Procesan a Lázaro Báez como jefe de una asociación ilícita en Bahía Blanca

Por: Hugo Alconada Mon

Más de cinco años después de que comenzó la investigación, la Justicia federal de Bahía Blanca procesó al presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez, como el supuesto jefe de una asociación ilícita destinada a cometer delitos en perjuicio del Estado por más de $673 millones y ordenó trabarle embargos hasta cubrir la suma de $120 millones.

El juez federal Walter López da Silva -el quinto magistrado al frente de una investigación que afrontó todo tipo de contratiempos- también procesó a varios empresarios y profesionales de Bahía Blanca como coautores de la presunta asociación ilícita. Entre ellos, Silvio Ficcadenti, José Antonio Ferreyra y Rogelio Alberto Chanquía, con embargos de $70 millones cada uno.

López da Silva dispuso, sin embargo, que tanto Báez como los bahienses procesados continuarán en libertad, ya que no ordenó su prisión preventiva mientras sigue adelante la pesquisa, con la apertura de un nuevo expediente por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

La resolución del juez López da Silva se conoció solo horas después de que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reclamara el procesamiento de Báez y los restantes acusados por las presuntas maniobras delictivas que habría protagonizado durante años con facturas apócrifas -es decir, “truchas”- para beneficiar a Austral Construcciones, la principal constructora de Báez.

Los procesamientos llegaron, también, poco después de que el abogado porteño Adrián Rois renunciara como defensor del dueño de la financiera Crediba, Néstor Manuel Piñeiro, quien también terminó procesado, sin prisión preventiva como supuesto miembro de la asociación ilícita, al igual que el hijo de Lázaro Báez, Martín Antonio Báez, y otros empresarios bahienses: Franco y Enzo Ficcadenti, Denis y Franco Ferreyra, y Mario e Iván Pedraza.

Rois renunció a la defensa de Piñeiro días después de que LA NACION reveló la irrupción en Bahía Blanca del ayudante de cátedra del entonces presidente electo, Alberto Fernández, quien tras la publicación periodística rechazó a través de su cuenta oficial de Twitter, y de manera tajante, cualquier sospecha por tráfico de influencias.

Rois también negó, enfático, la comisión de cualquier eventual falta ética en su labor, que acotó a lo profesional. Presentó un escrito en defensa de Piñeiro en que pidió su sobreseimiento. Pero el juez López da Silva no admitió su planteo y terminó por procesar a su cliente y dictarle un embargo por $ 40 millones.

Mejor parados, en cambio, salieron otros dos empresarios de Bahía Blanca, Mauro Ficcadenti y Jorge Atilio Ferreyra. El magistrado estimó que no hay méritos suficientes para procesarlos o sobreseerlos con las evidencias recolectadas durante estos casi seis años de investigación.

Encubrimiento en Bahía

Desde su inicio en 2014, tras una investigación de LA NACION, la tramitación del expediente judicial sobre la red local vinculada a Báez causó un terremoto en Bahía Blanca. Provocó que el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ordenara el cierre de la Regional del organismo en esa ciudad. También causó el apartamiento del por entonces primer juez subrogante tras ordenar unos allanamientos en 2015. Y dejó en evidencia la pasividad de los fiscales Antonio Castaño y su superior, Alejandro Cantaro, procesado por la presunta protección que habría brindado a una banda narco.

Ahora, la decisión de procesar a Báez y el grupo de empresarios y profesionales bahienses como parte de una supuesta asociación ilícita deberá ser analizada por la Cámara Federal con asiento en Bahía Blanca, mientras que deberían darse los primeros pasos en la pesquisa por lavado de activos.

En esa línea, el juez López da Silva indicó en su resolución que “luce como probable la eventual comisión del delito” de lavado, “máxime al considerar la exclusiva finalidad de lucro del tipo penal de la asociación ilícita para cometer esencialmente delitos tributarios”, pero que para avanzar por esa senda falta desarrollar “un análisis especializado -y probablemente extenso- de la capacidad económica de cada uno de los imputados”.

Sin embargo, ese análisis podría afrontar obstáculos durante los próximos meses con el arribo de las nuevas autoridades al frente de la AFIP, de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la unidad antilavado (Unidad de Información Financiera, UIF), en tanto que el magistrado también dispuso correr vista a la Fiscalía para que analice otro eje derivado de esta pesquisa, centrado en “la posible existencia de delitos de acción pública que podrían haber sido cometidos por funcionarios de la AFIP” en su afán por proteger a Báez y ocultar qué delitos se cometieron en Bahía Blanca. (La Nación)