11:30 – (Por Hernán Padilla Fuentes para OPI Santa Cruz) – El conflicto nacionalizado en Chile, obligó al gobierno de Sebastián Piñera a tomar medidas económicas y sociales que impongan un poco de cordura en la coyuntura. Sin embargo, el estallido social en Chile, a pesar de las fuertes comprobaciones de que viene de la mano de un plan regional de desestabilización como lo han marcado las autoridades de Santiago, tiene como caldo de cultivo dos elementos fundamentales: la gran desigualdad que por más de 30 años impera en éste país y la aparición intempestiva del Ejército chileno en las calles rememorando las épocas de la dictadura pinochetista.
Una calificada fuente del gobierno de la X Región le confesó a este periodista que “hubo apresuramiento en sacar al ejército a la calle, implantar el toque de queda y militarizar las ciudades del país”, indicando que fue una medida que el presidente Piñera debiera haber evaluado como “último recurso” y por el contrario, la decisión de presionar con la fuerza nacional para abortar el conflicto en sus inicios y “fue como apagar la llama con bencina”, indicó el funcionario opinando que se apresuró el gobierno a actuar con extrema fuerza de acción, utilizando un sector de las Fuerzas Armadas de defensa nacional, en vez de la policía regional y la fuerza de Carabineros, solamente.
El error táctico de Piñera lleva a Chile a pagarlo con al menos 17 vidas de personas que estuvieron involucradas en distintas manifestaciones en varios lugares del país, pero mayormente ocurridas en la capital del país. Ahora se abre, impensadamente en Chile hasta hace una semana atrás, un largo y controvertido cuestionamiento de índole político y moral en el gobierno de Piñera, porque es precisamente la ex Presidenta de nuestro país, Michele Bachelett, quien firmó un extenso y contundente informe sobre los crímenes de Nicolás Maduro y hoy es nuestro propio país, el país de Bachelet, el que aparece ante los ojos del mundo cargándose 17 muertes en medio de refriegas callejeras, similares a las 29 muertes que sacaron al ex presidente De La Rúa del gobierno en Argentina el 20 de diciembre de 2001. La pregunta que nos hacemos los periodistas es ¿Qué dirá ahora nuestra ex presidenta sobre la decisión política de su sucesor, de reprimir discrecionalmente a los civiles que con razón o sin ella, sufrieron y sufren la más feroz acción de las fuerzas militares de que se tenga conocimiento desde la dictadura de Augusto Pinochet?.
Rápidos y furiosos
Debido a los acontecimientos que aceleraron ciertos mecanismos de defensa política del gobierno de Sebastián Piñera, el presidente ha sacado rápidamente como mago de su galera, una serie de medidas inmediatas con el fin de pacificar a la sociedad, ante la evidencia de que el conflicto social no quedó acotado a la capital, sino ha generado una propagación preocupante en todas las regiones de Chile.
Entre las medidas más significativas podemos mencionar:
Aumento de 20% de la Pensión Básica Solidaria; 20% en el Aporte Previsional Solidario, del adicional de las pensiones básicas y los aportes previsionales solidarios, durante los años 2021 y 2022, para los pensionados mayores de 75 años y aportes de recursos fiscales para complementar el ahorro previsional de la clase media.
Elevación de un Proyecto de Ley al Congreso creando el Seguro de Enfermedades Catastróficas, para cubrir a las familias que no tiene seguros; un Seguro que cubra un porcentaje del gasto de salud de las familias y ampliación de los convenios con farmacias para reducir el precio de los medicamentos más un ingreso mínimo de 350 mil pesos para todos los trabajadores de jornada completa.
Junto con estas medidas de neto corte social y de impacto directo en el bolsillo de la población Piñera ordenó generar un mecanismo de estabilización de las tarifas de energía para disminuir el 9,5% de aumento operado en la electricidad, retrotrayendo las tarifas al semestre anterior. Como “señal” ante los fuertes y continuos discursos sobre la desigualdad en Chile, el presidente creó un Impuesto Global Complementario (IGC) consistente en afectar con un 40% las rentas superiores a los 8 millones de pesos, lo cual se suma a otra batería de medidas sociales que impactan desde hoy a todos los habitantes de la república.
Punta Arenas hoy
Particularmente en la zona magallánica, el conflicto se encuentra bastante atenuado luego de los serios incidentes del fin de semana y el día lunes, sin embargo el dispositivo de seguridad desplegado en la Región y particularmente en la ciudad de Punta Arenas no ha mermado en cantidad ni en calidad.
Ayer una multitudinaria marcha pacífica se desplegó en las calles de la ciudad austral, donde los habitantes pidieron un cambio radical en la política social, mayor equiparación de derechos y le exigieron al gobierno acortar la brecha social, la desigualdad y promover un Estado más solidario, el cual, si bien tiene controlada la inflación y goza de estabilidad financiera, se sustenta en una fuerte presión sobre la comunidad, en una sociedad donde “se debe pagar para todo” y el Estado no se hace cargo de nada, fue el núcleo de las protestas ayer en Punta Arenas.
La Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF Magallanes, anunció ayer un paro de 48 y Doris Sandoval, representante de la ANEF junto con dirigentes sindicales y organizaciones sociales fue categórica al indicar que el retiro de las Fuerzas Armadas de las calles, es condición mínima y sin la cual no habrá diálogo con el gobierno.
En tanto en el plano comercial Unimarc que sufrió vandalismo y saqueos, comenzó a operar con horario restringido y la Zona Franca de Punta Arenas la cual había permanecido cerrada en prevención, abre bajo un fuerte dispositivo de seguridad interna y externa y también se han anunciado horarios reducidos para operar el comercio en ese lugar.
En Punta Arenas, el conflicto y la tensión social ha “espantado” virtualmente el fluido tránsito de argentinos en la ciudad y la zona, con el consiguiente impacto negativo en la hotelería, restaurantes y fundamentalmente en el comercio de la zona. esto también trae aparejado una crisis que de extenderse deberá ser un problema a resolver con medidas de neto corte político. Punta Arenas tiene una fuerte vertiente de ingresos desde la Argentina, especialmente de la región patagónica austral, al punto que muchas medidas restrictivas tomadas en estos años sobre la circulación de extranjeros en la región, debieron ser “levantadas” en virtud de la merma sustancial de turistas (particulares y tours de compras) que al disminuir por las nuevas condiciones impuestas, bajaron la afluencia de público e impactaron sobre el comercio. (Agencia OPI Santa Cruz)
