En la Corte Suprema empezaron los movimientos para resolver, antes de las próximas elecciones, las 15 demandas de gobernadores contra los decretos de Mauricio Macri que afectaron fondos coparticipables. Si esto se concreta, todo indica que el resultado será favorable a los pedidos de las provincias.
Por: Paz Rodríguez Niell
Anteayer, durante la reunión semanal de los cinco jueces, se habló concretamente de tomar una decisión en el corto plazo sobre las medidas cautelares planteadas, informaron a LA NACION fuentes al tanto de las conversaciones.
No se decidió cuándo se resolverá ni están definidas todas las posiciones, pero en distintas vocalías de la Corte dan por hecho que los planteos de las provincias contra el Estado nacional cuentan con el apoyo de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Ese es el mensaje que recibió además el Gobierno. En cuanto a Elena Highton y Carlos Rosenkrantz, en el Palacio de Justicia dicen que ninguno adelantó posición en diálogos internos. No es extraño. En la Corte reina tal desconfianza que muchas veces los ministros se enteran de cómo votarán sus colegas el mismo día del acuerdo.
Fuentes de la Corte relataron que hasta hace algunas semanas, el tema se estaba estudiando “con tranquilidad”, que ese análisis llegó a la conclusión de que no había grandes complejidades en cuanto a lo jurídico y que ahora se estaba trabajando en un estudio “más fino” de las respuestas que podría dar el máximo tribunal. “Esto permite avizorar que cuando los jueces lo decidan, saldrá”, dijo un funcionario de la Corte a LA NACION.
Los planteos de los gobernadores son cautelares contra dos decretos post-PASO que Macri anunció como herramientas de alivio económico. Uno incluyó la eliminación del IVA de un grupo de alimentos y el otro, una modificación en el alcance del impuesto a las ganancias. Además, a la Corte entraron cuatro presentaciones de provincias petroleras contra el decreto de necesidad y urgencia que congeló el precio de los combustibles (medida que después se dejó sin efecto cuando el Gobierno autorizó un aumento del 4%).
Todos estos casos contra los decretos se presentaron alegando la “competencia originaria” de la Corte; es decir, con el argumento de que son causas que deben tramitar desde el principio en el tribunal por ser demandas de los estados provinciales contra el nacional. La Procuración ya dictaminó a favor de los gobernadores en cuanto a la competencia. Con respecto a las cautelares en sí, si la Corte hace lugar a las medidas, puede hacerlo por todo, tal como lo plantean los distintos gobernadores, o con algún matiz que haga menos duro el golpe para las arcas nacionales, explicaron fuentes del tribunal.
Este fallo llegaría en un momento muy particular. La Corte, la Casa Rosada y los gobernadores -ninguno oficialista- saben que un fallo que haga lugar a las cautelares será un golpe duro al Gobierno en plena crisis, pero también, que las consecuencias de estas demandas las heredará el próximo presidente; es decir, si los pronósticos se cumplen, Alberto Fernández, de muy buena relación con la mayoría de los gobernadores.
“Emitan patacortes”
No obstante, la amenaza de un fallo adverso cayó mal en el macrismo. “¿La Corte va a fallar aumentándole el IVA a la gente o van a poner ellos la plata? Tal vez deciden emitir patacortes”, dijo a LA NACION un funcionario del Gobierno. “Con esos mismos patacortes les vamos a pagar el aumento que están pidiendo”.
Más allá de las chicanas, el tema del aumento salarial es parte de las discusiones de la Corte con el Poder Ejecutivo y es un factor que en las últimas horas alimenta las internas de la propia Corte.
Este mes, el máximo tribunal le pidió al gobierno nacional la autorización de una partida de 3925 millones de pesos para otorgar aumentos salariales a los judiciales. Las conversaciones con el Ejecutivo estuvieron a cargo del presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, y su interlocutor era el ministro de Justicia, Germán Garavano.
En respuesta al pedido de la Corte, la Jefatura de Gabinete habilitó las partidas para el primer tramo del aumento (un incremento del 10%), pero no avanzó sobre los fondos necesarios para los tramos previstos por la Corte para noviembre y diciembre. En el acuerdo de ayer, sus pares se lo recriminaron a Rosenkrantz.
En paralelo, el secretario general del gremio judicial, Julio Piumato, anunció un paro de 24 horas este viernes. “No es lo que pedíamos. Seguimos con el plan de lucha -dijo Piumato a LA NACION-. La Corte hizo las cosas bien y pidió todo. Es Jefatura de Gabinete la que no respeta la independencia de la Justicia”.
Lo que quiere Piumato es que todos los aumentos estén habilitados “antes de las elecciones”. (La Nación)
