El proyecto del Gobierno impone subas del 25% en los modelos de más de $ 1,8 millón y 50% en los de más de $ 3,3 millones.
Por: Luis Ceriotto
El 43% de la oferta de vehículos cero kilómetro que todavía tienen las concesionarias a la venta podría encarecerse o directamente quedar fuera del mercado en caso de que el megaproyecto de ley que envió el presidente Alberto Fernández al Congreso sea aprobado sin modificaciones. Ocurre que una parte de la norma incluye la restitución de la doble escala de impuestos internos a los vehículos, cuyo efecto concreto será una suba de precio de 25% para para los modelos que superen 1,8 millón de pesos (precio al público). En el caso de los vehículos con un precio superior a $3,3 millones la suba será del 50%.
Un trabajo del importador Ernesto Cavicchioli, representante de la marca Hyundai en la Argentina, estimó (con datos de diciembre) que sobre 991 modelos y versiones de autos, SUV’s, utilitarios y pick ups disponibles en las concesionarias, un 43% quedará afectado por los nuevos impuestos.
Las pick ups y los vehículos utilitarios seguirán quedando exentos, lo cual resulta beneficioso para los cuatro modelos de pick ups que se producen en el país (Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok y Nissan Frontier) y no tanto para los utilitarios locales (Renault Kangoo, Citroën Berlingo, Peugeot Partner), cuyo precio actual está bastante por debajo del umbral de $1,8 millón. En cambio, sí podrían caer en la volteada de la primera escala de impuestos otros dos modelos locales: las versiones de alta gama del Chevrolet Cruze y la Toyota SW4.
En la Asociación de Concesionarios Automotores (ACARA), que agrupa a unas 1.500 concesionarias, en su mayoría de las denominadas marcas “generalistas”, ayer enviaron una circular interna donde anticipan que pedirán al gobierno de Fernández una “revisión de la medida” sobre los impuestos internos. Tras un año en que las ventas cayeron casi 50%, las concesionarias tienen un stock de vehículos sin vender (camiones incluidos) de 120.000 unidades.
Cavicchioli, por su parte, dijo que todas las marcas están trayendo autos cuyo pago ya está comprometido y que llegarían cuando la nueva ley ya los haya encarecido. “No nos pueden cambiar las reglas de juego de esta manera, ya que nos empujan al borde del precipicio”, agregó.
La mayor parte de ese 43% afectado por el proyecto de ley corresponde a autos importados. Si bien las propias terminales automotrices agrupadas en ADEFA son las principales importadoras de vehículos en la Argentina, hay un porcentaje de entre 7% y 10% de unidades que es traído desde extra zona (con un arancel del 35%) por parte de distribuidores independientes, agrupados en la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales (CIDOA). La entidad señaló que el proyecto de ley “pone en serio riesgo la continuidad de empresas dedicadas a la importación, la mayoría de ellas de empresarios argentinos, con imaginables consecuencias para 176 concesionarios, 311 talleres post venta y 8600 puestos de trabajo directos”.
Los impuestos internos nunca fueron completamente derogados, pero en enero de 2018 habían sido atenuados: el gobierno de Macri eliminó la primera escala y redujo a 20% (25% efectivo) la segunda. Al día de hoy, se cobra ese recargo del 25% a los vehículos cuyo precio de lista supera los 2,5 millones.
Con el nuevo proyecto, se volvería a un esquema más parecido al que rigió en 2014 y 2015: una tasa del 20% (25% en el precio final) para unidades a partir de 30.000 dólares y del 35% (50% real) para los que que superen los US$ 50.000. Al menos, mientras el dólar oficial ronde los 63 pesos. (Clarín)
