Alberto Fernández deberá decidir sobre varias propiedades y bienes de la corrupción decomisados

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Continúan el allanamiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadio en la estancia Cruz Aike propiedad de Lázaro Báez – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Hay departamentos, locales, casas, estancias y aviones, varios de los cuales eran de Lázaro Báez, el contador de Cristina y su ex secretario, Daniel Muñoz.

Casas, estancias, departamentos, embarcaciones, aviones privados, terrenos, locales comerciales. La lista de propiedades decomisadas en casos de corrupción y que quedaron bajo organismos del Estado es variada y cuantiosa. La actual gestión no logró avanzar con todos los remates y esta decisión quedará en manos del gobierno del Frente de Todos. Muchos de los bienes pertenecieron al ex contador de Cristina Kirchner, a su ex socio comercial Lázaro Báez, como también al ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

La primera subasta online que el gobierno de Mauricio Macri iba a realizar respecto a un conjunto de propiedades vinculadas a Muñoz, en una causa por lavado de dinero vinculada a los cuadernos de las coimas, fue suspendida. Y por los plazos necesarios para reprogramarla, será la próxima gestión, la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la que decida cómo proceder con estos bienes, como también con dos aviones de Lázaro Báez dispuestos para ser rematados, incluso sobre casas, departamentos y un campo del ex contador de la electa vicepresidenta.

Este jueves 21 de noviembre, pocos días antes del cambio de gestión, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) iba a subastar un conjunto de propiedades vinculadas a la trama de lavado del entorno de Muñoz. Se llamó a subasta pública sobre un departamento de Sergio Todisco, señalado testaferro del ex secretario privado de Néstor Kirchner. Pero al quedar desierta, fuentes oficiales señalaron a Clarín que no se llegará a realizar otro remate antes de que Mauricio Macri deje la Casa Rosada. Su valor de mercado es de 620.000 dólares.

Después de la orden de decomiso del juez Claudio Bonadio en un tramo de la causa de los cuadernos de las coimas que se centra en operaciones de lavado de dinero encabezadas por Daniel Muñoz y su entorno, el Estado había tomado de la decisión de vender inmuebles ubicados en Miami, Capital Federal, Santa Cruz y otras provincias patagónicas.

Los dueños de esas propiedades fueron el financista Ernesto Clarens, al ex contador de Cristina Kirchner, Víctor Manzanares; Carolina Pochetti -viuda de Muñoz-, Sergio Todisco, el ex ministro de Economía de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo, entre otros.

Hace pocos meses, el Gobierno buscó cuantificar el perjuicio generado por maniobras de corrupción. La Unidad de Información Financiera (UIF) estimó que sólo en materia de lavado de dinero se cautelaron a la fecha bienes por 500.000 millones de pesos, es decir unos 11.000 millones de dólares. En esta misma línea, el gobierno buscaba avanzar en el decomiso de una extensa lista de bienes de Cristina Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Cristóbal López, Ricardo Echegaray, entre otros.

Los números son aún más grandes. El gobierno de Macri contabilizó que desde 2016 los embargos ordenados en causas de corrupción donde se investigó a Cristina y ex funcionarios kirchneristas ascienden a 483.115 millones de pesos, un equivalente a 8.524 millones de dólares.

Sólo en la causa de los cuadernos de las coimas se cautelaron bienes por unos 20.000 millones de pesos. En ese expediente, el juez Bonadio firmó el decomiso 38 propiedades y bienes por unos 20 millones de dólares.

La lista incluye casas, departamentos con sus cocheras, una farmacia en Tierra del Fuego, un terreno en Mar de las Pampas, en Neuquén y varios terrenos y propiedades en Santa Cruz. Entre los bienes, Respecto a los bienes, hay una embarcación -“Sea Ray Cummins”- propiedad de Ernesto Clarens, al igual que una propiedad en Miami que el financista puso a disposición del juzgado.

La próxima gestión deberá decidir si todos estos bienes continuarán en manos de la AABE, desde donde se sostuvo que era imperioso avanzar en el remate de los bienes para que no sufran deterioro y pierdan valor, como ocurrió con uno de los aviones de Lázaro Báez, que fue a remate por un valor de 55.800 dólares cuando supo tener un valor de 211.300 dólares. (Clarín)

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