Pese a una disminución general de los homicidios a partir de trabajos focalizados en prevención en las zonas urbanas de mayor impacto en el índice de criminalidad, la estadística oficial determina que dos de cada tres mujeres asesinadas fueron víctimas de femicidios. Entre 2008 y 2017 murieron 2677 mujeres en situaciones de violencia de género y otras 259 personas fueron víctimas vinculadas con esos casos de ataques machistas. Con esos datos, el Gobierno lanzó un plan para intentar una reducción de al menos el 30% de los casos mortales. El programa tendrá, como puntos esenciales, la tipificación de la violencia de género como un delito de acción pública, para que los poderes del Estado pueda intervenir al tomar conocimiento de las situaciones, sin esperar la denuncia penal de la propia víctima, y la unificación de los canales de recepción de denuncias de este tipo de situaciones.
Por: Daniel Gallo
El presidente Mauricio Macri expuso en su cuenta de Facebook los fundamentos del programa, elaborado por los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Social, una iniciativa que tiene como elemento central la necesidad de un cambio en el paradigma judicial, dado que el sistema hoy reacciona solo mediante dos instancias de denuncias de casos de maltratos, dejando sin protección pública a la víctima que no da ese paso.
Dado que la investigación oficial sobre las muertes de mujeres hace referencia a la existencia de patrones comunes de violencia previa al ataque mortal, los funcionarios estiman que debe trabajarse en la prevención de esos casos. Y para eso se anunció el envío de un proyecto de ley para definir la violencia de género como un delito de acción pública .
La Casa Rosada pedirá al Congreso la sustitución del artículo 72 del Código Penal para establecer que no será un delito de acción privada -esto es cuando solo el afectado puede impulsar la causa- “si el objeto de la imputación hubiese sido cometido en un contexto de violencia de género”. ´
También se modificará el artículo 25 del Código Procesal para señalar al Ministerio Público Fiscal la obligación de iniciar actuaciones de oficio frente a casos de violencia de género. Y una reforma al artículo 183 del Código Procesal permitirá, a su vez, que las fuerzas policiales puedan actuar por iniciativa propia para evitar situaciones de violencia de género, al ser consideradas delitos de acción pública.
En este último punto entrará en juego el protocolo de acción frente a denuncias por violencia de género preparado por el Ministerio de Seguridad y que fue presentado por la ministra Patricia Bullrich a los responsables de la seguridad en cada provincia.
Esa norma implica una sistematización de las denuncias por violencia de género, con un formulario común que permitirá la evaluación inmediata del riesgo y la aplicación de medidas de protección que alcanzan hasta la custodia personalizada de la víctima y su familia.
La importancia de las actuaciones de oficio judiciales queda definida por el análisis realizado por funcionarios nacionales tras visualizar el resultado de una encuesta de victimización. En ese trabajo se determinó que el 86% de las víctimas de violencia de género no habían realizado una denuncia, por lo que el Estado no tenía, en consecuencia, posibilidades de intervenir.
La magnitud de las situaciones de violencia de género queda expuesta por las cifras de femicidios, pero eso solo representa el final de una cadena de agresiones que afecta a un impactante número de mujeres. Cada día se registran más de 2500 denuncias por maltratos. En el informe oficial se informó que solo en 2018 se tuvo conocimiento de 441.997 presentaciones de mujeres en comisarías; otros 333.962 casos llegaron como denuncias a la línea 144, atendida por personal capacitado del Ministerio de Desarrollo Social, y en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se notificaron 15.791 expedientes. Finalmente, el Registro Único de Casos de Violencia de Género, que depende del Indec, contabilizó 143.112 situaciones de maltratos.
En total, suman 934.862 los casos en los que algún organismo del Estado recibió un alerta sobre estas situaciones, según las cifras del año pasado.
Más allá del volumen de esas denuncias, hoy el sistema judicial -y en consecuencia, el aparato del Estado- no puede intervenir si la víctima no ratifica una presentación previa realizada en algunos de los canales oficiales abiertos para la orientación de las mujeres con problemas de violencia doméstica o de género.
Es baja la cantidad de mujeres que impulsan el inicio de las causas, por lo queda sin atención una gran parte de ese enorme universo de violencia relacionada con situaciones intrafamiliares o, al menos, con vínculos cercanos a la víctima. Sobre esas situaciones se buscará trabajar con el cambio judicial propuesto, esto es, el inicio de la actuación judicial a partir del conocimiento del caso desde el primer testimonio de la persona afectada o la comunicación de terceros que estuviesen enterados de esa situación de violencia.
Como se consignó al señalar las más de 2500 denuncias diarias recibidas por el Estado, esos diferentes canales de acceso para las mujeres en problemas derivará en un necesario cruce de datos oficiales que puede determinar, incluso, la repetición de un victimario en varias denuncias y exponer así su mayor peligrosidad.
El proyecto oficial espera obtener una disminución, para 2023, del 30% de los femicidios -que si se suman los casos vinculados entre 2008 y 2017 se mantienen en un número que oscila entre los 220 y 334 por año (registro récord en 2013)-, un programa que frente a la incertidumbre electoral demanda también el apoyo de fuerzas de la oposición para dar en el Congreso el primer paso.
“Antes que nada debemos reconocer que la violencia de género y el femicidio comprometen no solo a las mujeres sino a toda la sociedad. Las herramientas disponibles en materia de seguridad destinadas a proteger a la mujer han demostrado de manera dramática ser insuficientes. Hoy la víctima tiene que realizar dos denuncias para lograr la intervención activa de la Justicia, la primera en la comisaría y la segunda propiamente en la Justicia. Esto crea una ventana de desprotección que en muchas ocasiones pone en riesgo de vida a la mujer denunciante. Vamos a eliminar esa zona de riesgo haciendo que la Justicia esté obligada a intervenir desde la primera denuncia”, señaló Macri al exponder los fundamentos de la reforma en su cuenta de Facebook. (La Nación)
