18:30 – OPI Santa Cruz pudo acceder a la causa judicial y al informe que la SiGEN (Sindicatura General de la Nación) le realizó a la ANMAC (Administración nacional de Materiales Controlados), ex Renar, abierta en razón de las irregularidades en la contratación de la empresa Dienst Consulting para realizar los trámites de altas psico-físicos a los Legítimos Usuarios de armas del país, acusando a la ex funcionaria eyectada de su cargo en mayo del 2018 por el Ministro de Justicia Germán Garabano, luego que en el año 2017 el abogado y empresario Adrián Bastianes formulara una denuncia contra el presidente Mauricio Macri, el ministro de Justicia, German Garavano y Natalia Gambaro, en una causa con el número 5065/17 a cargo del Juez federal del Juzgado Nº 2 Sebastián Ramos, por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.
El documento al cual tuvo acceso OPI, refleja taxativamente la historia completa y cronológica de los hechos que rodean a una situación ampliamente difundida y denunciada públicamente desde distintos sectores que dicen sentirse directamente afectadas por una suerte de monopolio de esta actividad, que anualmente le reporta millonarios fondos a una firma privada sin capacidad operativa ni antecedentes en la materia, al menos al momento de ganar de manera extraña y sospechosa la licitación abierta con otras dos firmas más en la compulsa orientada a quedarse con el servicio en el ámbito nacional.
Historia de una causa “en modo off”
En la causa figura claramente la denuncia de Bastiane donde manifiesta la existencia de dadivas en la Licitación Pública a la empresa Dienst Consulting, por la contratación del servicio a la ANMAC y a Fojas 6 de la misma el abogado-empresario ratifica todas y cada una de las acusaciones vertidas en su denuncia inicial. Por este motivo el Ministerio Público, solicitó a la ANMAC, la Resolución 023/16 y Expediente administrativo Nº2017-01309840-ANMAC y a la IGJ (Inspección General de Justicia) le pidió el Contrato Social de Dienst Consulting para comparar y corroborar los datos denunciados.
Lo que primero constituye una clara acción dirigida a impedir la intromisión del denunciante dentro de la causa, fue el rechazo in límine de la justicia, para que Adrián Bastiane fuera declarado querellante, a pesar de haberlo solicitado formalmente. Es por ese motivo que el denunciante propuso al juez que llame a testimonial al Sr José Capdevilla, Director Nacional de la ANMAC, a la vez que apeló el rechazo de la querella y dicha apelación volvió a recibir otro rechazo.
Luego de dos reiteraciones por parte del Ministerio Público, la Anmac elevó la documentación requerida, remitiéndola al Juzgado del Dr Ramos en formato digital archivada en un pen drive. Ante este avance de la investigación el Sr Guillermo Manuel Martin, quien en la causa manifiesta ser el presidente/dueño de la empresa Dienst Consulting, propuso un abogado defensor “en virtud de haber tomado conocimiento de ser parte de una denuncia por los medios de comunicación”, indica a Fojas 86 de la causa, sin hacer mención a las denuncias que estaban radicada en su contra.
Ante tal circunstancias, el Ministerio Público le ordenó a la SIGen (Sindicatura General de la Nación) que designe personal idóneo para analizar los pliegos de la licitación pública, como así también los expedientes administrativos remitidos por la ANMAC a pedido del juzgado; esto figura a Fojas 88 de la causa.
A raíz de ello la SiGeN informó que para Noviembre o Diciembre (año 2017) iba a tener disponibilidad para realizar tal diligencia e inmediatamente el Dr Bastiane amplió su denuncia inicial, cuestionando fundamentalmente que los precios determinados por la empresa Dienst Consulting pasaron de $ 4.500 a $ 3.500 por cada examen psico-físico, habiendo operado de manera irregular dicha modificación del arancel, por cuanto el mismo se estableció una vez cerrada la licitación correspondiente.
