Prosiguiendo con la actitud de denunciar ante la justicia los sobreprecios generados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que oportunamente iniciara la Dra Silvina Martínez el día 6 de abril/2020, la abogada tiene preparada una ampliatoria de la misma por la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos (Art. 260 CPN), incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 CPN) y fraude a la administración pública (174 inc 5 CPN), en relación a una serie de hechos ocurridos en el dicho Ministerio a cargo de Daniel Arroyo.
Martínez le facilitó a OPI una copia de esta ampliación que ella denomina “una escandalosa compra de alimentos por parte del Estado, en momentos en que cunde la obligación del mismo de ser transparente y solidario”. En esta oportunidad informa nuevos casos de sobreprecios en licitaciones públicas llevadas a cabo en los primeros meses del año 2020 en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, advirtiendo que las contrataciones oportunamente denunciadas no eran un caso aislado, sino que hay otros procesos de licitación pública donde el Estado pagaría montos excesivamente mayores.
El escrito destaca que no resulta clara la información en relación a los bienes adquiridos por el Ministerio, ya que en muchas oportunidades el organismo solicita determinadas unidades tomando como unidad de medida el kg, pero los paquetes o envases no poseen esa unidad, por lo que resulta confuso determinar el precio unitario de los bienes contratados, advierte la Dra Martínez quien agrega que muchas empresas se presentan, pero pocas confirman la oferta. Y el sobreprecio en los productos es escandaloso.
Los ejemplos de sobreprecios
FIDEOS
En la LICITACION PUBLICA 95-0010-LPU20 que tramito en el expte EX-2020-05510346-APN-DCYC#MSYDS, se solicitó la adquisición de 1.665.000 paquetes de 500 gr de fideos semolados.
Se presentaron y confirmaron la oferta 8 empresas entre las cuales se encuentra SOL GANADERA SRL, una de las firmas acusadas de sobreprecio en la contratación directa por emergencia que desató un escándalo en el Ministerio de Desarrollo.
Esta empresa cotizó los FIDEOS SEMOLADOS MARCA MAROLIO TIRABUZON a $85,80. Ofertó por 33.000 unidades.
En un supermercado mayorista la misma marca y tipo de fideo cuesta $31.03 por unidad y en caso de adquirir el bulto cerrado sale $ 27,71 cada paquete.
ADVERTIMOS QUE EL ESTADO PODRIA PAGAR $ 28.571.400 en lugar de los $18.454.860 que saldría en un mayorista.
HARINA DE TRIGO TIPO 000
Mediante el proceso 95-0012-LPU20 en el expte EX-2020-05518548-APN-DCYC#MSYDS la empresa CENGI S.A. CUIT N.º 30606575188 cotizó $46,77 el paquete de 1 kg de harina marca Cañuelas.
Esa misma marca y cantidad en precios máximos publicado por el gobierno se consigue a $ 39 y en un supermercado mayorista puede adquirirse a $29.
Lo más importante es que esta empresa se dedica a la venta al por mayor de telas en el barrio de Once, es decir no tiene entre su objeto la venta de comestibles.
MERMELADA DE DURAZNO
Mediante el proceso 95-0014-LPU20 en el expte EX-2020-05531045- -APN-DCYC#MSYDS Se presentaron solo 2 empresas:
1. COMPAÑIA COMERCIAL MAYORISTA S.R.L. CUIT Nº 30714038520 Cotizó por 34.330 unidades de mermelada de durazno envase de vidrio de 454 gr MARCA CAROYENSE a $247 el Kg.
2. SELECTA DISTRIBUCIONES S.R.L. CUIT Nº 30716486369 cotizó por 34.330 unidades de mermelada de durazno envase de 454 gr. MARCA CAROYENSE a $267 por Kg.
Este mismo producto puede encontrarse en un supermercado mayorista a $56,50. Y en un supermercado minorista el valor del frasco es de $91,92. Precio por 1 Kilo $ 234.07
El Estado pagaría por el producto $9.166.110 pero si compraría el mismo producto en un supermercado pagaría $ 8.033.220
GRANOS DE CHOCLO TIPO CREMOSO
En el proceso N° 95-0015-LPU20 en el expte EX-2020-05533665–APN-DCYC#MSYDS, nuevamente SOL GANADERA SRL oferta por granos de choclo en conserva tipo cremoso marca MAROLIO $ 125,86 kg.
El mismo producto en un mayorista se cotiza por unidad (lata de 350 gr) $32,36 y en caso de adquirir por mayor el bulto cerrado la unidad es de $28,90. Valor Kg. 86 aprox.
La empresa INTERNACIONAL DE PRODUCTOS S.A. CUIT 30697646627 cotizó la lata de choclo marca “La Banda” a $158,50 el kg. Este mismo producto se encuentra a un precio de $ 86,60 en un supermercado mayorista por unidad y a $77,32 en caso de adquirir el bulto cerrado.
La empresa IMPORTACIONES DEL PLATA S.A CUIT 30715923927 cotizó por la lata de choclo cremoso marca INALPA $161 kg. La misma lata de igual marca en precios máximos del Gobierno figura a $35 la lata, es decir $105 el kg.
Según las cotizaciones el Estado pagaría $ 32.809.500 aproximadamente por 207.000 unidades. Y según precios máximos o el precio en cualquier mayorista gastaría: $16.005.240.
De la misma manera el Ministerio de Desarrollo Social fue denunciado por la compra de
AZUCAR COMUN TIPO A
El estado pagaría según lo cotizado por 2.610.000 unidades, $ 226.495.800 en el caso de la cotización más cara o gastaría $159.210.000 si eligiera la cotización más barata. Pero si comprara según sus precios publicadosdebería pagar $130.500.000.
PURE DE TOMATE
El estado pagaría por 342.000 unidades $ 33.516.000 si compra lo cotizado
El estado pagaría en un mayorista $ 18.810.000 si compra en un mayorista.
La Dra Martínez advierte que en la descripción que hace en la presentación es posible advertir sobreprecios en las ofertas de los proveedores sin justificación, “sobreprecios que desconocemos si se terminaron abonando ya que el portal COMPRAR.GOB.AR no se actualiza en tiempo real”, advierte y agrega “No estamos ante un caso aislado que pudo ocurrir por un descuido de algún funcionario o por la situación de emergencia con motivo del Coronavirus. Los ejemplos aportados en esta ampliación permiten concluir que estamos frente a una matriz que ocurre por lo menos en el Ministerio de Desarrollo Social donde unas pocas empresas se ponen de acuerdo para presentarse en las licitaciones y resultar adjudicatarias de contrataciones con el Estado aportando alimentos para los más necesitados. Estamos frente a un evidente caso de cartelización: la mayoría de las firmas que participan, son prácticamente las mismas, empresas que cuentan con el aval oficial para presentarse en las licitaciones, se ponen de acuerdo para presupuestar con sobreprecios que supera el valor de mercado del mismo producto y el precio máximo publicado por el propio gobierno”.
Más abajo agrega “Advertimos además que los sistemas de control actual no sólo resultan insuficientes, sino que también en muchas oportunidades no resultan ser los adecuados, para evitar la contratación con abultados sobreprecios” y concluye “El gobierno es el responsable de promover la libre competencia y evitar el pago de sobreprecios, pero vemos que esto no ocurre. Los gobiernos tienen la obligación de evitar y sancionar el alza de los precios, el acaparamiento y la especulación en la prestación de servicios. El Estado debería aprovechar su posición para comprar al precio más económico del mercado, y no al más caro como parece ser la habitualidad”. (Agencia OPI Santa Cruz)