Revocan los procesamientos a Cristina por coimas en los concesionarios de peajes y la importación de gas licuado

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Tras el triunfo en las elecciones, Cristina Kirchner pidió autorización para un nuevo viaje a Cuba

La sala I de la Cámara Federal entiende que los sobornos investigados son previos a la llegada al poder de la ahora vicepresidenta electa, y dejaron sin efecto el procesamiento.

Por: Lucía Salinas

La Sala I de la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento contra Cristina Kirchner en un expediente vinculado a los cuadernos de las coimas. Se trata de la causa que investigó las concesiones de los corredores viales. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi entendieron que en el período investigado, la senadora no estaba frente al poder ejecutivo nacional y por ello rechazaron la acusación en su contra. Los jueces también le dictaron falta de mérito en otra de las causas vinculadas a cuadernos, que investiga coimas en la importación de gas licuado.

El juez Claudio Bonadio había procesado a Cristina Kirchner por “la maniobra ilegales realizada en el otorgamiento y control de la obra pública en la Dirección Nacional de Vialidad adquirió una magnitud considerable, se decidió separar la investigación de los hechos ocurridos en el periodo 2003-2007 en el OCCOVI”, indicó en su momento en la resolución.

A estas actuaciones se agregaron los dichos que, como imputados colaboradores, efectuaron Claudio Uberti, Marcela Edith Sztenberg, Patricio Gerbi y Miguel Marcelino Aznar. Las concesiones investigadas fueron el Acceso Norte (Autopistas del Sol S.A.), Acceso Oeste (Grupo Concesionario del Oeste S.A), Acceso Riccheri (AEC S.A), Ruta 8 tramo Pilar a Pergamino, su concesionario era Corredor Americano.

Pero la Sala I determinó que correspondía el desprocesamiento, al entender que en el período investigado Cristina Kirchner no estaba al frente del organismo.

Además, la cámara federal porteña dijo que “en atención a las graves imputaciones que pesan sobre (Marcelo) D’Alessio en el trámite de los procesos judiciales en los que se encuentra involucrado, en uno de los cuales se cuestiona precisamente la veracidad de su testimonio en esta causa en el juzgado de Dolores, consideramos que corresponde su total exclusión para valorarlo dentro del plexo probatorio a analizar”. Así el tribunal confirmó lo dicho por Bonadio en el sentido de que el testimonio de D’Alessio no fue usado como prueba en esta causa que es la “madre” de la causa de los cuadernos de las coimas.

En este expediente se investigaron las entregas de dinero como parte del sistema recaudatorio principal de sobornos, haciendo referencia a otros rubros que se encontraban bajo la órbita del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Puntualmente, “las declaraciones de algunos de los imputados arrepentidos, inmersos en aquella trama de pagos ilícitos, habilitaron la ampliación de la pesquisa en esa dirección y dieron lugar a la formación –entre otros- del presente legajo, enfocado en dilucidar la existencia de intercambios ilegales en el período 2003-2007 durante la ejecución de los contratos de concesiones viales”.

Para Bonadio los pagos efectuados por los empresarios en este contexto perseguían el mantenimiento de tales concesiones, el reparto de los fondos concentrados en la Unidad de Coordinación de Fideicomisos –UCOFIN- o bien la no imposición de sanciones por parte de las autoridades competentes.

Al compás de esa hipótesis el juez enumeró a diversos individuos a quienes identificó –desde sus vínculos o posiciones societarias- como los responsables por las entregas que conformaron la contracara de los cohechos pasivos atribuidos a los funcionarios públicos. Así, por el corredor vial Nº 1 resultaron procesados Marcela Edith Stenberg y Patricio Gerbi; por el Nº 2 José Darío Clebañer y Obdulio Ángel Barbeito; por el Nº 3 Miguel Marcelino Aznar; por el Nº 4 Juan Manuel Collazo y Juan Marcos Carlos Perona; por el Nº 5 Marcelo Marcuzzi, Jorge Stocker y Oscar Glikstein; y finalmente, por el corredor Nº 6, Ángel Daniel García y Miguel Ángel Marconi.

