El único juicio oral en curso contra Cristina quedó al borde de la suspensión

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Cristina Kirchner votó en Río Gallegos - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El proceso debería continuar hoy con el testimonio de Iguacel; pero podrían interrumpirlo por el coronavirus

Por: Candela Ini

La continuidad del único juicio oral en curso contra la vicepresidenta Cristina Kirchner pende de un hilo. La Corte Suprema podría suspender hoy la actividad judicial en el marco de las medidas de prevención ante el avance del coronavirus. Si no lo hiciera, el juicio oral por la causa Vialidad continuará hoy ante el Tribunal Oral Federal N° 2 con una declaración testimonial clave: la del exdirector de Vialidad y exministro de Energía de Cambiemos Javier Iguacel.

Junto a otros doce imputados, a Cristina Kirchner se la acusa por presuntas irregularidades en la adjudicación de 52 contratos de obras públicas viales a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Iguacel no es una figura irrelevante en esta causa: es quien elaboró desde Vialidad, en 2016, la auditoría sobre las obras públicas en Santa Cruz que dio lugar a la denuncia. Su testimonio en este juicio fue pedido por la fiscalía ante el tribunal, a cargo de Diego Luciani.

Las defensas de algunos de los acusados, según reconstruyó LA NACION, planean ir en una misma dirección: preguntarle a Iguacel por qué apenas asumió al frente de Vialidad ordenó una auditoría sobre la obra pública adjudicada en Santa Cruz y no sobre toda la obra pública en todo el país. También cuestionarán los parámetros y referencias tenidas en cuenta en la auditoría.

Uno de los abogados que intervienen en este juicio dijo que buscará apuntar sobre el fino de la elaboración de ese informe para indicar la existencia de sobreprecios, que luego se utilizó para denunciar irregularidades. “Iguacel consideró precios de un asfalto común, que es lo que podés hacer en una zona peatonal, pero no en el sur”, señaló a LA NACION. “Tenés que comparar con el mismo tipo de asfalto”, completó.

Algunos funcionarios judiciales que intervienen en este proceso suponen que hay una estrategia coordinada entre las defensas para evitar el avance del juicio. Atribuyen esta idea a que tanto los defensores de Julio De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, como el abogado de Héctor Garro, Mariano Fragueiro Frías, vienen planteando objeciones similares al proceso.

En la última audiencia declaró como testigo Silvina Martínez, la abogada de Margarita Stolbizer y exfuncionaria de la Inspección General de Justicia (IGJ). Martínez es una de las denunciantes más activas contra los Kirchner y Báez.

Esa declaración motivó reacciones adversas. Estuvo centrada en los vínculos entre Báez y el matrimonio Kirchner. Se refirió a las empresas Valle Mitre, Hotesur y Los Sauces y, sobre ese punto, las defensas objetaron que su declaración no era relativa al objeto procesal de la causa Vialidad, sino a otros expedientes.

La postura de la fiscalía fue valorar la información. El fiscal Luciani argumentó que la relación comercial entre los Kirchner y Báez es dirimente para evaluar si hubo algún motivo para direccionar la obra pública. Martínez debió salir de la sala de audiencias para que el tribunal escuchara los planteos de las defensas y resolviera, finalmente, que pudiera continuar con la declaración. En esa audiencia, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, levantó la voz y dijo a los jueces del tribunal que se estaba perdiendo el tiempo “de forma descarada” y que se convoca a gente que “no aporta nada”. Planteó que el juicio empezó sin prueba, sin pericia y con planteos ante la Corte Suprema, y siguió como si fuera “un capítulo más del lawfare “. Dijo que a Cristina Kirchner “la tuvieron sentada, pero no les sirvió para nada”. Beraldi calificó de “poco seria” la citación de Silvina Martínez y dijo que el fiscal Luciani necesitaba realizar “un show” porque no tenía pruebas. Esta manifestación del abogado de Cristina Kirchner no es aislada. En diciembre del año pasado, cuando la vicepresidenta se presentó ante este tribunal para declarar en su defensa, calificó al TOF 2 como un “tribunal del lawfare “. Entre otras cosas, había apuntado contra los jueces por no aceptar transmitir su declaración en vivo.

Los procesos orales no están aislados del contexto. La expansión del coronavirus preocupa a los funcionarios judiciales y fue uno de los motivos esgrimidos por las defensas para pedir que, por la edad de los acusados y la cantidad de gente en la sala de audiencias, se lleven adelante las medidas necesarias para garantizar la salubridad y las condiciones de higiene. Se espera que la Corte fije hoy una posición: de eso depende el único juicio oral contra Cristina Kirchner. (La Nación)

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