Mendoza suspendió el tratamiento minero y en Chubut hay alerta y amenazas de conflicto social

11:30 – (Por Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Hace más de dos años venimos diciendo que tanto el anterior gobierno nacional y mucho más el actual, buscan expandir la explotación minera en el país para capitalizar mayores recursos y especialmente intenta entrar en aquellas provincias con restricciones (algunas más otras menos) a la megaminería, entre ellas Mendoza, Río Negro y Chubut.

Tras un escándalo público y la presión social que le quitó licencia política al flamante gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, éste suspendió la Ley 7.222 de minería que la Legislatura a instancias del Ejecutivo, modificó para habilitar el uso del cianuro en el territorio mendocino.

En Chubut, el retiro de la licencia social a la minería es “total y absoluta”, tal como marcan las organizaciones encargadas de bregar durante tantos años por la conservación del agua, el medioambiente y la libertad de elegir cómo vivir en la provincia, señalan y repiten quienes se encuentran atentos a cualquier posibilidad de modificación de la Ley 5001 que prohíbe expresamente el uso del cianuro en Chubut y fundamentalmente el desarrollo de la megaminería o minería a cielo abierto.

Venimos advirtiendo desde OPI Chubut que el impulso de Macri a la minería en nuestra provincia tomó mayor dimensión y apoyo con el actual gobierno y en ese sentido y ante la necesidad imperiosa de recibir ayudas financieras el actual gobernador Mariano Arcioni acordó con Alberto Fernández desarrollar todas las estrategias posibles para que la megaminería en esta provincia sea una realidad.

Los pasos se están cumpliendo y el gobierno nacional ha emprendido un camino de no retorno sobre la explotación del macizo central y el denominado “proyecto Navidad” que contiene una ley de oro y plata muy importante que se encuentra sin explotar y la Barrick Gold y subsidiarias están dispuestas a meter mano. Sin embargo, tanto el gobierno nacional como el provincial, a pesar de los intentos por quebrar la resistencia, no han logrado ni lograrán (a instancias de los grupos ambientalistas y de ciudadanos de Chubut) imponer la megaminería, al menos no sin la convulsión social que genera cada vez que este tema aparece en la agenda pública.

Los diputados de Chubut están ante la encrucijada de cumplir las órdenes políticas y exponerse al repudio social. El gobernador Arcioni ha registrado claramente el destino que puede tener su proyecto, a instancias de lo sucedido en Mendoza, con el agravante de que Suarez no está tan mal posicionado como Arcioni y cuenta con una provincia más estabilizada en términos económicos y financieros. Por otro lado Chubut no ha salido de los problemas sociales que tiene por falta de pago de salarios y aguinaldo y en estos días el gobierno nacional le enviaría 500 millones de pesos a cuenta de regalías, pero con ese monto no llega ni siquiera a cancelar los aguinaldos. Es decir, el gobernador Arcioni, corre el riesgo de desestabilizarse a sí mismo si, además de todo el peso del conflicto social que no puede sostener ni resolver, le suma el de la megaminería.

“La población de Chubut está alerta desde la cordillera al mar y de norte a sur”, señalaban dentro de las 250/300 personas en vigilia frente a la legislatura provincial. “No queremos Jáchal, ni San Julián para los chubutenses. Acá el agua y la vida están primero”, señalan en carteles y voces que se elevan para ser escuchadas por los diputados. Las organizaciones ambientalistas han elaborado un plan de concientización que está llegando a cada rincón de Chubut y han asegurado que si el gobierno avanza en este sentido, las poblaciones se levantarán en contra de cualquier medida que pretenda la contaminación del suelo y los acuíferos provinciales. (Agencia OPI Chubut)