09:40 – El arrepentido en la causa de los cuadernos, vinculado a “la ruta del dinero K”, pretende retener la explotación de los locales comerciales
Por: Hugo Alconada Mon
En un giro judicial inesperado, una sociedad comercial vinculada al financista Ernesto Clarens y, por su histórico gerente general, a la provisión de euros para la “ruta del dinero K” inició una ofensiva contra el gobierno de Cambiemos y el Estado nacional para retener un negocio multimillonario en el ex-Paseo de la Infanta, según surge de expedientes de los fueros Criminal y Correccional Federal, Contencioso Administrativo Federal y Comercial que cotejó LA NACION.
La ofensiva, que incluye una denuncia penal contra funcionarios de Cambiemos por presunta extorsión, la protagoniza Panter SRL, una firma comercial vinculada a Clarens por múltiples vías. Su hija Natalia hizo lobby ante el Estado nacional por esa firma; su abogado Eduardo Roca patrocina sus movidas judiciales, y su histórico gerente general es Jorge Marcelo Vallarino, a quien el propio Clarens señaló como uno de los proveedores de los billetes de 500 euros que terminaron en los bolsos del fallecido secretario privado de los Kirchner Daniel Muñoz.
¿Qué confesó Clarens sobre el exgerente general de Panter SRL? Ante el fiscal federal Carlos Stornelli, admitió que él se encargó de cambiar los pesos que traían los empresarios para coimas por los euros que recibía de “cuevas” de la City porteña, del ya disuelto banco Finansur o de “un corredor, Vallarino”.
Bien conectado, pero con problemas financieros que lo llevaron a la quiebra, Vallarino figura en múltiples sociedades comerciales durante las dos últimas décadas. Desde Delicias del Alto Norte SRL, Inversiones en Energía Argentina SA y Paviv SA, a Maviluc Gestiones SA, NSG System Sa y Panter SRL. Es decir, la firma que administró desde 1993 el ex-Paseo de la Infanta y que ahora decidió ir contra Cambiemos.
¿Quiénes figuran en Panter SRL? Además de Vallarino, quien fue su gerente general durante trece años, también aparece Jorge Aidar Bestene, quien logró capear varias tormentas judiciales, como la “causa Revelación”, en Chubut, o “Cerro Dragón”, en la que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral lo sobreseyó tras considerar que no había evidencias para vincularlo a presuntos sobornos, como también una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Pero Vallarino y Aidar Bestene no son los únicos nombres de peso detrás de Panter SRL. También aparece el abogado Eduardo Roca, de presencia recurrente en el entramado societario de Clarens. El letrado figura en las financieras Invernes y Credisol de Clarens, así como a Patagonia Financial Services y Excel Servicios Aéreos, mientras que a través de Fiduciaria Edificio Northville SA se llega a Lázaro Báez y por Construcciones Mendoza SA, al otrora mandamás de Vialidad Nacional Sandro Férgola. Y su hijo Eduardo Jorge Roca patrocina en tribunales a Panter SRL.
El ex-Paseo de la Infanta resultó un negocio redituable durante años para Panter SRL. Hasta abril de 2018 le pagó $55.000 por mes al Estado por los 36.000 metros cuadrados del predio, mientras que recaudaba un total de $1,4 millones de los sublocatarios, según precisaron a LA NACION desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Vencido el plazo de concesión, Panter SRL ofreció actualizar el canon de alquiler a poco más de $250.000, pero aun así quedó muy por debajo de la cifra que, según la AABE, el Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó como el nuevo canon mensual que debía abonar el concesionario: $923.000. Por eso, la AABE decidió no prorrogar la concesión y llamar a una licitación pública.
Para Panter SRL, eso es injusto. “En su momento, la empresa comunicó su interés en extender la concesión por dos años, como estaba previsto en el contrato, pero la AABE nunca respondió. Un año después, notificaron que daban por terminada la explotación y que buscarían otro concesionario”, indicó a LA NACION el abogado de la empresa, Eduardo Jorge Roca.
“La cifra del Tribunal Fiscal que hizo circular la AABE tampoco es correcta. Ese es el cálculo del supuesto ingreso máximo que podría cobrarse en total de todos los sublocatarios del predio, pero no puede tomarse como supuesta ganancia porque a esa cifra hay que restarle todo tipo de gastos derivados de la explotación”, indicó el letrado, quien evitó precisar quiénes son los dueños de Panter SRL y si Clarens es uno de sus accionistas.
Tras la movida de la AABE, una hija de Clarens, Natalia, se reunió con el presidente de la AABE, Ramón Lanús, el 28 de mayo de 2018, según surge del Registro Único de Audiencias que cotejó LA NACION. Se identificó como “representante de la persona jurídica Panter” con el fin de “hablar sobre la situación contractual del inmueble Paso de la Infanta-Arcos de la Rosada”.
La empresa también apeló la decisión de la AABE por la vía administrativa ante la Jefatura de Gabinete, que rechazó su pedido, y luego se presentó ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal. Pidió una medida cautelar para impedir su desalojo, pero en tribunales terminaron por darle la razón al Estado y, el 5 de octubre de 2018, se dispuso “el inmediato lanzamiento de la empresa”. Es decir, su remoción.
Sin embargo, los abogados de Panter SRL pidieron otra medida cautelar, que la Justicia rechazó el jueves 15 de este mes, decisión que apelaron ante la Cámara mientras que también se presentaron en concurso de acreedores. Y el martes radicaron una denuncia penal contra Lanús por la presunta comisión de seis delitos: abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales, extorsión, coacción y coacción agravada. (La Nación)