Tres declaraciones confirman que el Estado convalidó sobreprecios del 60% por azúcar y aceite

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El Gobierno vuelca $32.000 millones para contener a los sectores más pobres

Son empresarios que vendían a los intermediarios que están en la mira. Confirmaron que sus valores eran muchísimo más bajos.

Por: Lucía Salinas

Desde que comenzó a investigarse en la órbita de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social con presuntos sobreprecios, el fiscal nacional Sergio Rodríguez, tomó varias declaraciones testimoniales a productores de alimentos. Todos coincidieron en un dato: vendieron a las empresas intermediarias (que ganaron la licitación), el aceite y el azúcar mucho más barato de lo que terminó pagando el Estado. La diferencia supera, en todos los casos, el 60%.

La PIA es la responsable de investigar aquellos delitos contra la administración pública, que además involucran cifras considerables de dinero que representan un perjuicio para el erario público. Por ello, dependiente del Ministerio Público Fiscal, la PIA abrió una causa preliminar respecto a las compras de alimentos con presuntos sobreprecios por encima del 37% en general, que iba a materializar el Ministerio de Desarrollo Social.

La investigación preliminar encabezada por el fiscal Rodríguez, busca determinar responsabilidades, el daño ocasionado y así avanzar sobre los funcionarios que pudieron haber tenido algún tipo de responsabilidad. Cuando se obtengan las pruebas suficientes y en caso de considerar que son sustentables, se formulará la denuncia penal contra los involucrados, es decir, la imputación formal.

En esta etapa, las medidas de prueba adoptadas arrojaron datos por demás curiosos. En primer lugar, la cartera que conduce Daniel Arroyo no había iniciado ningún sumario administrativo sobre la cadena de responsabilidades que firmaron las resoluciones que derivaron en el escándalo. En total 14 funcionarios de la secretaría de Articulación de Política Social, que conducía Gonzalo Calvo, renunciaron. El ex funcionario era el único que había sido desplazado tras conocerse las irregularidades.

El fiscal Rodríguez pidió la apertura de sumarios administrativos para investigar el grado de responsabilidad y que se incluya a la PIA como parte acusadora en aquellos expedientes.

En paralelo la Procuraduría comenzó a tomar declaraciones testimoniales. Entre el martes y miércoles de esta semanas fueron en total tres los productores de alimentos que, por videoconferencia, brindaron precisiones sobre la cadena comercial y los costos principalmente, de aceite y azúcar.

El primer productor que declaró esta semana es generador de aceite. No participó en esta licitación, pero una de las empresas intermediarias ofreció su producto al Ministerio de Desarrollo Social. “A esta empresa no le compraron pero ofrecieron su aceite con una sustancial diferencia de precio. Si el Estado le hubiese comprado, en función los precios de venta mayorista y en góndola el ahorro era de más del 60%”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.

¿Cómo ocurrió en este caso? Este representante y fabricante de aceite y dueño de la marca, tuvo contacto con una de las firmas intermediarias, es decir aquellas que ingresaron a la licitación para vender los alimentos al Gobierno. Una de esas compañías, del rubro específico, ofreció el aceite de este productor “pero a un precio sumamente elevado en relación a lo que el productor lo habría vendido en la cantidad licitada”.

Esto podría queda como caso testigo que para los investigadores, corrobora una “diferencia considerable de costos y cuánto podría haberse ahorrado el Estado si hubiese ido directamente a los productores de alimentos sin empresas intermediarias”, explicaron a Clarín. Un eventual “sobreprecio difícil de justificar”. Es ésta una de las hipótesis del expediente.

Respecto a este rubro específico, el aceite, hubo otra declaración testimonial que arrojó una operatoria similar. Es un empresario que suele proveer del producto a una de las intermediarias intervinientes en esta licitación y explicó que el valor por litro y medio, es un 60% inferior al que pagó el Estado.

Por el aceite, el Gobierno autorizó compras por 164 millones de pesos a las empresas Sol Ganadera, Copacabana y Teylem, que ofrecieron precios por aceites mezcla de 1,5 litros de $157,80, $158,67 y $166,58 para las marcas Indigo, Casaliva, Ideal y Marolio. En la lista de precios elaborada por el Gobierno, se encuentra los aceites con las marcas Cada Día e Ideal a un precio de $121 cada una, también en presentación de 1,5 litros. La diferencia es de 37,6%”.

La última declaración testimonial fue a un productor de azúcar que sí vendió su producto en la licitación bajo investigación. “El producto tenía un valor sumamente inferior al que se vendió para este caso”, señalaron fuentes del caso. ¿De cuánto es esa diferencia? Supra ampliamente el 60%, una vez más.

En el caso del azúcar -se autorizaron compras por 51 millones de pesos a las empresas Copacabana y Alimentos Generales, productoras de la marca La Muñeca, un 25% más caros que el azúcar Ledesma- y el arroz: la resolución adjudicó una compra de arroz en kilo por 69 millones de pesos a las empresas Teylem, Alimentos Generales y Copacabana, un 17% por encima de los productos de Precios Cuidados.

La denuncia formulada por la abogada Silvina Martínez, se realizó por los posibles delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración pública. (Clarín)

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