12:00– Con respecto al proyecto del Ejecutivo en el cual impulsa una pretendida “finalización de la Intervención de la Caja de Servicios Sociales” con intenciones de “democratizar” la obra social intervenida hace 30 años por el kirchnerismo, todo en realidad, es una gran pantalla para “legalizar” el poder absoluto del Ejecutivo sobre la CSS, que hoy (y desde hace muchos años la tiene) pero en el “modo intervención”.
En realidad lo que busca la gobernadora en sostener y mantener totalmente la hegemonía dentro de la Caja y a tal fin y como informáramos el 5 de julio de este año en el análisis previo al proyecto, el gobierno busca unificar el poder dentro del organismo y licuar la deuda que tienen los municipios, desde donde los trabajadores fueron estafados por miles y miles de millones de pesos que les descontaron los intendentes y nunca los aportaron a la CSS.
El gobierno redactó una ley de “Reestructuración” de la CSS, pero se reservó mantener todo el poder sobre la misma
OPI publica en este informe el texto completo del proyecto, pero rescata los principales cuestionamientos que se le hace al instrumento: ellos son la integración del directorio, por cuanto la ley actual prevé 4 miembros: presidente y un vocal designado por el Poder Ejecutivo y dos vocales por los afilados (uno activos y otro jubilados). Los gremios quieren contar con mayoría en el directorio, una constitución poco probable para una obra social provincial no sindical y absolutamente cooptada por la voluntad oficial, regida, administrada y conducida por el gobierno del FPV.
Además, en el artículo 18 inciso h) el Fondo Residual de Recupero no establece cómo se integrará y queda a instancia del Ejecutivo negociar con los municipios las deudas históricas que mantienen con la obra social. Según el artículo 20 del mismo proyecto, no se podrán compensar las deudas por aportes personales.
Desde el sector gremial se cuestiona que ampoco se aclara en ningún lugar del proyecto, en caso de llamarse a una normalización de la CSS cómo será el proceso ni cómo se controlará el proceso, traspaso, si habrá una comisión de seguimiento, revisión de los balances, administración de los fondos, etc y esto es básicamente porque los sindicatos están confundidos: el Ejecutivo no tiene la mínima intención de democratizar la Obra Social y llegado el caso que la presión social/sindical sea muy fuerte, intentará “negociar” con los gremios afines, que en definitiva le darán las herramientas para seguir ejerciendo el control. (Agencia OPI Santa Cruz)
DESPACHO DE COMISIÓN Nº 111/2019 by OPISantaCruz on Scribd
