La actual gestión de Pablo Grasso sigue manteniendo a los trabajadores municipales sin cobertura por invalidez, incapacidad y fallecimiento

16:00 – Pasaron casi 7 meses desde que OPI diera a conocer a la opinión pública que la municipalidad de Río Gallegos, tenía a todo el personal en condiciones precarias de cobertura social, pues hacía tiempo habían dejado de contratar una ART y hacían la cobertura a través del ISPRO (Instituto de Seguro de la Provincia), que no está habilitado para brindar los mismos servicios de seguridad social que la primera.

El anterior intendente que sostenía esta forma ilegal o al menos incompleta de cobertura era Radical (Ing Roberto Giubetich). El mismo fue sustituído el 10 de diciembre por Pablo Grasso (FPV). Dentro de esos 7 meses de nuestra nota debemos agregarle que hace 3 meses está al frente del municipio el intendente kirchnerista, sin embargo, la situación no cambió. Pablo Grasso ha vuelto  a convalidar al ISPRO como aseguradora de los empleados municipales y desde el inicio de su gestión ha ratificado el convenio con el ente provincial como supletorio de una ART que implican otras prestaciones y están habilitadas por ley para la cobertura específica que involucran los casos en los cuales los trabajadores municipales sufran una incapacidad, invalidez y/o muerte. Pero esto no es exclusivo de Río Gallegos, sucede en todas las localidades del interior, por una expresa orden de la gobernadora Alicia Kirchner.

El ISPRO no está habilitado

El ISPRO no está dado de alta y por tal motivo no se encuentra legalmente reconocido por la Superintendencia de Seguros de Nación (SSN) y por lo tanto solo puede dar cobertura médica-asistencial, pero los trabajadores municipales y cualquier otro bajo el mismo régimen de seguro, no poseen cobertura en caso de invalidez, incapacidad o muerte que pudieran sufrir en cumplimiento de sus tareas.

El argumento del gobierno municipal cuando dimos a conocer la nota, fue que contratar con el ISPRO significaba “un ahorro significativo” para la comuna, sin embargo nadie ha sopesado (parece) que ese “ahorro” se basa en la vida, el patrimonio y la tranquilidad personal y familiar de cada trabajador que está sin la cobertura obligada por ley y a cambio recibe una especie de sucedáneo de la ART (algo parecido al original pero inocuo).

Para tener en cuenta el “ahorro significativo” de la municipalidad y/o la provincia, tengamos en cuenta que acordar con el ISPRO le cuesta al municipio unos 2 / 3 millones de pesos por mes, con una ART el costo sería no menor a 8 o 9 millones. El gobierno provincial “resuelve todo” derivando la atención de cualquier accidentado a los hospitales públicos y en caso de incapacidad, como el ISPRO no puede otorgar una jubilación por discapacidad, en un caso eventual lo terminan sacando por la provincia a través del Ministerio de Salud, con cargo a todos los aportantes, producto de una negligencia total y absoluta del propio gobierno quien luego aumenta todos los impuestos “para compensar las cargas”.

El contrato firmado por la municipalidad de Río Gallegos y el ISPRO el 6 de noviembre de 2018 entre Pablo Ametrano, presidente del Instituto y el Intendente Roberto Giubetich y de acuerdo al documento al que pudo acceder OPI el municipio “le encarga” al ISPRO “la gestión de contratación y administración de la cobertura Médica por accidentes de trabajo y/o accidentes de índole profesional” para todo el personal, aclarando: “para lo cual se ajustará a las cláusulas que se acuerdan a través del presente (convenio)”, indica claramente el documento.

Y en el artículo tercero de ese acuerdo entre el municipio y el ISPRO queda bien determinado lo siguiente:

“La Municipalidad contrata con el ISPRO únicamente la cobertura de prestaciones médico-asistenciales (por derivaciones médicas) que se presenten a raíz de los accidentes ocurridos a los agentes de la Municipalidad, con motivo y en ocasión del desempeño de sus tareas específicas y habituales, laborales. Queda expresamente excluida de cobertura, toda indemnización por invalidez, incapacidad o fallecimiento, estando liberado el Instituto de toda acción judicial o extrajudicial que pretendiera promoverse a causa de estos rubros, siendo las mismas únicas y exclusivamente procedentes ante la Municipalidad, que por el presente asume dicha responsabilidad”.

El día 7 de noviembre de 2018, un día después de la firma del contrato entre ISPRO y el intendente  Roberto Giubetich, el diario Tiempo Sur, parte de la cadena oficial del gobierno provincial, publicó una nota donde anunciaba en el título “El ISPRO brinda cobertura de riesgos de trabajo a los municipales”

Y señala que “en el marco del Acuerdo Social Santacruceño, el Gobierno de Santa Cruz y la Municipalidad de Río Gallegos, firmaron un convenio a través del cual el Instituto de Seguros de la Provincia, se hizo cargo de la cobertura del riesgo de trabajo de los empleados de dicho municipio”. Primera falacia incluida adrede en la noticia, dejando entrever que el ISPRO resolvía un problema con nivel de una ART, cosa absolutamente falaz.

