Tras la salida del exministro, Boudou, Jaime y D’Elía esperan un fallo favorable de la Corte; junto a Báez y el Pata Medina, apelan a las nuevas pautas procesales
Por: Candela Ini
La llegada del Frente de Todos al gobierno tuvo un efecto inmediato sobre la Justicia: tres días después de la asunción de Alberto Fernández, el exministro Julio De Vido y quien fue su mano derecha, Roberto Baratta, dejaron la cárcel. De Vido tiene arresto domiciliario y Baratta está en libertad con un dispositivo de control electrónico. Ambos fueron detenidos durante el macrismo -cuando la prisión preventiva para casos de corrupción fue una herramienta muy usada- y liberados con el regreso del kirchnerismo.
Hay otros exfuncionarios y dirigentes kirchneristas con prisión preventiva por causas de corrupción que buscan recuperar su libertad. El exvicepresidente Amado Boudou, el piquetero Luis D’Elía, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina y Lázaro Báez, entre otros, esperan resoluciones que podrían cambiar su situación.
Después de las PASO, salieron de la cárcel Cristóbal López y Fabián de Sousa -dueños del Grupo Indalo-, el exlíder de Quebracho Fernando Esteche y el empresario Gerardo Ferreyra. Todos ellos cumplían prisión preventiva.
Desde que el Congreso estableció pautas previas al dictado de las prisiones preventivas, mediante la aplicación de algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal, se dispararon decenas de planteos de parte de abogados que tienen a sus clientes detenidos bajo esta modalidad. Y por los nuevos parámetros fijados por el Congreso, la Cámara de Casación Penal ordenó la semana pasada a las instancias anteriores que se pronunciaran nuevamente sobre los pedidos de excarcelación que ya habían rechazado antes.
Aunque la Cámara de Casación ya confirmó la condena de Boudou por el caso Ciccone, sus abogados, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, objetaron esa decisión por “inconstitucional” y “violatoria de las garantías constitucionales”, ya que esa sentencia no quedó firme en la Corte Suprema. Por eso consideran que Boudou todavía no está cumpliendo condena y que, para que esta quede firme -a pesar de que la Casación confirmó el comienzo de la ejecución de la pena- debe ser confirmada por la Corte.
Boudou está detenido en el penal de Ezeiza y fue condenado a cinco años y diez meses de prisión en agosto del año pasado. En octubre fue condenado en otro expediente a tres años de prisión en suspenso por la falsificación de documentos de un automotor, una causa por la que había sido absuelto en 2017. La Corte tiene dos recursos que presentó la defensa de Boudou: uno es por su excarcelación y otro, por la confirmación de su condena.
Otros detenidos que tienen recursos presentados ante la Corte por la revisión de sus sentencias son D’Elía y Ricardo Jaime.
D’Elía, que había estado preso por la causa del memorándum con Irán, fue excarcelado por el tribunal que tiene ese caso, pero sigue detenido por la toma de la comisaría de La Boca en 2004, una causa por la que tiene condena confirmada por la Cámara de Casación. Su situación también depende de la Corte, donde presentó una queja para que esa sentencia sea revisada.
Ricardo Jaime, en tanto, pidió al Tribunal Oral Federal Nº 2, que dictó la condena por la tragedia de Once, que se le conceda la prisión domiciliaria por problemas de salud. En una entrevista radial, Jaime dijo, hace una semana, que al tren de Once “lo mandaron a chocar” y que su detención había sido digitada por el gobierno de Mauricio Macri. Sus abogados también apelaron a las nuevas pautas procesales para pedir la prisión domiciliaria de Jaime, quien también espera el pronunciamiento de la Corte sobre la revisión de su condena.
La Corte nunca se pronunció sobre estas situaciones. Ante la consulta de LA NACION, desde ese tribunal dijeron que aún no está en agenda tratar esos recursos.
Entre el martes y el jueves se llevará adelante una nueva marcha en la Plaza Lavalle para pedir la libertad de los detenidos, bajo la consigna “Navidad sin presxs políticxs”. Una de las convocantes a esa manifestación, Alessandra Minnicelli, esposa de De Vido, dijo que se realizará un ayuno del que participarán las Madres de Plaza de Mayo y el CELS, entre otros organismos.
Baratta y De Vido eran los últimos detenidos del caso de los cuadernos de las coimas junto al extitular de Yacyretá Oscar Thomas, quien recibió el beneficio de la prisión domiciliaria y luego la excarcelación, pero todavía tiene que pagar caución para recuperar la libertad. Bonadio le fijó una caución de $60 millones, pero su abogado José Manuel Ubeira apeló esa cifra, con el argumento de que era desproporcionada y su cliente no podía pagarla.
La Sala I de la Cámara de Casación, en la misma tanda de resoluciones que favoreció a De Vido y Baratta, ordenó establecer un monto acorde con lo que Thomas pueda pagar. Los magistrados recordaron la prohibición establecida en el Código Procesal Penal de fijar una caución de imposible cumplimiento, anularon el monto que había sido fijado por la Cámara Federal y ordenaron determinar otro que Thomas pueda pagar. El extitular de Yacyretá estuvo 40 días prófugo antes de entregarse.
El Pata Medina, titular de la Uocra de La Plata, recibió la excarcelación en un expediente en el que se lo acusaba de amenazar con “prender fuego la provincia” si llegaba a ser detenido. En esa causa fue sobreseído. Pero todavía sigue preso por otro caso, a cargo del juez federal de Quilmes Luis Armela.
Báez también intenta recuperar su libertad. El Tribunal Oral Federal Nº 2, a cargo del juicio por lavado de dinero, causa conocida como “la ruta del dinero K”, había prorrogado su prisión preventiva, pero la Cámara de Casación no homologó esa prórroga. Pero sobre Báez rigen otras dos prisiones preventivas, ordenadas por el juez Sebastián Casanello, quien rechazó el último pedido de libertad del empresario, señalando la existencia de riesgo procesal. (La Nación)
