Por: Maia Jastreblansky
Alberto Fernández está decidido a aplicar medidas anticíclicas para responder al shock inesperado que plantea la pandemia de coronavirus . Abocado a delinear una respuesta ante el enfriamiento de toda la actividad, el elenco económico del gabinete se reunió este miércoles durante más de tres horas en la Casa Rosada para avanzar en la instrumentación de la ayuda para monotributistas y trabajadores informales y analizar otras medidas de inyección de dinero en los bolsillos.
Según confirmaron altos funcionarios a LA NACION , el Gobierno analiza pagar un plus salarial a los trabajadores estatales que le están “poniendo el cuerpo” a la situación de emergencia. Es decir, a los trabajadores de la sanidad, los efectivos de las fuerzas de seguridad y los uniformados del Ministerio de Defensa.
“Estamos evaluando un bono para los trabajadores que están atendiendo la emergencia. Todavía no está definido el monto ni el plazo durante el cual se va a otorgar”, señaló una fuente oficial.
En las últimas horas trascendió que el Gobierno analizaba un plus extraordinario a unos 750.000 trabajadores del sistema sanitario (médicos, enfermeros y personal), y que buscaba tomar medidas para fomentar el presentismo en los centros de salud. Se habló de un pago de $30.000, pero este miércoles fuentes oficiales reconocieron que todavía la cifra no está confirmada.
Ahora se prevé extender el beneficio también para los uniformados que están desempeñando tareas de control y logística en la vía pública y en las fronteras y que vienen redoblando esfuerzos para hacer cumplir la cuarentena. Fernández, que hoy recibió a las cúpulas de las fuerzas de seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA), manifestó: “Estamos trabajando en remunerar a los efectivos adecuadamente en la emergencia para que estén tranquilos, porque la dedicación en este momento es altísima”.
La presión del sector de la salud por la atención de la pandemia, en tanto, es palpable. En las últimas horas, el gremio de la sanidad -que conduce Héctor Daer, un sindicalista con plena sintonía con los funcionarios nacionales- reclamó que los trabajadores de la salud tengan eximido el pago del transporte público. “Continuaremos insistiendo para que el Gobierno tome en consideración nuestro pedido nuevamente para aplicar en AMBA”, publicó la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) en un comunicado.
Termómetro económico
Los funcionarios del elenco económico del gabinete se reunieron esta mañana, a seis días de declarada la cuarentena obligatoria, para monitorear las secuelas económicas que empiezan a visibilizarse producto del parate general en todo el país. En el salón Eva Perón de la Casa Rosada se reunieron los ministros Martín Guzmán (Hacienda); Claudio Moroni (Trabajo); Matías Kulfas (Desarrollo Productivo); la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont ; el titular del BCRA, Miguel Ángel Pesce ; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero . Los funcionarios estuvieron prácticamente solos, en una Casa Rosada semidesierta.
“El Presidente ya dijo que entre la economía y la salud, elige la salud. Pero tenemos que tener un termómetro constante del impacto económico”, dijo al finalizar la reunión un alto funcionario que reconoció que habrá un coletazo fuerte en el déficit fiscal. Marcó del Pont, de hecho, salía de informarle a los funcionarios que comenzó a ver los primeros signos de una caída en la recaudación. El único dato alentador que llegó al cónclave de funcionarios lo dio vía comunicación telefónica el ministro de Agricultura, Luis Basterra, que pasó números positivos de la exportación de granos. “Son dólares que necesitamos”, se consoló un funcionario.
En el Gobierno no quieren confirmar hasta qué día se extenderá la cuarentena, aunque en el Gobierno todos descartan que se prorrogará, de mínima, hasta después de Semana Santa (mediados de abril). Los efectos concretos del confinamiento actual en la situación epidemiológica se verán recién en dos semanas, explican las fuentes oficiales, que aseguran que “los números de infectados que se conocen hoy son resultado de los contagios ocurridos hace 15 días”.
En esta dinámica del “minuto a minuto”, hay funcionarios de la Casa Rosada y del Ministerio de Salud que, para pensar en mediano plazo, mantienen videoconferencias con especialistas de países que mostraron la mayor eficacia en la contención de la pandemia: Israel, China y Corea del Sur. Los expertos de esos países coinciden en que, en teoría, una cuarentena para ser eficaz debería extenderse por unas seis semanas.
“Hoy lo que hay que hacer es esta medida extrema. Sabemos no podemos vivir en cuarentena”, señaló un alto funcionario que reconoció la dificultad que tiene la parálisis general en el contexto económico argentino.
Por ahora, en el Gobierno prima el “manual” económico. “Este es un caso típico de shock externo que te hace caer al mismo tiempo la producción y el consumo. No hay otra receta posible que aplicar el manual económico con medidas anticíclicas”, dijo a este medio un importante funcionario con acceso al Presidente.
El gabinete económico hoy analizó una reducción transitoria del pago de aportes patronales para los sectores más afectados. También avanzó en la instrumentación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 para unos 3,6 millones de monotributistas (categorías A y B) y trabajadores informales (también de casas particulares). El Gobierno prevé que quienes se encuadren en esa situación se inscriban en un registro, para luego cruzar esos pedidos con las bases de datos que el Estado tiene de la Anses y de AFIP.
El plus será compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) -“ese es un derecho de los niños que no vamos a tocar”, subrayan- aunque no será para trabajadores que tengan un trabajo en relación de dependencia en adición al monotributo, ni para hogares que cuenten con otro ingreso familiar. El Gobierno mantendrá por ahora la medida solo para las categorías más bajas del monotributo.
Por mandato de Alberto Fernández, el gabinete redobló esfuerzos para hacer controles de precios. Cafiero ordenó que cientos de inspectores de la AFIP modifiquen sus tareas habituales para auditar que se respeten los precios máximos en los comercios. Estiman unas 600.000 inspecciones en todo el país. (La Nación)
