14:30 – El gobierno provincial intentando dar una clase de transparencia institucional, ingresó a la Cámara de Disputados el presupuesto provincial por la suma de $95.083.748.702, por el total de Gastos Corrientes y de Capital correspondiente al Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, Administración Central, Organismos Descentralizados, Cuentas Especiales y Organismo de la Seguridad Social, para el Ejercicio 2020 en la provincia.
El presupuesto en sí y de manera integral, está siendo analizado y comparado por el equipo de OPI, a fin de reflejar claramente las inconsistencias que tiene el mismo, claramente adecuado al mensaje que pretende dar la gobernadora y que es replicado sin moverle una coma, por la cadena de medios provinciales ocupados (y pagados) para ser mudos testigos y caros multiplicadores, de esta verdadera “mentira financiera” más cercana a una obra de arte del dibujo oficial, que a los verdaderos gastos e ingresos de la provincia de Santa Cruz.
En esta oportunidad nos vamos a detener en el último items relacionado con el presupuesto que es el referido a la Seguridad Social. Este apartado corresponde a los fondos que el gobierno tiene previsto asignar a la Caja de Servicios Sociales (CSS) y a la Caja de Previsión Social (CPS).
En el Caso de la Caja de Servicios Sociales, el gobierno estimó un gasto para el 2020 por la suma de $6.835.468.453.
En cuanto para la Caja de Previsión Social calculó que a lo largo del año 2020 el sistema previsional demandará al gobierno una erogación por la suma de $17.097.350.616.
Pagando dos veces y sin chistar
Lo que el gobierno no le dice a la gente, es que en Santa Cruz los afiliados son aportantes dobles a ambas Cajas. Y esto se explica de manera simple y clara de la siguiente manera:
Cualquier empleado estatal, tanto de la administración central, la administración pública provincial, docentes o municipales sufren mensualmente dos importantes descuentos: el 4 % de la remuneración bruta para la CSS (entre $ 1.500 y $ 2.500 por trabajador) y el 16 % de la remuneración bruta de cada trabajador (entre $ 3.000 y $ 5.000 por trabajador, según la categoría) para la Caja de Jubilaciones.
Es decir, esta masa dineraria se acumula todos los meses en beneficio de ambas cajas, en cuyas cuentas deberían aparecer los saldos de tales aportes. Y es el propio Estado, quien oficia de pagador (le debe pagar el sueldo a los trabajadores), de agente de retención (le debe descontar ambos conceptos de afiliaciones a los empleados aportantes) y depositante/pagador a las referidas Cajas, toda vez que debe depositar mensualmente esos aportes de los trabajadores (previamente descontados de sus sueldos) en las correspondientes cuentas de la CSS y CPS.
Si el Estado provincial cumpliera con este mecanismo contable-financiero (cosa que no hace), ambas Cajas debieran tener todos los meses un ingreso determinado, pero suponiendo que las Cajas, por diversas razones, gastaran más de lo que les ingresa, allí se produciría el déficit del cual el gobierno debería hacerse cargo.
Vamos a ejemplificarlo en números simbólicos, para hacerlo más claro:
A la CSS le ingresan mensualmente $ 10 pesos, pero gasta $ 12, significa que mensualmente tiene un déficit de $ 2.
Al finalizar el año habrá recaudado $ 120 gastado $ 144 y arrojado un déficit de $ 22.
La CPS le ingresan mensualmente $ 5, pero egresan mensualmente $ 8, tiene un déficit mensual de $ 3.
Al finalizar el año la CPS habrá gastado $ 96, recaudado $ 60 con un déficit de $ 36.
Si esto fuera así, el verdadero déficit de ambas Cajas sería de $ 22 en la CSS y de $ 36 en la CPS. Es decir, en total el gobierno provincial tendría un déficit anual total entre ambas de $ 58, porque se computaría en el presupuesto aquel gasto que supera a los ingresos de cada Caja; este es el verdadero déficit.
Lo que no puede hacer el gobierno, es hacer impactar el total de gastos de cada Caja sin descontar los aportes que mensualmente hacen cada trabajador; por lo tanto siguiendo nuestro ejemplo estaría mal que se computara como “Gastos de Seguridad Social” las siguientes sumas:
CSS $ 144
CPS $ 96
Y esto es precisamente lo que hace el gobierno provincial al presentar en el Presupuesto 2020, las sumas de $6.835.468.453 para al Caja de Servicios Sociales y de $17.097.350.616 para la Caja de Previsión Social. En definitiva, se queda con la plata de los trabajadores.
El fraude
El gobierno de la provincia comete un delito de fraude al descontar las afiliaciones, no depositarlas en las Cajas y a fin de año cargar al presupuesto del próximo ejercicio, el gasto total de cada uno de estos organismos.
De esta forma los ciudadanos pagan dos veces los mismos cargos. Por un lado lo paga cada empleado con el descuento que le hacen de sus haberes, tal los porcentajes descritos anteriormente con destino a las respectivas Cajas a las que no llegan esos fondos.
