Anulan los procesamientos por las coimas en el soterramiento del Sarmiento

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13:00 – La investigación de los sobornos que pagó la empresa Odebrecht en la Argentina por el soterramiento del tren Sarmiento tuvo ayer un duro revés judicial. Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia anularon los procesamientos, los sobreseimientos y las faltas de mérito que había dictado el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a los exfuncionarios del kirchnerismo Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, José López y Juan Pablo Schiavi, entre otros, y al primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.

Por: Candela Ini

Todos eran investigados por el presunto pago de coimas de parte del consorcio integrado por las firmas Odebrecht, Iecsa, Comsa y Ghella para soterrar el tren Sarmiento.

Martínez de Giorgi había procesado, en abril pasado, a De Vido, Jaime, Schiavi, López, Baratta y al asesor de Jaime, Manuel Vázquez, por negociaciones incompatibles con la función pública.

Esa resolución, que ahora quedó anulada, había beneficiado también a Calcaterra, y al empresario Jorge «Corcho» Rodríguez. En un fallo lapidario contra la resolución que había dictado Martínez de Giorgi, los camaristas indicaron que no se realizó el análisis necesario en ese expediente y marcaron una serie de inconsistencias. Los más perjudicados por el fallo de ayer son Calcaterra y el «Corcho» Rodríguez, que habían recibido falta de mérito, y los parientes de Vázquez, que estaban imputados y habían sido sobreseídos, después de que Vázquez se arrepintió de declarar como arrepentido.

Se trata de uno de los primeros fallos de alto impacto después de la victoria electoral que posicionó al peronismo sobre el oficialismo en las PASO del 11 de agosto.

En esta causa, los empresarios Héctor Sánchez Caballero, de Iecsa SA, y Héctor Castro Sirerol, de Comsa, habían sido procesados por dádivas, mientras que los exfuncionarios de Planificación habían sido procesados por negociaciones incompatibles con la función pública.

Los camaristas resaltaron que la investigación judicial está orientada a determinar «posibles maniobras de fraude a la administración pública y pagos de sobornos», y subrayaron que mientras el fiscal pidió la indagatoria de los imputados con esa hipótesis, el juez finalmente los procesó por dádivas y negociaciones incompatibles. Además remarcaron que debe analizarse la prueba recolectada en Brasil, en el proceso conocido como Lava Jato, que, según trascendidos, corroboraría la hipótesis del pago de los sobornos. El fiscal Franco Picardi hace meses que gestiona la recepción de ese material.

Todos los imputados en esta causa quedaron ahora a la espera de una nueva resolución de Martínez de Giorgi, ya que la Cámara le encomendó seguir investigándolos.

En esta causa, el testaferro de Jaime, Manuel Vázquez, había declarado como imputado colaborador y confesó haber sido el intermediario para el pago de 20 millones de dólares a los exfuncionarios.

Esa declaración nunca se llegó a incorporar al expediente -un hecho que despertó comentarios en el mundo judicial y motivó que las partes querellantes apelaran la decisión-, y los familiares de Vázquez, que con su testimonio habría complicado a Calcaterra, fueron sobreseídos.

Los dichos de Vázquez, que se «desarrepintió», coincidían con los testimonios de los arrepentidos brasileños, que dieron detalles sobre las transferencias bancarias y correos electrónicos vinculados a las maniobras.

El juez había adjudicado la falta de mérito a Calcaterra y a Rodríguez a la supuesta falta de pruebas sobre la existencia del pago de sobornos.

Picardi apeló la resolución de Martínez de Giorgi, así como t lo hicieron las partes querellantes, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA). El fiscal había señalado que el juez omitió relacionar los extremos de la maniobra al procesar a los exfuncionarios y no a los principales sospechados que resultaron adjudicatarios. Para los camaristas, al revisar el fallo la nulidad resultó ser «la única solución legalmente procedente».

«Si las erogaciones económicas que se hicieron durante la ejecución del contrato -mediando modificaciones de las condiciones originales, entre otras cosas- son relevantes para la imputación sobre los indagados (así lo sostuvo el juez), este era un factor que obligadamente debía ser evaluado con el objeto de determinar los alcances de la supuesta maniobra, con incidencia directa en la calificación normativa del hecho», sostuvieron los camaristas Irurzun y Bruglia en el fallo. (La Nación)

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