Por: Iván Ruiz
Pruebas cuestionadas, tironeos políticos y especulaciones mediáticas atraviesan la causa judicial que intenta determinar quién es el responsable de la muerte del fiscal Alberto Nisman. El fiscal Eduardo Taiano trabaja para elevar a juicio durante 2020 un expediente que, cinco años después del hecho que conmovió al país, no tiene ningún acusado como autor intelectual ni material del magnicidio.
La hipótesis sobre el homicidio de Nisman está anclada en un peritaje de Gendarmería realizado durante la gestión de Patricia Bullrich. Pero si a esa hipótesis fue puesta en duda en los últimos días por el Gobierno. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aseguró que, a pedido del Presidente, el Ejecutivo realizará una “revisión técnica-administrativa” sobre el peritaje realizado por la fuerza de seguridad.
“Una pericia que determina cómo ocurrió un hecho sin haber estado nunca en el lugar de los hechos, yo nunca vi una cosa igual”, remató Alberto Fernández. Pero el fiscal Taiano advirtió que no está en sus planes pedir modificaciones sobre el estudio: “No tenemos ningún plan de repetir el peritaje”, dijo ante la consulta de LA NACION.
El informe realizado por 24 expertos de Gendarmería había asegurado en 2017 que a Nisman lo mataron dos personas. Lo golpearon y lo redujeron en su departamento haciéndole ingerir ketamina antes de que le dispararan. Uno lo sostenía por detrás y, con una de las rodillas tocando el piso mientras la otra persona llevaba el arma hacia su cabeza, le dispararon. El tirador dejó el arma en el piso, detrás del cuello del fiscal, y se retiró del baño para no pisar la sangre. Luego su cómplice, que lo tenía tomado de las axilas, lo depositó en el piso y lo acomodó, concluyeron tras analizar las manchas de sangre.
Las conclusiones de ese análisis discreparon con los resultados de una junta criminalística anterior, de la Policía Federal, que en junio de 2015 había dicho que Nisman estaba solo y de pie cuando se disparó de frente al espejo. Pero tanto el fiscal Taiano como el juez Julián Ercolini sostuvieron que no había contradicción, sino que Gendarmería, con una mirada integral, había llegado más lejos.
El juez Ercolini tomó ese informe oficial como el sustento para procesar al técnico informático Diego Lagomarsino como partícipe necesario del homicidio, y a los custodios Néstor Durán, Luis Miño y Armando Niz por encubrimiento al demorar la intervención de las autoridades, una acusación que también alcanzó al policía Rubén Benítez. El magistrado acusó a Lagomarsino -cuya defensa había rechazado el peritaje- por considerar que fue quien le dio al fiscal de la causa AMIA el “arma amiga” con la que luego se intentó simular un suicidio. La Cámara Federal confirmó ese fallo de Ercolini.
¿Quiénes fueron, entonces, los autores del crimen? Por ahora no hay acusados. Después del procesamiento, que ocurrió en diciembre de 2017, la causa entró en un largo derrotero judicial que podría culminar con la elevación a juicio oral durante este año, informaron fuentes judiciales. El caso ya acumula 120 cuerpos y 200 cajas de documentación. Los investigadores avanzan en la búsqueda de los asesinos sobre el mundo del espionaje que rodeaban la investigación de la causa AMIA, donde se movía Nisman por su trabajo como fiscal federal.
El fiscal Taiano ya empezó a trabajar en la elevación a juicio, pero antes de emitir ese dictamen deberá esperar el resultado de un peritaje tecnológico que se llevó adelante sobre los equipos que se secuestraron a Lagomarsino y a los custodios de Nisman. Son casi 250 los dispositivos bajo análisis. El foco de los investigadores está en el análisis de las comunicaciones que se registraron entre espías, miembros del Ejército y también de las fuerzas de seguridad durante el 18 de enero. (La Nación)