La segunda vez que pagan es cuando a través de los impuestos, las cargas y las contribuciones obligatorias que le aplica a los contribuyentes, parte de ese dinero va a pagar esos montos reflejados en el presupuesto anual.
Por lo tanto, el Estado provincial comete un delito de retención indebida de haberes, falta al cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos al incumplir con la ley que le obliga depositar los fondos retenidos en las cuentas corrientes de ambas Cajas y en todo caso, hacerse cargo del déficit resultante, pero nunca del total del gasto de cada Caja, dinero que en su mayor parte ya recuperó del descuento a cada trabajador del Estado.
La verdad
El punto es que el gobierno provincial ha generado una maquinaria perversa de aspiración de fondos públicos y un círculo vicioso del cual es parte interesada en mantener.
En el año 2014 OPI publicó un informe sobre el total que hasta ese momento debían los municipios a las Cajas. El total, solamente a la Caja de Previsión Social era de $ 2.190.067.987,90.
Los intendentes, parte de este engranaje inmoral que atenta contra los propios trabajadores, son todos deudores porque descuentan y no hacen los aportes, al igual que el gobierno provincial lo hace con la administración central. Ambos son cómplices también, por cuanto el Estado provincial no les exige el aporte a las comunas, por cuanto ellos también están en falta. Y todo termina recayendo en las espaldas de los trabajadores, los comerciantes o el trabajador particular, a quienes les aumentan impuestos para equilibrar estos defasajes.
En aquel momento (hace cinco años atrás), las deuda de los municipios, solamente con la Caja de Previsión, era la siguiente:
Río Gallegos: $ 502.543.258,78
Caleta Olivia: $ 567.223.043.08
Pico truncado: $ 109.918.915,01
Puerto Deseado: $ 121.700.520,29
Las heras: $ 140.234.088,83
Perito Moreno: $ 77.174.901,68
El Calafate: $ 65.055.786,12
Río Turbio: $ 116.189.999,09
San Julián: $ 78.075.642,16
Puerto Santa Cruz: $ 77.086.731,14
Cdte Piedra Buena: $ 77.393.633,92
28 de Noviembre: $ 111.679.355,13
Los Antiguos: $ 62.790.197,54
Gob Gregores: $ 57.419.940,11
Com Fom T Lagos: $ 7.116.028,11
Com Fom Chaltén: $ 5.303.947,57
Com Fom Jaramillo: $ 10.103.227,22
Com Fom Irigoyen: $ 3.088.771,50
Calcule (si puede) el lector lo que han aumentado estos montos, la deuda que se ha acumulado y lo que arroja la actualización de éstas cifras al día de hoy.
Por este motivo el 15 de marzo de 2019, como lo expresamos en una nota de análisis, el diputado de El Calafate Jorge Arabel, tuvo la ingeniosa idea de proponer una condonación de deuda de las municipalidades y para ello presentó en la legislatura un Proyecto bajo el título Intransferibilidad de la Caja de Previsión Social, acompañado por los diputados Carlos Santi (FPV-PJ- Puerto Deseado) y César Ormeño (FPV-PJ- Los Antiguos) en el cual, el Artículo 3º indica expresamente:
“Se establece la condonación de la “totalidad de los saldos existentes al momento de la promulgación de la presente ley en carácter de aportes previsionales y contribuciones que hubieran a favor de la Caja de Previsión Social y las cargas sociales correspondientes a la Caja de Servicios Sociales que adeuden las municipalidades y comisiones de fomento de la provincia de Santa Cruz”.
El diputado del intendente Javier Belloni buscó darle impunidad a todos los intendentes que cometieron el delito de retención indebida de fondos y el fraude a la administración pública y a los sucesivos gobiernos provinciales que han pasado en los últimos 25 años, fusionando todo bajo una misma cuenta e hicieron desaparecer los dineros de los aportantes en un fondo común. Porque cabe señalar, que en ningún momento los municipios o el gobierno provincial dejaron de descontarles rigurosamente a cada empleado los aportes respectivos. Lo que no hicieron es depositarlos en las cuentas de las Cajas.
Parte del delito
Se puede entender la iniciativa de Arabel, teniendo en cuenta que su jefe político, el intendente (reelecto) de El Calafate Javier Belloni, es uno de los principales deudores de las Cajas y esto quedó expresamente determinado (además de la nota documentada anterior del año 2014 a la que hicimos mención) a nuestro informe Nº 3 sobre la Auditoría que hizo el Tribunal de Cuentas y publicamos el 4 de junio de 2019 bajo el título: “El Municipio de El Calafate descuenta de los salarios pero no aporta a las Cajas (CSS/CPS/ISPRO) a pesar de “venderse” como un municipio prolijo”.
Allí, el máximo organismo de control de la provincia alude a la millonaria deuda que posee el municipio de El Calafate con la Caja de Previsión Social, la Caja de Servicios Sociales y el ISPRO. Es un claro ejemplo de cómo se maneja el Estado en Santa Cruz y en este caso, no es opinión; está avalado por la documentación que obra en el propio Tribunal de Cuentas de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)
Como siguen llorando los oligarcas de monoambiente!!!…ya está superenlo en 2015 votaron mal,ahora dejen gobernar.