Estará integrada por la Casación, la Procuración y la Secretaría de Seguridad; el Poder Judicial lo había rechazado
Por: Hernán Cappiello
El Ministerio de Justicia insistirá en sacar de su órbita el programa de protección de testigos e imputados, ya que cuando asuma el nuevo presidente el organismo quedaría en manos del gobierno al que denunciaron los propios arrepentidos. Después de algunos vaivenes, evalúa pasarlo a una agencia autárquica.
Hubo un primer intento hace quince días de entregar el Programa de Protección de Testigos a la Corte Suprema de Justicia y luego a la Cámara de Casación, pero los jueces de ambos organismos rechazaron esa tarea.
Argumentaron que sus funciones son juzgar en las causas que llegan a su conocimiento y en todo caso valorar las declaraciones de los testigos protegidos y de los imputados que declaran como “arrepentidos”, pero entre sus tareas no está velar por la seguridad de estas personas. No convenció a los jueces ni la atractiva carga con la que venía el programa, que consistía en más de 50 contratos,
Actualmente se encuentran bajo el Programa de Protección de Testigos e Imputados unas 200 personas, la mayoría de ellas testigos protegidos y arrepentidos en casos de narcotráfico y secuestro extorsivo. Son personas de baja exposición y no presentaron mayores problemas.
Pero hay algunas estrellas en el programa, por ejemplo los exfuncionarios kirchneristas “arrepentidos” que con sus declaraciones terminaron sumando pruebas para llevar a juicio a Cristina Kirchner y Julio De Vido, o condenar a Amado Boudou. Ellos son José López, exsecretario de Obras Públicas condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito por los bolsos con nueve millones de dólares; Alejandro Vandenbroele, que confesó haber actuado como testaferro de Amado Boudou para quedarse con la imprenta Ciccone, y su exesposa, Laura Muñoz, que aportó pruebas como testigo para descubrir el rol de su exmarido.
Ellos siguen en el programa, pero preocupados por su futuro. Quien se fue del programa es Leonardo Fariña, el aprendiz de contador que asesoró a Lázaro Báez con sus finanzas y luego terminó declarando como arrepentido en las causas en las que está siendo juzgado por lavado de dinero y por beneficiarse de la obra pública.
Fariña dijo que se iba por razones personales para estudiar y trabajar, pero terminó por admitir que el cambio en el escenario político fue determinante.
El nuevo planteo que tiene en mente el ministro Garavano es que ante el rechazo de la Justicia el Programa de Protección quede a cargo de un organismo autárquico. Se trataría de una Agencia de Protección de Testigos e Imputados con alguien a su cargo, pero por encima de este funcionario técnico a definir se encontraría un consejo tripartito integrado por el procurador, el juez o jueza que presida la Cámara de Casación y el secretario de Seguridad. Estos funcionarios tendrían un rol de supervisión sobre el director de la agencia, que llevaría la gestión operativa.
El borrador del decreto está a estudio del presidente Mauricio Macri y ayer se especulaba en el Gobierno con que podría ser publicado el viernes próximo en el Boletín Oficial.
En tanto, diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley que propone que el Programa de Protección de Testigos e Imputados pase a depender del Poder Judicial y quede a cargo de un juez de la Casación. La iniciativa fue redactada por la legisladora de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli y está firmada por sus pares María Lehman, Juan Carlos López, Héctor Flores y los macristas Paula Urroz, Carmen Polledo, Waldo Wolff, Graciela Ocaña y Leandro López Koenig. (La Nación)
