Por: Iván Ruiz
El Gobierno pidió hoy por primera vez una condena contra personajes involucrados en maniobras de corrupción durante el kirchnerismo. La AFIP, querellante en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, pidió hoy una pena de ocho años de prisión para el empresario Lázaro Báez en el juicio oral por lavado de dinero.
La AFIP, que se había constituido como querellante durante el gobierno de Mauricio Macri, pidió también una pena de siete años y seis meses para su hijo mayor, Martín Báez, su abogado Daniel Pérez Gadín y el contador Jorge Chueco, respectivamente. El organismo solicitó también siete años para Fabián Rossi; seis años para Federico Elaskar, y cinco años para Leonardo Fariña.
El pedido de sentencia para Lázaro Báez realizado por la AFIP fue calificado como “alto” por distintas fuentes que investigaron el expediente dado el delito que se le imputa, de coautor de lavado de dinero.
La AFIP, a cargo ahora de Mercedes Marcó del Pont, continuó hoy con el alegato que había comenzado la semana pasada, aunque esta vez con un tono menos inquisitivo con respecto a las responsabilidades de funcionarios kirchneristas que permitieron los hechos que se le reprochan a Báez.
Durante la primera parte de este alegato, la AFIP había señalado a Néstor Kirchner como parte de la maniobra que culminó en el lavado de dinero, ya que tanto el expresidente como Cristina Kirchner fueron involucrados en uno de los delitos precedentes de ese presunto blanqueo: la entrega de contratos de obra pública en Santa Cruz, que se investiga en otro expediente.
Sin menciones a Cristina Kirchner
Hoy, sin embargo, los abogados de la AFIP no hicieron ninguna mención del delito precedente. Ni siquiera fue nombrado el apellido Kirchner durante las seis horas de presentación.
Durante el gobierno de Macri, cuando el responsable de la AFIP era Leandro Cuccioli, el organismo apeló la falta de mérito que el juez Sebastián Casanello le había dictado a Cristina Kirchner y pidió, allá por noviembre de 2018, que continuara bajo investigación en este expediente, una acusación que finalmente fue rechazada por la Cámara Federal.
El alegato de la AFIP fue retomado desde las 10 por el abogado Luis González Ávalos, pero una hora después quedaron a cargo de la exposición dos colegas del organismo.
González Ávalos había apuntado hace dos semanas contra Néstor Kirchner y se había referido, en varias oportunidades, a la relación de Báez con Kirchner y su importancia en la incursión de Báez en el mundo de la construcción. “Se ha corroborado que entre 2010 y 2013 se ha pergeñado un enorme derrotero criminal, un plan común tendiente a blanquear sumas millonarias de dinero que por supuesto, a estas alturas no hay dudas de que tienen origen delictivo”, expuso González Ávalos.
Esa primera exposición generó tensiones internas en la AFIP. En los días posteriores a su alocución, circuló un correo electrónico adjudicado a González Ávalos -al que accedió LA NACION- que da cuenta de una explicación del abogado a sus superiores para justificar su intervención en el juicio. En ese correo, además, se consulta sobre posibles nuevos “lineamientos” para continuar con el alegato que culminó esta tarde. “Es información interna sobre la que no voy a hacer comentarios”, dijo hoy Ávalos ante la consulta de LA NACION.
Durante las cinco horas de alegato, la AFIP se enfocó hoy en la maniobra realizada por Báez, su familia, su abogado Pérez Gadín y su contador Chueco para ocultar US$60 millones en distintos paraísos fiscales. También, en la adquisición de la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”, que era propiedad de Elaskar.
Báez y su círculo son juzgados por haber ocultado US$60 millones a través de una compleja estructura financiera en el exterior. La hipótesis de la Justicia es que los delitos precedentes del blanqueo de Báez fueron, por un lado, evasiones adjudicadas a Austral Construcciones y, por otro, hechos de corrupción vinculados a obras públicas viales en Santa Cruz, que se investigan en otro expediente en curso que involucra a Cristina Kirchner.
Cuatro años detenido
Báez, hoy ausente en la audiencia, fue detenido por “la ruta del dinero K” en abril de 2016 por orden del juez Casanello y desde ese momento permanece detenido con prisión preventiva.
La Cámara Federal de Casación le concedió en diciembre la excarcelación en “la ruta del dinero K”, pero el empresario continúa detenido por otra prisión preventiva dictada en un expediente paralelo por la compra del campo El Entrevero, en Uruguay. Su detención fue ratificada hoy por la Cámara de Apelaciones.
El juicio oral de “la ruta del dinero K” continuará el miércoles próximo con el alegato de la Unidad de Información Financiera (UIF), el querellante más activo en este caso, que ha intentado -durante la gestión macrista- involucrar a Cristina Kirchner. La UIF consideró hasta ahora que al expresidenta no solo intervino en el delito precedente, sino que además fue parte del lavado de dinero por el que se está juzgando a Báez. (La Nación)
