La Cámara Federal ordenó ayer la excarcelación del exfuncionario Oscar Thomas, preso en el caso de los cuadernos de las coimas, y con su fallo sentó un precedente que podría abrir la puerta a otras libertades.
Por: Paz Rodríguez Niell
En esta misma causa, por orden del juez Claudio Bonadio, cumplen prisión preventiva el empresario Gustavo Ferreyra, de Electroingeniería, y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y su segundo, Roberto Baratta. Además, Bonadio ordenó la detención de la expresidenta Cristina Kirchner, pero la orden no se hizo efectiva por sus fueros.
El fallo de ayer, firmado por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, puede favorecer a otros detenidos porque advierte que con una investigación terminada, en un expediente que, como este, está a punto de ser enviado a juicio, ya no hay riesgo de que el acusado, de ser liberado, entorpezca la búsqueda de pruebas.
Si bien la situación de cada acusado es analizada siempre por separado, la Cámara está sentando un criterio general. Bruglia y Bertuzzi son conscientes de esto y antes de firmar el fallo de Thomas discutieron sus posibles alcances. Según supo LA NACION de fuentes del tribunal, los camaristas saben que su decisión de ayer “podría incidir” en otros casos, que es un argumento que podrían citar otros acusados, pero dicen que cada situación es distinta y que hay muchos indicadores a tomar en cuenta antes de resolver si alguien debe o no ser excarcelado.
En el caso de Thomas, extitular del Ente Binacional Yacyretá, para Bruglia y Bertuzzi fue clave la opinión de la fiscalía, que se manifestó a favor de la liberación.
Además del peligro de que el acusado entorpezca la investigación, el otro argumento para dejar a alguien detenido cuando todavía no tiene condena es el riesgo de fuga.
En el caso de Thomas, los camaristas -siguiendo al fiscal- entendieron que este temor tampoco justificaba que siguiera preso, a pesar de que el año pasado, en esta causa, estuvo 48 días prófugo.
La excarcelación de Thomas se ordenó ayer, un día antes de que cumpliera un año detenido (primero, en la cárcel; desde abril, con prisión domiciliaria).
La liberación se hará efectiva cuando se deposite la “caución real” que la Cámara le ordenó fijar a Bonadio. El juez la determinó de inmediato: 60 millones de pesos. La defensa de Thomas adelantó a LA NACION que va a apelar el monto ante la Cámara. Según el juez, el poder económico del acusado le permite afrontar el millón de dólares de fianza.
En el juzgado de Bonadio la decisión de la Cámara, que deja sentado este criterio, no cayó nada bien.
“No se verifica en este supuesto la concurrencia de indicadores de riesgos con suficiente entidad como para sostener la restricción personal impuesta a Thomas”, afirmaron los camaristas. Ellos destacaron “la carencia de antecedentes penales” y el debido cumplimiento que hizo Thomas de la prisión domiciliaria. No consideraron un dato determinante que hubiera estado prófugo.
El caso de Ferreyra
El próximo pedido de excarcelación que tiene para resolver la Cámara es el de Ferreyra, el empresario que no se arrepintió y sigue detenido en esta causa. Cuando los jueces le rechazaron la excarcelación, el argumento central fue que era lo “prudente” porque el fiscal Carlos Stornelli todavía podía “solicitar diligencias probatorias” previas a requerir la elevación a juicio. “Por ello, estimamos que por el momento no corresponde conceder la excarcelación a Gerardo Ferreyra”, afirmaron Bruglia y Bertuzzi el 14 de junio. De aplicarse el criterio de Thomas, ese argumento caería.
En cuanto a Baratta, cuando decidieron su caso, Bruglia y Bertuzzi afirmaron que la libertad del imputado podría poner en serio riesgo la investigación y recolección de prueba. Pero no fue el único argumento para que quedara detenido: dijeron que existía un “conjunto de condiciones objetivas y particulares” para que siguiera cumpliendo prisión preventiva. Entre ellas, la expectativa de pena que enfrenta por este expediente -fue acusado de delitos que prevén un castigo de más de ocho años-.
El caso de De Vido también tiene características particulares, advierten en los tribunales. La principal en su contra es que él ya tiene una condena, sostienen. El Tribunal Oral Federal Nº 4 le impuso una pena de cinco años y ocho meses de prisión como “partícipe necesario” de estafa al Estado, un delito de corrupción, investigado en el marco del juicio por la tragedia de Once. Por ese caso no está preso porque la condena no fue confirmada. Pero De Vido cumple 70 años el diciembre y podría intentar entonces la prisión domiciliaria que hasta ahora le denegaron.
En cuanto a Cristina Kirchner, ella tiene seis prisiones preventivas dispuestas por Bonadio, pero nunca estuvo prófuga. (La Nación)
