Lo que anunciamos pasó: el gobierno de Chubut, desesperado, anunció un proyecto para modificar la Ley 5001 y permitir la minería

12:15 – (Por Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Nuestras fuentes en esta provincia son tan confiables que no dudamos en hacer el adelanto de la información y enmarcar el análisis en la crisis de la provincia de Chubut, sin apartarnos una coma de lo que comenzó a suceder en el gobierno de Mariano Arcioni, un gobernador desesperado por implantar la alternativa minera, dado que la última visita a la casa de gobierno, el presidente Fernández ya evitó atenderlo y el Ministro de Economía de la Nación se sinceró con el mandatario provincial al decirle que el gobierno nacional no puede ayudar a Chubut enviándole todos los meses remesas de 800 o 1000 millones de pesos, con lo cual el gobernador debe buscar necesariamente una salida autosustentable; y esa es: la minería.

Carlos Relly, Secretario General del gobernador Mariano Arcioni hizo declaraciones nada menos que en Canal 4 de Esquel, la localidad más antiminera de la Patagonia y no dudó en asegurar que el Ejecutivo tiene en manos un proyecto para modificar la ley Nº 5001 que impide el uso del cianuro y por ende la minería a cielo abierto y en un sincericidio que demolió todas las excusas y las metáforas que usaba tanto Arcioni como sus funcionarios cuando algún periodista le preguntaba sobre este tema, Relly dijo que “la minería es la columna vertebral de un plan estratégico de crecimiento económico y desarrollo social” y si bien no adelantó la fecha de presentación del proyecto de ley a la Legislatura, agregó que los diputados ya se encuentran discutiendo su implementación y la forma en que será presentada.

Pero para evitar un repudio generalizado, el funcionario de Arcioni dejó rápidamente aclarado que el desarrollo minero en Chubut dejará afuera a la zona cordillerana, precisamente donde se asienta Esquel, ciudad con el mayor índice de rechazo a la minería en la provincia  y en la Patagonia. La estrategia de Relly, fue “poner del lado del gobierno” a la población de Esquel, como forma de silenciar los reclamos y lograr que los grupos ambientalistas y los vecinos de esa localidad, no se interpongan en el camino desesperado del gobernador, que tiene como única meta instalar la minería para seguir solicitando ayudas adelantadas al gobierno nacional, usando como coseguro las regalías provenientes de la minería a cielo abierto.

“ Yo supongo que la zona cordillerana va a acompañar esta ley porque, precisamente, va a prohibir la actividad en esa zona de Chubut”, dijo el Secretario General de la Gobernación, intentando quebrar la resistencia social a la minería, largamente impulsada desde organizaciones antimineras de Esquel. Relly, trató de convencer a los esquelenses de que el proyecto minero de Chubut se extiende “solo” en la meseta central y afirmó que el gobierno de Arcioni tiene la licencia social necesaria y el consenso político suficiente como para ir adelante con el proyecto megaminero. Sin embargo, en las últimas horas ningún sector del gobierno, ni el propio gobernador salieron a ratificar sus palabras.

La falacia del discurso oficial

El gobierno provincial está desesperado y en esa carrera por obtener fondos, ya no mide las consecuencias de los conflictos que históricamente produjo la idea de la minería a cielo abierto, la contaminación del cianuro, el pasivo ambiental eterno, la baja rentabilidad que le queda a la provincia y la afectación del mayor recurso humano que hoy tienen los habitantes de Chubut y que recrudecerá en los próximos 10 o 20 años: el agua.

Es absolutamente falaz que el gobierno de Chubut tenga “licencia social” para avanzar con el proyecto minero. Por el contrario, la ciudadanía desde la cordillera al mar (como ya ha quedado demostrado) se ha opuesto sistemáticamente al desarrollo minero en la provincia y ponen como ejemplo a San Julián (provincia de Santa Cruz), un pueblo el cual a pesar de estar pegados al proyecto Cerro Vanguardia, adolece de servicios, infraestructura y condiciones de calidad de vida que se realacione con el inmenso costo ambiental que paga y pagará en el futuro, ante un proyecto minero prácticamente agotado que cuando termine deja un entorno lunar en el paisaje, las napas de agua contaminadas, las partículas que contaminaron por años el aire y lo seguirán haciendo a través de la degradación del terreno y efecto de los vientos, la lixiviación del cianuro que ha penetrado por año la corteza terrestre y la destrucción de la tierra en el entorno paisajístico que ha producido decenas de “pits”, agujeros de 40 metros por más de 100 de largo y 90 mts de profundidad, oscuros y peligroso testimonio de uno de los peores ataques al ambiente que se ha hecho en la provincia vecina.

Contrariamente a lo que piensa y dice Relly, en Chubut no hay un sector de la población que rechaza la minería, según él asentado en Esquel; el movimiento ambientalista antiminero en la provincia está muy cohesionado y recorre Chubut de norte a sur y de este a Oeste. Y los intendentes lo saben. Apoyar la modificación de la Ley 5001 es políticamente incorrecto y ya hubo a lo largo de estos años, indicativos fuertes de cómo le ha ido a quienes pretendieron adherir a esta ola de convencimiento social de que la minería nos podrá salvar, cuando no hay un solo ejemplo en el país (y mucho menos lo es Santa Cruz) de que la megaminería sirva a los intereses de la gente. “El pueblo” o “la gente” como colectivizan los políticos, no son los favorecidos sino las víctimas de lo que dejan a futuro esta brutal forma de extraer minerales. Solo les queda el pasivo ambiental, mientras las empresas extranjeras se llevan los recursos no renovables y la clase política negocia fondos todo ese tiempo. Terminada la labor minera, con los años, solo la contaminación eterna es el “patrimonio” del cual se deberán hacer cargo los que sigan viviendo en Chubut. (Agencia OPI Chubut)