La confesión clave en esta causa fue la de Claudio Uberti quien en su rol de imputado colaborador, “Sus relatos destacan por su crudeza, que es reflejo del puesto estratégico que el imputado desempeñó en esta trama: el de titular del Órgano de Control de Concesiones Viales”, indicaron los camaristas.

Según afirmó Uberti, y ante la necesidad de renovar las concesiones a fines del año 2003, Julio De Vido le había dicho que “el presidente no va a firmar los contratos ni en pedo. Porque vos hiciste las cosas demasiado bien y no arreglaste la guita con la gente, no los va a firmar ni en pedo y te va a hacer cagar. Tenés que llamar a los empresarios y decirles que pongan, te van a llorar, pero vos deciles que pongan porque si no el presidente no va a firmar, si no renunciá”.

 La situación de Cristina Kirchner fue ponderada diferente en relación a Julio De Vido y Uberti. Los camaristas señalaron, que si bien en decisiones precedentes la ha ubicado “en la más alta de las posiciones dentro de la asociación ilícita que se mantuvo durante más de doce años y atravesando tres presidencias -dos de las cuales fueron ejercidas por la nombrada- la particularidad del sub examine radica en que los pagos ilícitos fueron detectados entre los años 2003 y mediados de 2007. Es decir, una ventana temporal que abarca todo el desempeño de Claudio Uberti en el OCCOVI pero que precede al momento en que la imputada asumió sus funciones como primera mandataria.”.

En cambio, al referirse a De Vido señalaron que la acusación lo ubica como el encargado de ordenarle a Claudio Uberti “que desarrollara la recaudación ilegal dentro de los contornos del OCCOVI. Ello se aprecia de modo claro en los ya citados fragmentos del legajo de arrepentido” del ex funcionario. En consecuencia, “el imputado deberá responder como coautor del delito de cohecho pasivo reiterado en seis oportunidades, hechos estos que concurren realmente entre sí y con el rol de organizador de la asociación ilícita que le fuera adjudicado en la ya elevada a juicio”.

Causa GNL

En la investigación cobre la compra de Gas Natural Licuado (GNL) Cristina Kirchner obtuvo otra revocatoria de su procesamiento. A De Vido y Roberto Baratta se los dejó procesados por administración fraudulenta, ordenando que se siga investigando la maniobra por presuntos sobornos.

Para Bonadio, la importación de GNL podía estar conectada con la estructura instituida desde la cúspide del Gobierno “para la recaudación de sobornos, que tenía como eje al Ministerio de Planificación Federal y sus distintas áreas de competencia”. Entonces, consideró que los ex funcionarios procesados habrían integrado la estructura “conformada respecto del área energética, “que llevó adelante las maniobras ilícitas desarrolladas en la importación de GNL-, utilizándose, en una primera etapa 2008 al 12 de noviembre de 2012, a ENARSA la gestión, adjudicación y pago de los cargamentos de GNL”.

Luego hasta diciembre de 2015, “tercerizando el proceso en la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales -YPF- que comenzó a realizar la gestión de compra, es decir, a desplegar lo que antes hacía ENARSA, pero ésta continuaba adjudicando y pagando”.

Pero la Cámara federal consideró “los elementos reunidos hasta el momento no permiten afirmar -con el grado de probabilidad exigido en esta etapa- el nexo entre aquellas operaciones y la conformación de dicho colectivo criminal orientado a la recaudación de fondos”.

En esta misma línea, sostuvieron  que “a diferencia de las numerosas pruebas colectadas” en la causa cuadernos, “que dieron cuenta de las numerosas entregas de dinero a funcionarios públicos protagonizadas por distintos empresarios que tenían contratos con el Estado”, en esta investigación “no reflejan la existencia de tales pagos ilícitos y en consecuencia, tampoco permiten sustentar, por el momento, que la compra de GNL haya formado parte de los rubros que nutrían la matriz recaudatoria instaurada desde el Gobierno”. (Clarín)

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