Por esos días el Abogado Dr. Hugo Icazati radicó otra denuncia contra la Dra Gambaro que recayó en el Juzgado del Dr. Daniel Rafecas (5947 /2017 Fecha 8 de mayo 2017) donde también denunció una series irregularidades en la AMNAC que, en ese momento estaba a cargo de la Dra. Natalia Gambaro , basándose en un documento interno de la ex Renar, donde se sospechan graves irregularidades “con la destrucción de armas, que no serian secuestradas de hechos delictuales sino armas desafectados por las fuerzas de seguridad, volviendo a circuitos marginales las armas producto de ilícito”, explica la denuncia y agrega “Mas grave aún serían las irregularidades en que se incurriría con el nuevo régimen de certificados psicofísicos que se pretende aplicar dicho régimen va a aumentar bastante la caja del ente, pero en desmedro del resto de los interesados, es decir, quienes quieren sacar la Licencia y los profesionales de la salud”.
Esta denuncia efectuada por Sr. Hugo Icazatti ante el Juzgado Nº3 Fiscalía Nº 9 y ratificada en sede judicial, figura en Fs. 96/109 de la causa a la que tuvo acceso OPI en contra de la Dra Gambaro en su paso por la ANMAC.
Posteriormente el Fiscal Marijuan elevó requerimiento de Instrucción, donde imputó a Natalia Gambaro y reiteró lo solicitado por la Fiscal Paloma Ochoa. Por Resolución Nº 48/2017 la SIGen designó como Auditor Interno de la Unidad de Auditoría Interna de la ANMAC a la Contadora Paola Silvia De Salvatore.
“Cambiemos” cambió en silencio a la titular de la ANMAC y sin acusar recibo por las denuncias en su contra
Lapidario informe
Como pudo constatar OPI a través del acceso a la causa que se le sigue a la Dra Natalia Gambaro por irregularidades en la ANMAC, el informe que se incluye en la investigación, se focaliza con exclusividad en la Licitación Pública realizada por el organismo para brindar el servicio médico psico-físico y la descripción de la auditoría comienza a señalarse a Fojas 195 de la causa, donde inicialmente se informa que a tal fin se presentaron tres empresas “Centro Médico Fitz Roy”, “Healthy” y “Dienst Consulting”, quedando ésta última con el contrato refrendado por Resolución 015/17 del ANMAC.
La auditoría constató que el pliego de bases y condiciones de la Licitación Publica, establece una cláusula de desistimiento de la oferta sin posibilidad de subsanación, requisito que no se encuentra incluido en el Art 66 del Decreto 1030/16 (Régimen de Contrataciones Públicas), sin tener justificación alguna la incorporación de dicho requisito, apartándose de las reglas generales, indica el documento resolutivo del auditor.
El pliego de licitación del servicio, no menciona parámetros de cantidad aproximada de personas y de licencias que se van a emitir y/o renovar, advierte el técnico, con lo cual no se puede hacer un estimativo fáctico del universo a prestar servicio.
También se observa que los pre-contratos de locación de inmuebles y servicios profesionales acompañados por la oferente adjudicataria del concurso, fueron suscriptos días antes de la Resolución ANMAC 23/16, siendo esta resolución la que anticipa la futura existencia de una Licitación Pública. Esta acción, claramente, demuestra que la licitación estaba previamente acordada por la Dra Gambaro y la prestataria.
La auditoría expresa también que los pre-contratos de locación de Servicios Profesionales de los médicos que intervendrían acompañados por la adjudicataria, suscriptos con anterioridad a la Resolución 05/2017 contienen información que solo se hizo pública a partir de dicha Resolución y no antes. Por su parte, el agente auditor señaló claramente que los contratos mencionados tienen dos firmas disímiles que se atribuyen al mismo presidente de la empresa Dients Consulting. Y sobre el mismo tema, el auditor advierte que ninguna de las otras dos empresas desestimó el pliego de condiciones o el dictamen de la comisión evaluadora, siendo que ambos eran ampliamente objetables.
Para corroborar o desestimar esta visible contradicción y tal como figura en Fs 210 de la causa, la Fiscal Paloma Ochoa solicitó la declaración de los profesionales de la SIGEN que intervinieron para rectificar y/o ratificar el informe final y al mismo tiempo solicitó que diversas empresas calcularan el precio por unidad de los servicios que presta Dienst Consulting a la vez que citó a declaración testimonial a los profesionales pre contratados por la empresa. Una de esas empresas manifestó que los licitantes nunca les dijeron la cantidad de informes que deberían hacer, por lo cual manifestaron la imposibilidad de calcular los costos sin esos datos fundamentales.
