Hay malestar con Ginés González García, porque le atribuyen haber avanzado con esa iniciativa de manera inconsulta. Avanzaría una resolución y se creará una mesa de coordinación entre el sector privado y el público.
Por: Guido Carelli Lynch y Walter Schmidt
El ministro de Salud Ginés González García recibió este jueves al mediodía en su despacho a los representantes de clínicas y medicina privada de todo el país. El encuentro fue para acercar posiciones luego de que se conociera la intención del Gobierno de avanzar un DNU que declare de interés público todos los recursos sanitarios del país en medio de la crisis por el coronavirus, sin importar si son de carácter público nacional, provincial o privados. Sin embargo, muy cerca del Presidente ya descartaron una intervención de esa magnitud sobre el sistema privado y aseguran que habrá sólo una resolución ministerial para crear una mesa de coordinación entre el sector público y el sector privado de la salud.
A través de una resolución del ministerio de Salud, avalada por el decreto que declaró la emergencia sanitaria, se montará una mesa de coordinación nacional para conocer minuto a minuto el estado y el factor de ocupación de las camas de internación común y de terapia intensiva, entre otros recursos del sistema de salud. La idea es que la iniciativa se replique en las provincias y que si faltan camas de terapia en hospitales públicos puedan ser suplidas en los sanatorios privados.
“Queremos estimular la coordinación en todas las jurisdicciones entre lo público y lo privado para que las decisiones tengan un fin público en el marco de esta emergencia”, explicó González García a Clarín, una vez terminada la reunión.
El ministro añadió que la coordinación con las provincias es más dificultosa en un país federal como la Argentina y los Estados Unidos y comparó la medida que busca implementar con la que el alcalde de Nueva York Andrew Cuomo le reclama a Donald Trump.
La medida se implementaría a través de una resolución del ministerio, que es la autoridad de aplicación en el marco de la pandemia, por el DNU 260 del Presidente. Fue a través de ese instrumento, por ejemplo, que el Gobierno decretó el 14 de marzo y -solo con la firma del ministro- el cierre de las fronteras para los no residentes.
González García había adelantado a diputados de la comisión de Salud que a través del fallido DNU pretendía avanzar en la interconexión entre las terapias intensivas de todo el país. “Queremos que el conocimiento junto con los insumos se distribuya al mismo tiempo en toda la Argentina”, sentenció el ministro, que por la tarde mantendría un contacto con las unidades de terapia de La Patagonia.
El decreto pretendía darle al Ejecutivo el marco legal para centralizar las compras de insumos críticos y disponer de camas y materiales del sistema médico argentino. “Queremos que cada jurisdicción entienda racionalmente que todos los argentinos tengan los recursos que tienen que tener”, sentenció González García ante los diputados de la Comisión de Salud.
En el segundo piso del ministerio de Salud se dieron cita José Cherro, de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra); José Sánchez, de la Federación de las Cámaras de Emergencia, Gabriel Bargaballo, gerente de Osde y Asociación civil de Telemedicina de la República Argentina); y Luis María de Grossi, por la Asociación de Entidades de Medicina Privada (Ademp). “Fue una reunión muy cordial”, dijeron desde ambas parte.
El ministro y los empresarios acordaron mantener reuniones periódicas y establecer un sistema de cooperación mutua. El ministro dio por sentado que deberán reforzar las partidas a través de la superintendencia de Salud y aquellas dirigidas a las provincias.
En la Cartera de Salud apuntan contra Claudio Belocopitt, el dueño de Swiss Medical y del Grupo América, a quien acusan lisa y llanamente de “hacer terrorismo”.
González García se refirió a un tema poco tratado en el marco de la pandemia: la caída de los aportes sistema privado, que se sostienen en buena medida a través de las obras sociales. Los empresarios afirmaron que sus clínicas tienen el 50 por ciento de la ocupación luego de que suspendieran todas las cirugías programadas, un detalle que también ahoga sus finanzas. “Hace 30 años que los escucho decir que el sistema está fraccionado y que tenemos que integrarlo. Ahora tenemos la posibilidad de ir todos juntos”, habría expuesto el ministro según el relato de algunos de los presentes.
El miércoles, apenas trascendió la noticia del eventual DNU, los empresarios de la salud habían hecho saber su malestar y advirtieron que podrían avanzar con recursos de amparo si el presidente Alberto Fernández sancionara el decreto. “Ya comenzamos a tener consultas en las instituciones de afiliados que quieren saber si podemos asegurarles la prestación del sistema por el que han pagado. Quieren saber si en caso de necesitar cobertura de salud -aun con otras afecciones distintas al coronavirus podremos asegurarles que tendrán disponibilidad de camas y recursos”, explicaron cerca de algunos de los participantes de la reunión.
Los representantes de la cámaras empresarias afirmaban que venían solicitando desde hacía semanas reuniones con el Presidente y con el ministro de Salud ante los rumores que terminaron de confirmarse el miércoles. “Vamos a enviar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar de interés público todos los recursos sanitarios de la Argentina. No vamos a discutir la propiedad, podrá ser estatal o privado, pero creemos que tiene que haber un comportamiento igualitario para cada argentino”, había dicho González García frente los legisladores de la Cámara Baja.
En la Casa Rosada responsabilizaron a González García por anunciar la medida sin antes haber logrado los consensos políticos necesarios y sin que el proyecto hubiera llegado siquiera al despacho de la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra.
En el Gobierno algunos comparaban la medida con la que estableció Irlanda; que decidió intervenir el sistema privado. “Allí el sistema es muy distinto. Solo el 10 por ciento de la sistema sanitario es privado. En la Argentina el 70 por ciento es privado y el 30 por ciento es público”, argumentaban.
Mientras parte de la oposición presiona al Ejecutivo para que reduzca los sueldos de los funcionarios públicos, el presidente Fernández volvió a cosechar el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta en un tema sensible. “En una pandemia todas las camas del sistema de salud de Argentina son de interés público, no se trata de quién lo gestiona”, sostuvo el ministro de Salud de la Ciudad Fernán Quirós durante una conferencia de prensa, minutos antes de que González García recibiera a los titulares de compañías de medicina privada.
La sintonía entre los ejecutivos de la Ciudad y de la Nación va de los gestos a las palabras. “Hay que ser solidario entre los sectores de salud para que si en algún momento se necesita ayuda se pueda hacer, no es complicado de coordinar”, sostuvo Quirós. Solidaridad es el valor al que el Presidente apela en casi todas sus alocuciones y por el que también felicitó a Hugo Moyano, al inaugurar el sanatorio Antártida en la Ciudad, que recibirá a infectados de la Provincia. (Clarín)
