La Justicia dispuso que una propiedad incautada en una causa de lavado y dos hoteles embargados en un expediente narco sean utilizados como centros de tratamiento del Covis-19.
Por: Lucía Salinas
Todos los insumos posibles, sirven a la hora de contribuir en medio de la cuarentena total, a la lucha contra el avance del coronavirus. Mientras el Ejército en Campo de Mayo montó un hospital de campaña, la Justicia adoptó otras medidas: afectó un predio intervenido por el juez Néstor Barral en una causa por lavado de dinero, para utilizarse como centro de diagnóstico del Covid-19. Además, dos hoteles incautados a una banda de narcotraficantes se utilizará para el aislamiento de quienes regresen al país desde el exterior.
El Ministerio Público Fiscal, informó que un importante inmueble propiedad de una sociedad que se encuentra investigada por lavado de activos se convertirá en un centro de diagnóstico del COVID- 19, “que tendrá como finalidad detectar casos de contagio y trabajar coordinadamente con la Nación y la Provincia de Buenos Aires en la prevención de la propagación. El predio está ubicado en la Autopista Acceso Norte Ramal Pilar, KM. 46, y las vías del Ferrocarril General Belgrano”.
Hace tan sólo cinco días, el juez federal de Morón, Néstor Barral, decidió la intervención judicial de la sociedad “Pilar Bicentenario”, en el marco de un expediente donde se investigan maniobras de lavado de dinero. El pedido fue formulado hace unos por el fiscal Sebastián Basso (cuando estaba a cargo de esa fiscalía) y por María del Carmen Chena, a cargo de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación.
Una vez oficializada la intervención se le dio intervención a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que coordine con el Municipio de Pilar como con las dependencias del Estado Nacional, debido a que allí tenía obras relacionadas con una estación ferroviaria.
La respuesta de la AABE se pronunció al respecto y a través de una resolución, entregó el inmueble al Municipio en el marco de la Emergencia Pública Nacional en Materia Sanitaria, dictada por el gobierno nacional. En este mismo sentidos, hace unos días se había decidido con el mismo instrumento administrativo la afectación de dos hoteles incautados en Salta a una banda narco para que sean utilizados para el aislamiento de extranjeros provenientes de zonas afectadas por el COVID-19.
Ante la “necesidad del Municipio de adoptar medidas de carácter urgente con el objeto de establecer un centro de operaciones conjuntas, de competencia interdisciplinaria entre las áreas de seguridad, salud e infraestructura municipales, para afrontar en el Partido de Pilar la pandemia del COVID-19, e implementar en dicho predio un centro de diagnóstico del COVID- 19, a fin de detectar casos de contagio y trabajar coordinadamente con la Nación y la Provincia de Buenos Aires en la prevención de su propagación”, sostiene la resolución de la ABBE.
Fue la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que encabeza el fiscal federal Diego Iglesias, quien con información proveniente del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre una investigación que se inició en Colombia, que expuso sospechosos vínculos de José Bayron Piedrahita Ceballos con personas en nuestro país como también con sociedades radicadas acá.
Piedrahita Ceballos está acusado de ser el eje principal de organizaciones narcocriminales colombianas, y por haber contribuido a la estructura conocida como “La Oficina de Envigado”, grupo vinculado en simultáneo con los carteles de Medellín, Sinaloa y las Autodefensas Unidas de Colombia.
Según la fiscalía Piedrahita Ceballos y su entorno “tenían contactos con el grupo económico que lideraba el abogado Mateo Corvo Colcet quién, a través de un conjunto de sociedades comerciales, canalizaría y administraría los fondos provenientes del narcotráfico en dos rubros: por un lado, ambiciosos emprendimientos inmobiliarios en el partido bonaerense de Pilar (“Country Urbano”, “Pilar Bicentenario” e “Ínsula Urbana”)”, y por el otro, “la actividad de servicios de bar/confitería y producción de espectáculos por medio de sociedades”.
El proyecto que Corvo vendía “era hacer una estación de Ferrocarril y cocheras para que la gente de los barrios vayan en auto hasta allí y se tomarán un “tren vip” hacia Retiro, lo que nunca dijo a los inversores era que el tren vip tenía que hacerlo el Estado y luego de la Tragedia de Once jamás iba a invertir ahí”, explicaron desde la investigación a Clarín.
Hubo mas. En la investigación a la cual estuvo Basso, se determinó que hubo un desembolso del colombiano de tres millones de dólares y que al lado de ese proyecto “también Corvo tenía el proyecto de Ínsula Urbana SA otro sueño faraónico dónde quería hacer una especie de puerto madero en Pilar”, indicaron fuentes del caso. Corvo logró -consta en el expediente- , que varios inversores coloquen dinero, pero la obra no tuvo prácticamente avances. “Ambos proyectos después de su detención cayeron y ahora están en concurso”.
El caso involucra a María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín Santos –viuda e hijo de Pablo Escobar Gaviria- y del ex futbolista Mauricio “Chicho” Serna Valencia, como “partícipes necesarios del delito de lavado de activos agravado por ser por una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza”.
Dos hoteles para aislamiento
Junto con esta medida, la ABBE había decidido en Salta utilizar dos hoteles que fueron incautados a la organización narcocriminal conocida como “Clan Loza” para el aislamiento de ciudadanos extranjeros que provengan de zonas afectadas por el COVID-19.
Los inmuebles habían sido embargados y en julio de 2019 el Ministerio Público Fiscal demandó la extinción de dominio de dichos hospedajes, dinero y otros millonarios bienes de la banda narcocriminal. La medida solicitada fue la primera de esta naturaleza desde la entrada en vigencia del Régimen Procesal de la Acción Civil de extinción de Dominio.
La organización fue desbaratada en diciembre de 2018 después de 73 allanamientos en nuestro país y en España, con 35 personas detenidas. El 23 de diciembre de 2019, el Tribunal Oral Federal N 2 de Salta, condenó a la banda con penas de entre 15 y 7 años de prisión por los delitos de transporte y almacenamiento de estupefacientes. (Clarín)