¿Causa fría o causa enfriada?
Las nefastas repercusiones que tuvo esta controvertida contratación de servicios por parte de la ex titular de la ANMAC, hoy desempeñando tareas dentro del ministerio de Justicia del propio Garavano, no solo le valieron la renuncia a la Dra Natalia Gambaro, sino la continuidad de un proceso judicial que podría resultarle muy costoso al Estado nacional. En el interior del país, la empresa Dienst Consulting atiende generalmente en las capitales de provincia con servicios subcontratados y esto se le dificulta a los LU (Legítimos Usuarios) del interior, quienes para revalidar su tenencia ( a veces de algún arma vieja, heredada o de muy bajo valor comercial) deben desplazarse cientos de kilómetros, pagar pasaje, alojamiento más el costo del trámite, lo cual genera la imposibilidad de legalizar su situación, por parte de mucha gente que de esa manera pasan a estar “ilegales” (sin licencia vigente pero con armas legalmente registradas) e ingresan en un limbo legal, debido a esta suerte de centralización de un servicio que no llega a todos lados y se hace sumamente oneroso para los interesados.
Este factor es otra de las críticas que se le suman a la contratación de Dienst Consulting, pues se le reprocha a la ANMAC no haber sido transparentes en el proceso licitatorio y no haber puesto condiciones para llevar el servicio hacia el público y no que (como sucede ahora) funcione de manera tan centralizada que Legítimos Usuarios de lugares muy distantes o remotos, no tengan la facilidad de tramitar sus tenencias de forma más simple y mucho menos costosa, más aún teniendo en cuenta la situación de crisis económica que impera en todo el país y afecta, principalmente, a quienes menos tienen.
En síntesis y de acuerdo a la trazabilidad del avance de la causa, tal como la pudo reconstruir OPI, las denuncias contra la Dra Natalia Gambaro no han tenido ningún avance significativo desde que se plantearon hasta ahora. Su desplazamiento al frente de la ANMAC y de acuerdo a las fuentes consultadas por esta Agencia, aparenta ser más un “resguardo” de la funcionaria que la separación de su anterior cargo por haber incurrido en delito alguno.
Baste decir que, como pudimos establecer, por resolución Nº 90/2019 de fecha 17/05 del corriente año, la ANMAC (recién) instruyó un sumario administrativo sobre el concurso público 01/2017, en virtud de lo informado por la SIGEN y que aquí describimos de manera resumida. El mismo se tramita por expediente 2019-4413-2019- APN DNAAJYM.
Quiere decir que entre el mes de junio de 2017 en que comenzaron las denuncias, hasta noviembre de 2019, la ANMAC no hizo nada, internamente, para deslindar responsabilidades sobre las denuncias radicadas por terceros. Recién hace escasos meses y un buen tiempo después que la SIGEN emitiera un informe lapidario sobre las irregularidades detectadas en la conformación de las licitaciones y la asignación del servicio contratado para análisis psico-físicos de Legítimos Usuarios en el país, las autoridades del ex Renar activaron un Sumario Administrativo interno tendiente a señalar las responsabilidades personales y puntuales que llevaron al organismo a incurrir en un delito que podría generar un problema aún mayor, si arreciaran las denuncias de particulares damnificados por esta operatoria fuera de las reglas de contratación de servicios para un organismo del Estado. (Agencia OPI Santa Cruz)
por eso hay que comprarlas truchas,,,,,,,,,si te agarran con una a tu nombre tenès mas de 15 años en cana…….el beneficio de la duda te saca 10 años de encima………..si fuera eeuu me la compro en regla, ese pais protege al usuario sobre el chorro,,,,argentina siempre protege a los truchos
Si las penas son tan ridículas como esta: tenencia de armas de uso civil (de uno a cuatro años, y de seis meses a dos años más una multa que va de mil a diez mil pesos, respectivamente), en tanto la “tenencia de armas de guerra” será penada con dos a cuatro años.
La ley deberia ser mas respetuosa con el medio ambiente y deberia indicar:
Tenencia de arma de guerra con numeración limada “15 a 18 AÑOS DE PRISION” y a aguantarsela.