Qué hacen los perjudicados

En el caso del SOEM, gremio que representa a los trabajadores municipales de Río Gallegos, el Secretario General Pedro Mansilla le indicó a esta Agencia que el espacio que dirige ha hecho repetidos reclamos escritos ante la autoridad, especialmente cursados al ex intendente Giubetich, sin que se recibiera respuesta satisfactoria del Ejecutivo comunal. Hoy, la actual gestión ratifica el mismo procedimiento y entonces OPI decidió avanzar sobre las causas verdaderas que motivan que el propio Estado (provincial y municipal) estén por fuera del marco normativo de la ley y pongan a los trabajadores en serios y constantes riesgos.

El argumento de peso y “de pesos”

Hay un informe/estudio en el Concejo Deliberante de esta capital donde consta que en el año 2017 se debía haber pagado en porcentaje desproporcionado entre lo que hubiera resultado del uso de una ART y el gasto equivalente pagado por ese año a una aseguradora privada.

Puesto en número, indica la fuente, suponiendo que actualmente el gasto anual con una ART fuera de 8 millones de pesos, el “uso del servicio”, es decir lo que eventualmente podría llegar a cubrir la ART, no superaría los 500 mil pesos en el mismo lapso. El resto es ganancia pura para la empresa privada y además, indicaron las fuentes, el 7% es cobrado por los Productores de Seguro, lo cual conlleva muchas zonas grises en las negociaciones, de hecho se han descubierto maniobras pergeñada entre éstos y algunos intendentes.

También en el CD de la ciudad duerme entre los cajones un proyecto del ex concejal Fabián leguizamón en el cual se prevé lo que en provincia de Buenos Aires se llama “Autoseguro”, que es un sistema que evita usar alas ART por un sistema de costos. El principal encarecimiento de las ART en función del Estado, indican las fuentes, está dado en que estas empresas carecen de un sistema diferencial de costos entre una empresa privada que tiene 10 trabajadores con un municipio que tiene 3.000, donde existe una diferencia sustancial en la masa salarial que cada uno asegura. En este sentido, muchas ART estarían estudiando un régimen especial para estos casos, de manera de bajar considerablemente los costos operativos para las administraciones provinciales.

Si hay razones, que se ajusten a la ley

Entendiendo lo que muchas fuentes del propio municipio y del CD han señalado a esta Agencia, sobre los inmensos costos que demandan las ART al erario público, entonces no se encuentra ningún tipo de motivo e impedimentos para que la propia provincia y/o la Nación, incluyan modificaciones en las leyes respectivas, a fin de establecer claramente quiénes están facultados para ejercer de aseguradora social y del empleo o bien que la propia provincia adecue el estatuto del ISPRO y/o de las leyes respectivas que lo regulan, para que tales funciones, atribuciones y competencias se encuadren a lo establecido en la Ley de Riego del Trabajo y no incursionar en la ilegalidad para darle una cobertura “similar” y ahorrarse unos buenos pesos, mientras dejan a los trabajadores en total orfandad o solo sujetos a la caridad del estado provincial.

Si las ART hacen su negocio, no es menor el negocio que hace el gobierno provincial. Si bien proporcionalmente perciben tal vez el 25 o 30% de lo que cobra una aseguradora privada, sus erogaciones siguen siendo más o menos las mismas en un caso que en otro. Entonces, suponiendo que mensualmente el Ispro recaude 2 o 3 millones de pesos por cada municipio y cada trabajador de la provincia sobre 7 u 8 de las ART, si el gasto mensual eventual es de 400 o 500 mil pesos, la diferencia que le queda al Instituto, es muy “generosa”. Si a esto le agregamos que prácticamente utiliza al propio sistema de salud público para atender la accidentología y pocas veces deberá derivar casos muy graves a Buenos Aires, se entiende por qué la gobernadora prefiere que la provincia “haga el negocio de una ART”, sin estar legalmente habilitada para hacerlo.

Hoy por hoy el municipio de Río Gallegos, otros municipios del interior y la propia gobernación, incurren en un acto ilegal y muy poco solidario con el trabajador de la provincia de Santa Cruz, al impedirle tener un servicio médico asistencial con cobertura en accidentes graves o de muerte, bajo el labil argumento de que hacerlo por la ART (como indica la ley) resulta muy oneroso.

Para eso el propio gobierno debe cambiar la ley, habilitar al ISPRO y luego, si, firmar estos convenios con los municipios. Los intendentes que han puesto la firma son cómplices y cada trabajador debiera exigir legalmente el cumplimiento de la Ley, ante el desamparo que sufren hoy. (Agencia OPI Santa Cruz)