14:30 – (Por Rubén Lasagno) – El crimen de Puerto Deseado golpeó el avispero de la seguridad en Santa Cruz. Esta provincia es un coto reservado de la inseguridad con crímenes, robos y suicidios en números que si los tuviéramos en estadísticas (las cuales el gobierno se cuida en no procesar) nos apabullarían y si a eso le agregamos los delitos impunes, el mal funcionamiento de la justicia en general (En Santa Cruz no hay un solo funcionario imputado de un delito de corrupción) y la connivencia de muchos delincuentes con la propia Fuerza del orden, descubrimos un cóctel peligrosamente explosivo oculto debajo de una sociedad apagada, ya sea en gran parte por la indiferencia y/o por las presiones o el miedo a quedar bajo la mira del kirchnerismo que siempre tendrá a mano una forma para cobrar las facturas impagas de la desobediencia.
El problema que se le agregó al gobierno en esta oportunidad, fue la repercusión nacional que tuvo el hecho, especialmente por el asesinato de un niño en manos de dos bestias que merecerían la peor de las condenas.
El Juez
El Juez a cargo de la causa, Oldemar Villa, perdió su tranquilidad a partir de ser el magistrado interviniente en el caso que rebotó en los medios nacionales y la bisagra de todo fue la aparición de un equipo periodístico de TN en la ciudad lo cual les permitió a muchos vecinos mostrar su disconformidad con la policía, la justicia y apuntar decididamente contra el propio Juez, el comisario y por extensión al Ministro de Seguridad.
Villa no es considerado un “juez K”, entendiendo esto como un magistrado con exclusiva dependencia política de sus fallos. El problema de Oldemar Villa, tal lo que OPI pudo reconstruir con distintas fuentes locales y judiciales, es que se trata de una persona con un sentido “garantista” bastante exacerbado y se ha caracterizado por dejar libres a criminales confesos y de hecho el asesino y violador mayor de edad, Omar Alvarado, ya tiene una causa con Villa por tentativa de asesinato de su propio sobrino (en la misma cueva donde mató a Santino hace unos días) y consta que esta bestia fue liberada por el propio Juez en aquella oportunidad y en ésta última.
Otras fuentes de Puerto Deseado vinculadas a la justicia, aseguraron que a Villa son muy pocos los que lo quieren y lo han acusado más de una vez las propias víctimas de ser maltratada por el juez, igual que a sus familiares y una vecina de esa ciudad hace poco tiempo denunció en el juzgado que su hija fue abusada y el juez le dijo (de mala manera) que vuelva en 6 meses “porque tenía muchas causas” y dentro de la propia policía le confiaron en Off a este medio que “no lo quiere nadie, porque no mete preso a nadie. El esfuerzo de detener a alguien se ve malgastado por la mala actitud del Juez (Oldemar Villa)”, indicó nuestro confidente quien agregó “… no tiene antecedentes de ser funcional al gobierno, pero sí de ser un tibio y bastante incapaz para el cargo de Juez”, concluyó.
Estas confesiones se corroboran con los testimonios de los vecinos de Puerto Deseado. Lo marcan al Juez Villa como un hombre poco confiable, más recostado a los delincuentes que a las víctimas y en las dos marchas realizadas no ahorraron insultos en contra del magistrado a quien le achacan un nivel de casos irresueltos por arriba del 90%, causas “pisadas”, sentencias no compatibles con el delito que se cometió y liberación de criminales que se han ido de Puerto Deseado, sin que en la actualidad, alguien pueda dar con su paradero. Esto, indican todos ellos, convierte a Puerto Deseado en un lugar de gran impunidad para el delito común y calificado y en ambas marchas pidieron su renuncia.
La policía y el gobierno
Cabe reconocer que la policía provincial actuó rápido y bien en la identificación, búsqueda y captura de los culpables de la violación de la mujer salteña y el asesinato de su pequeño hijo. Rápido de reflejos, ante la explosiva repercusión nacional que amenazaba cubrir el caso, el gobierno destacó en el lugar, desde las primeras horas, al Ministro de Seguridad Lisandro de la Torre, quien no dejó pasar la oportunidad para indicar ante una improvisada rueda de prensa, que los sospechosos habían sido capturados y recalcar que “la tarea de la policía está cumplida”.
El mensaje por elevación era meramente político y fue dirigido al pueblo de Deseado, el de la provincia y los medios nacionales. De la Torre con lo “que no dijo”, en realidad dijo mucho más, pues la interpretación de sus palabras son “La parte nuestra estuvo bien realizada, ahora el problema es del juez. Y como éste juez no nos interesa, lo que haga de acá en más es problema de él, no nuestro” y el metamensaje es para la sociedad de Puerto Deseado y alrededores “Si los sospechosos quedan libres, no los imputa y vuelven a la calle, no es por nuestra culpa; reclámenle a Villa”. Y así fue.
