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CONFIRMADO: MINISTRA ACUSADA DE GRAVE DELITO EN RELACIÓN A LA ADOPCIÓN DE UN BEBÉ

Claros y oscuros detrás de la muerte del Dr Walter Martínez y el sobrevuelo de una sospecha inquietante en la causa

15:00 – Como continuación de nuestro informe sobre el fallecimiento del Dr Walter Martínez, Fiscal de Caleta Olivia, sancionado tras el oscuro caso de presunta adopción ilegal de una bebé en el Hospital Pedro Tardivo, resonante caso aún sin dilucidar por la justicia pero a raíz del cual se han destituido jueces y médicos de zona norte, OPI siguió investigando la línea documental que avalan ciertas implicaciones graves que de comprobarse, podrían constituir un escándalo de ribetes nacional.

De acuerdo a los documentos existentes y a los cuales tuvo acceso OPI, en la causa judicial que se lleva adelante en la provincia, la cual tiene como querellante a la Ministra de Desarrollo Social de Santa Cruz Lic Marcela Paola Vessvessian y varios imputados por diversos delitos presuntamente cometidos para la cesión ilegal y/o irregular de un bebé recién nacido en el hospital de Caleta Olivia en marzo de este año 2019, lo cual se encuentra en investigación, existe en el plexo un detalle de gravedad manifiesta por cuanto uno de los abogados defensores de una de los/las profesionales imputados le solicitó formalmente al juez que investigue y ratifique si, como el propio abogado lo indica por comprobación propia, si la Ministra Vessvessian se encuentra inscripta en el Registro Único de Adoptantes (RUA) bajo el número de Orden 27, de acuerdo a las investigaciones practicadas por la defensa, con el fin de establecer si la funcionaria de la provincia y actual candidata a diputada nacional del Frente para la Victoria, podría haber incurrido en abuso de autoridad y otros delitos, al actuar desmedidamente en contra de las personas inicialmente involucradas en el hecho, al punto de ordenar de manera inmediata la remoción de las autoridades del hospital el apartamiento de jueces y fiscales intervinientes en el hecho y posteriormente el juzgamiento a través del Tribunal de Enjuiciamiento que se volvió a rearmarse de apuro luego de largos años de estar anulado, a los fines puntuales de (indican las fuentes) actuar rápidamente en contra de los magistrados sospechados de tener vinculaciones con el caso.

Tres juezas y una médica, involucradas en la investigación de una adopción ilegal en Caleta Olivia

Por obvias razones de reserva, solicitada por una de las defensas, omitiremos en esta oportunidad referirnos al nombre y apellido de la persona defendida y su defensor, con el fin de no obstruir la investigación en curso y pretendiendo solo poner en el conocimiento público, aspectos eminentemente delicados y graves que surgen del expediente e involucra a personas con mucho poder tras una cortina de silencio, la cual buscamos romper con el fin de que la sociedad no esté al margen de los hechos los cuales a veces se quieren ocultar.

Acusación

Eso significa que todo este proceso está armado e impulsado por un significado único de VENGANZA y ODIO, nunca un fin de JUSTICIA” indica argumentativamente el abogado defensor en el escrito al Juez (los resaltados en mayúscula corresponden a la transcripción del texto original) y agrega “toda vez que la Licenciada actuó con todo el aparato del gobierno (Ejecutivo y judicial) porque su legajo RUA no fue seleccionado, por lo tanto impulsa este juicio al solo efecto de descalificar a mi defendido/da”.

La defensa en este caso ataca directa e inexorablemente a la ministra, haciéndola blanco de  una gravísima acusación cuando en el punto 2 del escrito advierte “ La Ministra la ha movido solo al odio y al deseo de venganza y SIN DENUNCIAR SUS VERDADERAS INTENCIONES (por eso nunca dijo que estaba inscripta, por eso ocultó su condición ante el RUA), que sin invalidar el derecho de toda persona a odiar y hacer del deseo de venganza un móvil para conseguir justicia habla del radical daño que infringe a las partes estas clases de denuncias e impulso procesal atroz y detrimento al sistema judicial”.

Y añade en el mismo punto “Imponiendo sus presuntos intereses de Estado para ocultar su venganza, utilizando todo el aparato del Estado para materializarla, impulsada por un móvil de índole personal”.

