Las entidades que nuclean a los contadores insistieron en un pedido de prórroga general de las obligaciones impositivas y de otras medidas
Por: Silvia Stang
Las entidades que representan a los contadores insistieron, a través de nuevas notas enviadas a funcionarios del Gobierno, con sus reclamos para que se disponga una postergación de las obligaciones impositivas de los contribuyentes en general, a raíz de la situación causada por la pandemia de coronavirus y las medidas dispuestas para la prevención.
Entre los pedidos se incluye uno para que haya políticas que contemplen específicamente la situación de quienes están en el régimen del monotributo , que pueden verse especialmente afectados por la situación, dado que sus ingresos no son por naturaleza estables y que la demanda de bienes y servicios, según se estima, caerá en líneas generales por las medidas de distanciamiento social.
Este grupo de contribuyentes, que son unos 3,2 millones según los datos de la AFIP (de ellos, algo más de 1,9 millones no tienen otra actividad, en función de lo que indican los registros), no quedó alcanzado por las medidas anunciadas hasta ahora por el Gobierno referidas a mejorar los ingresos de bolsillo de determinados segmentos de la población. Esas medidas sí incluyen a los jubilados que cobran hasta $18.892, a quienes cobran planes sociales y a las familias a las que llega la Asignación Universal por Hijo (AUH). En el caso de los monotributistas con hijos a cargo, el pago mensual que los alcanza es la asignación del sistema formal, para la cual no se contempló un pago extra ni aumento, al menos hasta ahora.
En una nota que le dirigió al ministro de Economía, Martín Guzmán, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires pidió que se disponga una “liberación o atenuación temporal de la cuota del monotributo, en su componente impositivo y previsional”. Esos dos componentes del pago mensual suman un monto que va de los $914,46 en el caso de la categoría A (la más baja) a los $13.675,19 en la categoría K, la más alta y que solo está habilitada para la actividad de comercio de cosas muebles (no para servicios). La propuesta implica que sí se siga pagando el importe dirigido a la obra social, que es el tercer componente y que es un monto fijo, igual para todos, de $1041,22 por beneficiario de plan de salud.
“Pedimos que se profundicen las medidas y que se prorroguen los plazos para la presentación de declaraciones juradas y para el pago de los impuestos y de las obligaciones de la seguridad social”, explicó a LA NACION Gabriela Russo, presidenta del Consejo, que el lunes le había enviado una nota a Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP y que hoy, además del escrito a Guzmán, le envió uno a Patricia Vaca Narvaja, subdirectora de Servicios al Contribuyente del organismo de recaudación de impuestos.
El pedido de “profundizar” tiene que ver con los anuncios ya hechos por el Gobierno. Ayer Guzmán comunicó, por ejemplo, que se eximirá del pago de contribuciones patronales por sus empleados a las empresas de los sectores más afectados por la situación. Y la AFIP difundió dos medidas: la suspensión de todos los turnos que se habían otorgado para la atención presencial en sus oficinas (y el aviso de su reprogramación, con el objetivo de reducir la cantidad de personas que estén al mismo tiempo en esas dependencias) y la disposición de una feria fiscal, con vigencia desde el 18 y hasta el 31 de este mes, por la cual se suspende por ese período el cómputo de los plazos para que los contribuyentes den respuesta a los requerimientos que surjan de acciones realizadas por la AFIP.
En un comunicado, el organismo aclaró que la feria fiscal no implica ni la suspensión de las acciones de control ni la prórroga del vencimiento de los impuestos. De todas maneras, desde la AFIP dijeron que se están analizando medidas para acompañar a los contribuyentes. No está descartado que haya nuevos anuncios y, de hecho, se estarían analizando en el Gobierno medidas para el sector de los monotributistas.
“Es totalmente insuficiente” lo dispuesto hasta ahora por la AFIP, evaluó Silvio Rizza, presidente de la Federación de Consejos de Ciencias Económicas (la entidad que nuclea a las 24 instituciones del país). “Esta crisis golpea a los monotributistas, a los autónomos, a los informales, a los dueños de las empresas. El Estado tiene que decir presente”, sostuvo.
La Federación también envió hoy una nueva nota (ya había mandado una esta semana) a la jefa de la AFIP, donde se pide la “reprogramación de todos los vencimientos de obligaciones formales y materiales y de los pagos de tributos nacionales, incluyendo anticipos y pagos a cuenta”. La solicitud incluye la suspensión de la aplicación de intereses resarcitorios y punitorios y de multas, del inicio de ejecuciones fiscales y la reprogramación de los plazos para sumarse a la moratoria vigente (la inscripción vence el 30 de abril próximo) y para repatriar activos con el objetivo de evitar la alícuota agravada de Bienes Personales.
En una descripción del contexto, en la nota firmada por las autoridades de la federación se afirma que hay o habrá una paralización casi absoluta de la actividad, “especialmente en el sector de las pymes, en las actividades comerciales y en los servicios individuales”. Y se agrega, entre otros puntos, que existen restricciones para la circulación de las personas, algo que afecta la posibilidad del desarrollo de negocios y de actividades económicas, y que hay una insuficiencia de herramientas necesarias para realizar tareas laborales desde las casas particulares.
En la nota del consejo de profesionales de la ciudad de Buenos Aires se pide, además de la prórroga de plazos para cumplir con las obligaciones tributarias, que se lancen líneas de crédito a tasa cero para las micro, pequeñas y medianas empresas; que se flexibilicen los requisitos para obtener el “Certificado Mipyme” (que permite acceder a determinados beneficios fiscales y es necesario para adherirse a la moratoria), y que se extiendan los plazos (tal como lo pide también la federación) para el acceso al plan de regularización de deudas y para la repatriación de activos. En este segundo caso y según la normativa hoy vigente, el martes 31 de este mes es el último día para que los contribuyentes con patrimonio en el exterior hagan la operación y eviten, así, que esos activos fuera del país queden gravados una alícuota agravada de Bienes Personales. (La Nación)
