Bolivia ya cumplió una semana de protestas después de las elecciones presidenciales que se celebraron el domingo de la semana pasada. Las manifestaciones en las calles rechazan el resultado electoral que dio como ganador al presidente Evo Morales y los opositores denuncian fraude.
Ayer volvieron los choques y bloqueos de rutas a modo de protesta contra el resultado que llevó a Evo a su cuarto mandato presidencial. La oposición, encabezada por el candidato y expresidente Carlos Mesa, justificó las manifestaciones. “La responsabilidad total de las acciones de violencia es del gobierno”, dijo Carlos Mesa en su página en Facebook.
Del lado oficialista, el vicepresidente Álvaro García Linera no dudó en responder a Mesa, alegando que los hechos violentos ocurrían “por decisión de un solo hombre, angurriento de poder, mentiroso y falaz”, esbozó. E insistió: “Es el responsable, él es el culpable”.
Tanto el gobierno como la oposición se acusan de “buscar muertos”. Morales ya había opinado anteriormente que las protestas forman parte de un plan de golpe de Estado en su contra. Pero sus detractores desconocen el resultado electoral por supuesto fraude en el conteo de votos y refuerzan la idea de que Bolivia avanza hacia un modelo aislado y autoritario, como el de Nicolás Maduro en Venezuela.
Morales había advertido que iba a “hacer respetar el voto con un cerco a las ciudades” y recibió el apoyo de un sindicato de campesinos, que anunció que iba a bloquear las calles del país “en rechazo del golpe de Estado, en defensa de la democracia y en defensa del voto indígena”.
La tensión se elevó en La Paz cuando unos 500 mineros partidarios de Morales marcharon por el centro detonando pequeñas cargas de dinamita. Las protestas se extendían por todo el país, pero se sentían más en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, las tres ciudades más grandes. En La Paz no había transporte, las clases fueron suspendidas y el comercio quedó casi paralizado porque los manifestantes bloqueaban calles y avenidas.
Otras zonas críticas se percibieron en las ciudades de Santa Cruz y Potosí, donde se realizó un paro total de actividades. También se cortaron avenidas y hubo enfrentamientos en el barrio de Achumani.
Para resolver la crisis, Morales propuso una auditoría electoral por parte de la misión de observadores de la OEA, la ONU y la Unión Europea.
Por su parte, una plataforma que articula los comités cívicos regionales (Conade), que además respalda al candidato opositor, Carlos Mesa, pidió la anulación de las elecciones y la conformación de un nuevo tribunal electoral que respete la condición de ser “esta vez imparcial”. (La Nación)
