Por: Maia Jastreblansky y Candela Ini
La reforma judicial que Alberto Fernández prometió enviar al Congreso el día que asumió la presidencia se dilata por la sensibilidad que despierta la letra chica de la iniciativa en el interior de la coalición de gobierno. Esas inquietudes internas se conjugan, además, con el delicado momento que atraviesa el país, que entró en una etapa crucial de la negociación de la deuda con sus acreedores, situación que obliga a extremar recaudos y requiere evitar cualquier ruido político.
El Presidente tiene definido resucitar el espíritu que tenía el “plan Beliz” de 2003. Es decir, diluir el poder de los jueces federales de Comodoro Py -donde se tramitan las causas de corrupción- y cortar las históricas terminales que los servicios de inteligencia tienen en esos tribunales. El propio regreso de Gustavo Beliz a la función pública ilustró estas intenciones.
Pero la discusión interna sobre cómo implementar ahora una reforma de estas características todavía no está saldada puertas adentro del Frente de Todos. Figuras de extrema confianza del Presidente y referentes del kirchnerismo duro con incidencia en la gestión judicial coincidieron en los últimos días, en diálogo con LA NACION, en que es muy difícil que un proyecto de semejante impacto llegue al Parlamento antes de las sesiones ordinarias de marzo.
No solo eso: minimizaron la posibilidad de que prospere una fusión de Comodoro Py con el fuero penal económico, una de las alternativas que trascendieron tras el recambio presidencial, aunque no descartaron la idea de unificar competencias con otros tribunales.
Fernández comenzó a darle forma al proyecto de la reforma judicial muy celosamente, en un cónclave a puertas cerradas, con Beliz y la ministra de Justicia, Marcela Losardo, su socia de toda la vida. Lo delicado del proyecto y el mal antecedente del enfrentamiento de Beliz con Antonio Stiuso, hace 15 años, condujeron a ese grupo a maniobrar el tema intramuros, con recaudo extremo.
Por lo encriptado, algunos dirigentes kirchneristas que intervienen en temas judiciales comenzaron a mirar con recelo el proceso.
“Beliz no representa a toda la coalición del Gobierno y ninguna reforma va a avanzar sin que la vea primero el kirchnerismo”, deslizó días atrás un referente ultra-K que sigue la agenda judicial y que esperaba que el secretario de Justicia (y hombre de Cristina Kirchner en el Ministerio), Juan Martín Mena, pudiera hacer valer su silla en la mesa de discusión.
La mayor alerta se disparó cuando circuló la versión de que la reforma judicial podría contemplar unificar las competencias de los tribunales penales federales con la del fuero penal económico y tributario.
Esa idea no cayó bien en los tribunales de Comodoro Py, pero tampoco en el ala más dura del kirchnerismo. “La reforma hay que hacerla, pero hay que analizar bien el impacto”, advirtió a este medio una semana atrás un funcionario kirchnerista que interviene en temas judiciales, al referirse puntualmente a la posible unificación de competencias. El funcionario manifestó su desconfianza hacia los magistrados del fuero penal económico.
Reunión
Las inquietudes internas, sin embargo, se apaciguaron en las horas previas al viaje de Alberto Fernández al Vaticano. Según pudo reconstruir LA NACION, horas antes de embarcar con el Presidente a Roma, Losardo mantuvo una reunión de trabajo con Mena y con Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza de Eduardo “Wado” de Pedro y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. “Se pudo haber sobrevolado el tema, pero la reforma la está trabajando Alberto a puertas cerradas”, se limitó a decir una fuente sobre ese encuentro.
El Presidente está en Europa con Beliz y Losardo, las personas en las que confía para trabajar este tema.
En Buenos Aires, a 11.000 kilómetros de ese concilio, las aguas se calmaron. “La fusión con (el fuero) penal económico se desinfló y no va a salir nada ya”, dijo al final de la semana pasada un portavoz del kirchnerismo que monitorea el proceso.
En la Casa Rosada, en tanto, coinciden en que no es momento de generar un cimbronazo político: el 31 de marzo es el límite que se impuso el Gobierno para reestructurar la deuda, y cualquier tipo de tensión por la reforma judicial podría sumar ruido a la negociación con los acreedores. “Nada de esto se va a hacer sin consenso político y menos hacia adentro”, dijo una fuente oficial.
La última vez que Fernández se refirió al tema, en una entrevista con C5N, afirmó: “Estamos trabajando sobre la reforma de la Justicia. Es un tema complejo y delicado. Queremos una Justicia Federal más activa. En el resto del país está más enfocado en el crimen organizado y en la ciudad de Buenos Aires parece poner más el foco en los temas de corrupción, que está bien, pero que es insuficiente. Estamos evaluando cómo podemos construir una nueva Justicia Federal. Estoy trabajando personalmente en el tema”.
Aunque la reforma y una eventual unificación de competencias serían el cambio más de fondo, el Gobierno ya dio una pauta de cómo será su gestión en materia de Justicia: se retiraron todos los pliegos de los candidatos a juez que había enviado al Senado el expresidente Mauricio Macri y sigue en ejecución, por otro lado, la implementación del nuevo código acusatorio, que dota de mayor poder a los fiscales para llevar adelante la acción penal. (La Nación)
