Divididos, los partidos conservadores ponen objeciones para modificar el texto aprobado por la dictadura de Pinochet
Por: Víctor García
En las calles, el estallido social vive una suerte de transición. Las protestas disminuyeron y las mayores convocatorias se producen los viernes, principalmente en el sector de la Plaza Italia, en el centro de Santiago. De igual modo, muchos chilenos sostienen una teoría al respecto: que después del período 1de vacaciones las manifestaciones volverán con fuerza.
Mientras eso ocurre, los puntos de conflictos en Chile se volcaron hacia las diversas trincheras políticas y en torno de un tema en particular: el plebiscito del próximo 26 de abril que determinará si los chilenos quieren establecer una nueva Constitución. La actual Carta Magna rige desde 1980, fue instaurada durante la dictadura de Augusto Pinochet y su reemplazo surgió como uno de los principales reclamos del movimiento social.
A mediados de noviembre, la oposición y el oficialismo firmaron un histórico acuerdo en el que se estableció un referéndum que también definiría el tipo de mecanismo que se utilizaría para plasmar la nueva Constitución, en caso que fuera aprobada. “Este es un primer paso histórico y fundamental para construir un nuevo pacto social”, dijo en esa oportunidad el presidente chileno, Sebastián Piñera.
Impulsados por el clima ciudadano que en esos días alcanzaba un alto nivel de ebullición, los políticos de diversos sectores se alinearon con una de las principales demandas de la calle y confirmaron su apoyo a la nueva Carta Magna: “Voy a votar a favor de que tengamos una nueva Constitución […] El país necesita tener una Constitución de consenso que nos pueda acompañar por el próximo tiempo”, dijo en ese momento el senador Andrés Allamand, uno de los históricos de la derecha.
Sin embargo, el escenario político se fue modificando y comenzaron a surgir las primeras dudas. Y pese a que la discusión parecía zanjada y gozaba de un apoyo transversal, hubo un cambio de planes dentro de la derecha, donde surgieron diferencias y las posturas evidenciaron una serie de fragmentaciones: desde el ala más dura, que siempre se mostró contraria a reemplazar el texto originado en el gobierno de Pinochet, hasta los representantes de sectores más moderados, que hoy se declaran en un período de “reflexión”. El brusco cambio de opinión provocó múltiples reacciones y estimuló a varios parlamentarios a fijar una nueva posición.
“No es el momento de embarcar al país en una discusión por una nueva Constitución”, dijo a la nación Sofía Cid, diputada del partido de derecha Renovación Nacional (RN). “Construir una nueva Constitución significa no sacar adelante la agenda social con la prontitud que se nos pide. Además, una Carta Magna no se construye de forma exprés, en uno o dos años que demandará su elaboración y luego someterla a un plebiscito. Serían hasta dos años de incertidumbre. Estoy por hacerle cambios profundos a la actual Constitución, que creo es la forma adecuada de salir del momento social en que nos encontramos de forma mucho más rápida y eficiente, sin perder tiempo”, agregó la parlamentaria.
Por su parte, María José Hoffmann, vicepresidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), aseguró a este diario que “la constitución chilena ha tenido más de 220 modificaciones y lleva la firma de un expresidente socialista, que es Ricardo Lagos”. “Si hay algo que ha hecho a Chile un país próspero, estable y con movilidad social ha sido precisamente reglas claras y eso en gran parte es gracias a esta Constitución”, añadió Hoffmann.
“Además, lamentablemente hay una izquierda no democrática de inspiración chavista que quiere destruir todo símbolo de desarrollo. Esta conducta no es nueva en la izquierda y lo que buscan es imponer un modelo socialista que aún no se atreven a decir. Sin embargo, en Chile subyace una sociedad libre y democrática que quiere seguir diferenciándose de los fracasos socialistas en América Latina”, señaló la parlamentaria.
Desde la oposición, el cambio en el discurso de sus oponentes políticos generó duras críticas y también estableció cierta incertidumbre respecto de lo que pasará en el plebiscito de abril.
Las últimas encuestas dieron cuenta de un apoyo al cambio constitucional en torno del 70% y de una amplia participación en el proceso electoral.
“Esto es un patrón de conducta de la derecha, de que cuando hay una crisis salen todos un paso al frente a decir que se requieren profundos cambios y disponibilidad para los cambios, pero a la hora de los cambios siempre se encuentra algún pretexto para cambiar de opinión”, criticó José Miguel Insulza, senador socialista y exsecretario general de la OEA. (La Nación)