Por estas razones que explica la defensa en los términos que hemos transcriptos del documento original, le piden al Juez de la causa que solicite informe al RUA de la provincia y de la nación para determinar si la Ministra Vessvessian está o estuvo inscripta durante 2018 y/o 2019, alegando la necesidad de hacer el pedido a nivel nacional por cuanto la Ministra (debido al poder que ostenta- indica el escrito) “puede omitir los datos”. Y en el punto seguido le solicitan al juez expresamente que se la retire a la Ministra y candidata como querellante en la causa y se la investigue por falsa denuncia.

La Ministra

Efectuado el traslado la Lic Paola Vessvessian respondió muy duramente las acusaciones de la defensa y en un contundente escrito calificó a la presentación de la parte como “absurda” y le solicitó al Juez el rechazo “in límine” (sin leerla) “por improcedente, falaz y calumniosa” y además, por estas razones, la funcionaria a través de su abogado solicitó “un llamado de atención al profesional que avala semejantes términos ofensivos”, alude la querellante haciendo blanco en el propio abogado defensor que hizo tal presentación, lo cual desató otro contraataque de la defensas, por entender que la Ministra pretende controlar y silenciar el derecho que tiene el abogado de investigar, defender y acusar en virtud de las pruebas recolectadas y su buen ver y entender en el desarrollo de la causa.

Tras señalar Vessvessian que la acusación intenta afectar su buen nombre y honor, atacó los argumentos de lo que llamó “Disparatadas conjeturas de la defensa técnica” señalando que la denuncia la hizo en calidad de funcionaria pública directamente involucrada por función y responsabilidad en los graves hechos ocurridos indicando que la sospechas de “por qué fue rápidamente al lugar”, cuando se señala que no es el modus oprandi normal de la ministra, lo explicó: “acudí a la justicia en virtud de encontrarse comprometidos derechos de la niña recién nacida, siendo mi cartera, responsable de custodiar el sistema de protección integral de derechos a la niñez, adolescencia, proteger y resguardar y restablecer los derechos de los niños…”

En virtud de ello le sugiere al Juez que, debido a la descabellada teoría de la defensa, se debe rechazar dicha acusación sin siquiera leerla.

De esta manera se abre una enorme expectativa en la opinión pública (la cual desconocía estos detalles hasta hoy) sobre si en realidad la alta funcionaria provincial ha estado o no involucrada en algún tipo de maniobra en contra de un grupo de ex juezas y funcionarios hospitalarios a quienes se los investiga por la presunta (y fallida) entrega en adopción de una beba a una ex funcionaria judicial investigada y apartada de su cargo. 

Las sospechas señaladas por la defensa de uno de los imputados/das relaciona la reacción de Vessvessian ante la eventual pérdida de oportunidad de adoptar la bebé, lo cual para referirlo en palabras claras, uno de los letrados consultados dijo “Cuando se enteró que la niña no venía para Río Gallegos, se pudrió todo. Fue a Caleta Olivia hizo un desastre en todos los frentes y con el apoyo de la gobernadora actuó con toda la fuerza del Estado para castigar a los involucrados, sin antes clarificar el nivel de responsabilidad que pudieran haber tenido cada uno”, dijo la parte interesada en este proceso.

Cuando preguntamos si eso significaba que no había existido delito previo y que la única responsabilidad era de La Ministra, no hubo respuesta del otro lado. 

Todo indica, tal como se infiere de la lectura de las razones esgrimidas de uno y otro sector involurado en el expediente, que hubo un delito precedente pero luego de la reacción de la Ministra, se reveló que la funcionaria tendría especial interés en el caso y así lo reflejó el abogado defensor con la presentación efectuada ante el Juez en la causa “Sr Agente Fiscal/ s/requiere Instrucción” Expte 23.464/19 iniciado en el Juzgado Nº 2 de Caleta Olivia. (Agencia OPI Santa Cruz)

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4 COMENTARIOS

  1. Ahora si me cierra todo esto. No defiendo a Zari pero es obvio que le soltaron la mano y la expusieron para que “periodistas” afines a Gobierno hicieran “investigacion”

  2. Se apropiaron de un bebé en plena democracia. Nefastas como los milicos. Las juezas que se hagan cargo de sus fechorías. Q raro q la jueza q qeda se haga la Carmelita descalza. Pidió carpeta para estirar q no la juzgen. Y sus pollas salieron hacerse las salvadoras.
    No hay otro nombre. Se robaron un bebé . Que paguen. Y el estado hizo lo q debía denunciarlas. Sinvergüenzas.

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