace tiempo lo hacían. (La Nación)
