En noviembre de 2017, la comunidad política impuso su primer paquete de penalidades por la represión interna y violaciones de los Derechos Humanos.
La justicia europea desestimó este viernes el recurso del gobierno venezolano de Nicolás Maduro contra el régimen de sanciones adoptado en 2017 por la Unión Europea (UE), por la situación de los derechos humanos en el país.
“El Tribunal General [de la UE] decide desestimar el recurso”, falla la corte con sede en Luxemburgo, dando la razón al Consejo de la UE, institución encargada de imponer sanciones, que consideraba inadmisible la demanda de Caracas.
En noviembre de 2017, la UE impuso su primer paquete de sanciones consistente en prohibir a empresas europeas la exportación de armas y equipos que puedan utilizarse para la represión interna en Venezuela.
Durante la vista celebrada en febrero, la agente del Consejo de la UE, Petra Mahnic, defendió que el reglamento adoptado respondía “al deterioro de la democracia, del Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela”.
El gobierno de Maduro recurrió en febrero de 2018 la creación de ese régimen de sanciones, al asegurar que se vulneró su derecho a ser oído, no se justificó debidamente la decisión y existen errores de apreciación sobre los hechos.
Para Caracas, esas sanciones, adoptadas tras la muerte de 125 personas en cuatro meses de protestas opositoras, son además “contramedidas ilícitas conforme al Derecho internacional consuetudinario”, según el recurso.
Sin entrar en el fondo del recurso, el tribunal desestima la demanda tras estudiar los motivos de inadmisibilidad defendidos por el Consejo de la UE, entre ellos que las “disposiciones impugnadas no afectan directamente” a Caracas.
“A lo sumo, pueden tener efectos indirectos” ya que las prohibiciones impuestas a las entidades de los países de la UE pueden limitar “las fuentes en las que Venezuela puede procurarse productos y servicios”, según el fallo.
Hasta la fecha, un total de 18 altos cargos venezolanos políticos y militares, entre ellos Diosdado Cabello, así como los vicepresidentes Tareck El Aissami y Delcy Rodríguez, el fiscal general, Tarek William Saab, y el presidente del Tribunal Supremo venezolano, Maikel Moreno, han sido sancionados por la UE en dos rondas. Sus activos bajo jurisdicción europea están congelados y tienen prohibida la entrada a la UE.
Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE. Además del embargo de armas, los europeos impusieron en 2018 una congelación de activos y prohibición de visados para 18 funcionarios.
El Tribunal General debe pronunciarse todavía sobre los recursos presentados por 10 de los 18 funcionarios contra estas medidas individuales, entre ellos la vicepresidenta del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez.
Los europeos son blanco de las críticas de los opositores al gobierno de Venezuela por no aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, al nivel de Estados Unidos, que incluso congeló los activos venezolanos. (Clarín)
