La ruta del dinero K: La UIF pidió 9 años de prisión para Lázaro Báez

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En su alegato final, el organismo antilavado acusó al contratista de “haber encabezado una organización criminal para lavar dinero”, y solicitó el decomiso de todos sus bienes y los de su grupo empresario.

Por: Lucía Salinas

La Unidad de Información Financiera (UIF) de la gestión de Alberto Fernández concluyó su alegato en el juicio contra Lázaro Báez, sus cuatro hijos, Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Fabián Rossi, y otros 16 imputados todos acusados de haber lavado U$S 60 millones entre 2010 y 2013. El organismo pidió para el contratista una pena de 9 años de prisión.

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Al mayor de los hijos varones de Lázaro, Martín, le pidieron una condena de 7 años de prisión, a su hermana Luciana de 5 años​, a su otra hermana, Melina, de 4 años y medio al igual que al financista arrepentido Leonardo Fariña.

La querella​ de la UIF también pidió al tribunal que decomise todos los bienes de Lázaro Báez y los de sus empresas, y mantenga sobre él, sus colaboradores y sus firmas la inhibición que había sido dispuesta durante la instrucción de la causa.

El ex socio comercial de Cristina Kirchner continúa detenido, y en abril -cuando cumpla cuatro de prisión preventiva- el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) estaría en condiciones de dictar sentencia en el caso conocido como “la ruta del dinero K”.

Después de la condena de ocho años que pidió la AFIP contra Báez y penas de 4 a 6 años para los demás acusados, el Unidad de Información Financiera (UIF) fue el segundo organismo del Estado en pronunciarse en los alegatos por su condición de querellante. Seguirá después la Oficina Anticorrupción (OA), para dar paso finalmente al fiscal ante el Tribunal, Abel Córdoba.

Para la UIF, el empresario K encabezó una “organización criminal para lavar dinero”. Hizo énfasis en el rol de Leonardo Fariña como coautor de las operaciones por las que se blanquearon 60 millones de dólares. “Movieron patrimonios millonarios sin justificación”, sostuvieron los abogados del organismo antilavado.

El 30 de octubre de 2018, Báez se sentó por primera vez en el banquillo de los acusados frente a los jueces Néstor Costabel, Adriana Pallioti y Gabriela López Íñiguez, cuando inició el juicio en su contra. Junto a él están procesadas y acusadas otras veinte personas: sus cuatro hijos, Fariña, Federico Elaskar y Fabián Rossi por ejemplo.

EN su alegato, hace dos semanas, la AFIP apuntó con dureza contra Leonardo Fariña, el único imputado colaborador del caso. Sus abogados afirmaron que el ex financista no realizó “aportes sustanciales al caso”, y pidió para él cinco años de detención. En cambio, para la UIF “parte de los aportes” de Fariña “se han corroborado, y fueron útiles para la causa”, admitiendo su rol como arrepentido en el expediente, lo que podría ayudarlo a reducir la pena que le dé el Tribunal. Pese a esta consideración, el organismo antilavado pidió 4 años y medio de cárcel para el valijero.

Durante su alegato la UIF remarcó que Lázaro Báez administró “millones y millones que corresponden a todos los argentinos”, ya que ratificó que el origen de los fondos aplicados a operaciones de blanqueo “provenía de los contratos de obra pública”. Este planteo también fue sostenido por la AFIP, lo que de alguna manera complica a Cristina Kirchner: la vicepresidenta y Báez están siendo juzgados por el TOF 2 precisamente por el direccionamiento de la obra pública vial a favor del Grupo Austral.

En “la ruta del dinero K”, el delito atribuido a todos los que integraron la estructura de blanqueo fue “integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad”.

En su alegato de este miércoles, los abogados de la UIF remarcaron que “no existe otra forma de empezar que partiendo de la persona de Lázaro Báez como cabeza de la organización”, y consideró que el empresario K “tiene la mayor responsabilidad en esta enorme estructura como dueño de la empresa Austral Construcciones”.

Según la instrucción de la causa, la cifra que se habría lavado entre 2010 y 2013 es de 60 millones de dólares.

En esa investigación se tuvo en cuenta el “atesoramiento de fondos en Suiza”, depositados en cuentas cuyos beneficiarios eran los cuatro hijos de Lázaro Báez. En una primera etapa, el contratista había sido procesado por la expatriación del dinero “sucio” y su reingreso al país . Sin descartar que su patrimonio se incrementó sustancialmente entre 2010 y 2013: hoy suma más de 420 propiedades por 2.547 millones de pesos.

En consonancia con este aspecto, la UIF dijo que las maniobras investigadas responden a “un caso clásico de lavado de activos y la diferencia está en la enormidad de los fondos y la diversificación de las maniobras”, y fue aún más allá, al resaltar que “nos hallamos ante un claro caso de delincuencia transnacional”. (Clarín)

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