Declaró días “inhábiles” desde hoy hasta fin de mes y redujo al mínimo la actividad judicial. Magistrados y funcionarios judiciales garantizarán que no se paralice el servicio por completo.
Por: Lucía Salinas
Los cinco ministros de la Corte Suprema de Justicia -Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, decidieron que hasta el 31 de marzo la Justicia funcionará solo con una guardia mínima que estará a cargo de jueces y funcionarios judiciales. Fue luego de la reunión que tuvieron para tratar los pedidos del gremio de trabajadores judiciales y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que solicitaron que se declare una feria judicial para evitar la propagación del coronavirus.
En la Corte se encargaron de aclarar que no se trata del adelantamiento de una feria judicial porque se garantizará que haya actividad.
Del encuentro de este lunes participaron cuatro ministros de la Corte. El presidente Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton. Juan Carlos Maqueda no estuvo presente porque está en cuarentena tras regresar la semana pasada de una viaje a Miami. A pesar de eso, participó virtualmente en la toma de decisiones.
Previo a la conferencia de prensa encabezada por el presidente Alberto Fernández durante la noche del domingo, donde impulsó una serie de medidas de restricción de circulación en algunos ámbitos para así reducir el avance del virus, se había realizado en la Corte Suprema una reunión de los equipos de trabajo creados recientemente por una acordada del Máximo Tribunal.
Según informaron a través de un comunicado, en la primera parte de la reunión “estuvieron presentes las autoridades del Cuerpo Médico Forense en pleno, en razón de su experiencia adquirida en el marco de la crisis de la gripe aviar del año 2009”. Allí, propusieron la adopción de medidas tendientes a evitar la propagación del virus y la adquisición de insumos sanitarios.
En una segunda parte del encuentro, “intervinieron las autoridades en materia informática, quienes propusieron distintas alternativas para la gestión de los expedientes, para disminuir la afluencia de público a las dependencias judiciales”.
Son dos los pedidos puntuales para que se declare la feria judicial. El primero fue formulado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que el viernes ante la CSJ requirió “la inmediata declaración de feria judicial por al menos 15 días” como medida preventiva ante el avance de la pandemia del COVID-19.
El Colegio señaló en la nota que también se presentó ante el Consejo de la Magistratura, que debe tenerse en consideración “el masivo tránsito de abogados, magistrados, empleados y justiciables convierte a los tribunales en una zona de altísimo riesgo de contagio y propagación de la enfermedad”.
En esta misma línea, el CPACF sostuvo que este pedido de una feria judicial durante quince días, guarda relación “con el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el Presidente Alberto Fernández en el que se declara la ampliación de la emergencia sanitaria, y con las acordadas de la propia Corte a donde dispuso licencias excepcionales en el Poder Judicial como consecuencia de la pandemia”.
Respaldando este pedido, el gremio que conduce Julio Piumato se pronunció en similares términos, es decir, pidiendo al Máximo Tribunal que ordene la feria por una quincena.
“Trabajamos, a la par del reclamo, en generar conciencia en nuestros afiliados y afiliadas y, a partir de ellos, en sus familias y núcleos de adhesión. La expansión del fenómeno hizo que en los últimos días solicitáramos nuevas medidas a la Corte, tanto en respaldo de los sectores más expuestos por edad o condiciones de salud como por su actividad (relación con las cárceles)”, detalló Piumato
A la vez -continuó el comunicado-, “impulsamos acciones respecto a las y los judiciales o en relación con quienes acudían a la Justicia (atención en mesas de entradas, audiencias, etc) e incluso, posteriormente, en qué condiciones se tomarían declaraciones a quienes desobedecieran la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno”. (Clarín)