Los medios
Acompañando la necesidad del gobierno provincial de quedar absolutamente desconectado del crimen y sus consecuencias, es notorio ver cómo desde la prensa oficialistas se generan varias notas del mismo tema en un día (sin que se aporten datos sustanciales) y titulan (por ejemplo): “El caso de Puerto Deseado está esclarecido, María y su familia viajan a Salta: ¿qué hará el juez?” (LOA). Por un lado, aclaran que todo lo atinente a la función del estado provincial, el accionar de la policía y el propio Ministerio de Seguridad, ha sido concluido “con éxito”; esto se refuerza con la segunda parte del título “María y su familia viajan a Salta…”, lo cual interpretativamente significa que si vuelven a su lugar de origen es porque aquí todas las actuaciones se han instruido bien, pero inmediatamente rematan con la pregunta ¿Qué hará el Juez? y es casi retórica pues, el gobierno en esa pregunta afirma que todas las sospechas ahora están puestas en el magistrado y lo expone como el único responsable de que las cosas pasen de una u otra manera. El gobierno, a partir de allí, se pone en la tribuna, hace causa común con la gente en las calles y pretende que todo el accionar de Oldemar Villa, no le compete al Ejecutivo. Sin embargo, en Puerto Deseado la protesta no se ceñía exclusivamente al Juez. Pidieron la renuncia del Ministro de Seguridad, del jefe de Policía, el comisario del pueblo y le reclamaron a la gobernadora por la impunidad existente en la ciudad donde muchísimos crímenes, nunca se esclarecieron.
Pero la lectura va más allá de esta simple banalidad oficial, que podríamos interpretar como una actitud tomada por el gobierno a raíz de que el juez de Puerto Deseado “no es propia tropa”, como lo es (por ejemplo) Eduardo Quelín de Las Heras, quien, a pesar de su conducta y sus increíbles fallos, nunca fue preocupación del Ejecutivo.
La oportunidad política
La verdad se oculta detrás de la insistentes notas periodísticas y declaraciones levantadas por los medios para-oficiales de la provincia, sobre la mala calidad de justicia que imparte Villa y se alienta el pedido de renuncia del magistrado deseandese, por cuanto el Ejecutivo ve la posibilidad de ocupar ese juzgado con algún abogado afín.
No es casual, entonces, que se esté impulsando reuniones entre el Intendente K y diputados oficialistas, como así también se involucre al Superior Tribunal de Justicia en una suerte de “revisionismo” de lo actuado por el juez Villa. Obviamente, nadie puede estar en desacuerdo con que las autoridades correspondientes apliquen correctivos y exijan a los jueces el cumplimiento de las normas, pero en éste caso, especialmente, suena más a excusa que a un hecho de conciencia, ética y justicia.
Solo basta alejarse un poco de Puerto Deseado, ir a Caleta Olivia, Pico Truncado y como dijimos, Las Heras, para encontrar ejemplos de jueces igual o más incompetentes que Oldemar Villa y sin embargo, ni los intendentes, ni los diputados y mucho menos el STJ ha tomado cartas en el asunto. ¿Vendrá el pedido de juicio político para el Dr Villa en los próximos días?. Es posible y casi seguro que ello ocurra en lo que tal vez sería un justo proceder para un magistrado sin idoneidad e independencia; pero, a no hacerse los rulos, eso no quiere decir que el que venga sea mejor, lo que sí podemos asegurar es que será absolutamente dependiente de las decisiones políticas del gobierno. (Agencia OPI Santa Cruz)
Un pueblo corrupto que elige delincuentes para que lo gobierne, no puede evitar las injusticias de jueces inconscientes que no diferencian el bien del mal
Este, al menos, no es funcional al poder. Suma un poroto! Y no es poca cosa. La justicia hace tiempo esta perdida porque no tenemos juristas, tenemos politicos que se recibieron de abogados o abogados devenidos en politicos y en el interin, por ambicion y porque el carguito se les subio a la cabeza, olvidaron, ser hombres y mujeres de derecho. Se olvidaron del Estado de Derecho, de las normas, de los principios de derecho, de sus valores y del juramento que hicieron a recibir el titulo. Son garantista, cuando les conviene. In dubio pro…cuando les conviene. Apelan a los derechos humanos, cuando les conviene. La idea es acomodar bien al compañero, no poner gente con conocimientos y que no le tiemble la mano. Pero a nadie le importa. A la sociedad solo le interesa la calidad de la justicia cuando suceden hechos aberrantes como èste o bien, cuando son victimas del sistema y se ven expuestos a reales situaciones de injusticia por gente inescrupulosa. Cuando los funcionarios y magistrados de los estrados judiciales emulan los conventillos de La Boca y se dedican a rosquear, a chusmear, a difamar y calumniar por intereses personales, sea por querer un cargo superior o reventar a alquien simplemente porque les cae mal, penosa y tristemente les informo que poco les importa el servicio esencial de la justicia y la calidad de la misma. No tienen tiempo, estan mas ocupados en el culebron. Mas alla del garantismo o no de èste juez, las leyes son responsabilidad del Congreso de la Nacion, y la de procedimientos responsabilidad de nuestros “honorables” diputados, que rara vez se toman el tiempo necesario para leer un proyecto de ley, literalmente, no tienen la mas remota idea de lo que votan. En conclusion, todo falla. Es el Poder Legislativo quien tiene mucha injerencia en este enrosque, son quienes sancionan leyes y nombran a los magistrados por recomendacion del Poder Ejecutivo. Aca nadie es ajeno.