07:40 – En un enérgico documento, los mandatarios provinciales no oficialistas reclamaron una compensación y amenazan con ir a la Justicia; podrían presentar amparos individuales
Por: Gabriela Origlia
Los gobernadores de la oposición -sin el cordobés Juan Schiaretti, pero con la presencia de su ministro Osvaldo Giordano- se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones y emitieron un documento crítico sobre el impacto en las finanzas provinciales de las rebajas impositivas anunciadas por la Nación después de la derrota electoral, y advirtieron que, si no hay una compensación, irán a la Justicia. Los fiscales de Estado de los diferentes distritos ya comenzaron a analizar la forma jurídica de la presentación.
Los mandatarios no quieren pedir la anulación de las medidas porque quedarían como contrarios a la mejora de ingresos de la población, sino plantear que el gobierno de Mauricio Macri, que las resolvió unilateralmente, debe hacerse cargo del costo. El objetivo de las provincias es que los amparos sean individuales y cuestionen la constitucionalidad del DNU, en el que se fundamentaron las bajas de los impuestos.
Varios participantes del encuentro, que duró unas dos horas, dijeron a LA NACION que no se discutieron alternativas a las que se podría echar mano para “compensar” a las provincias. Sí se barajaron algunas variantes en la reunión de ministros de Economía, en la que estuvo el secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Alejandro Caldarelli.
“Mucho mal humor, enojo porque nadie de la Nación levantó el teléfono para consultar y comunicar lo que anunciarían”, describió el asesor de un gobernador norteño. “Les metió la mano en el bolsillo a las provincias para financiar medidas que apuntan a recuperar votos”, señaló. Los gobernadores resolvieron esperar unos días para ver si son convocados por la Casa Rosada.
En cada provincia, el impacto es diferente. A los distritos grandes, como Córdoba y Santa Fe, les implica entre $3500 millones y $4000 millones menos hasta fin de año. Salta recibiría $1200 millones menos y La Pampa, unos $1000 millones. Para las jurisdicciones más chicas, el golpe es mayor, porque dependen más de los recursos coparticipables.
En todos los casos, a los recortes en los giros se les suma la caída de la recaudación por menor actividad. Ya hay reclamos de empleados provinciales por un bono extra, como el de $5000 que otorgó la Nación.
La compensación que reclaman las provincias no incluye los recursos ya acordados, como el financiamiento de las cajas de jubilaciones no transferidas y el pago de deudas por obras públicas cofinanciadas.
Los mandatarios opositores aseguran que las medidas generan “un despojo de nuestros recursos, colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento” , y advierten que las provincias quedan “en grave peligro de no poder afrontar gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social”.
“Es tan arbitraria y perjudicial esta acción del Estado nacional que, al privarnos de los ingresos que por ley nos corresponden, nos pone al borde de una grave crisis, que puede empujar incluso a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia, algo que sumaría más perjuicio al país”, agrega el documento.
En el encuentro estuvieron gobernadores de 17 provincias, el ministro Giordano por Córdoba y el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González. Todos, menos los de distritos administrados por Cambiemos (Macri recibió en Olivos a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Gustavo Valdés y Gerardo Morales, y el mendocino Alfredo Cornejo está en el exterior).
“Vamos a defender los intereses de nuestros representados, si esta actitud errática y flagelante hacia nuestros derechos no se revierte”, advierten los gobernadores de la oposición. Y añaden en el documento que están “abiertos al diálogo franco y responsable”, antes “de buscar amparo judicial a nuestros derechos, ante un daño irreparable que no admite dilaciones”.
En declaraciones a Radio Mitre, antes de la reunión, el ministro Hernán Lacunza dijo que el esfuerzo “no puede ser de una jurisdicción en particular” y agregó: “Si estamos de acuerdo en que hay que llevar medidas de alivio, todos tenemos que hacer el esfuerzo, las cuentas y las correcciones para que esas medidas sean financiadas”. (La Nación)
