El 2 de abril de 2020 el Ejecutivo provincial emitió el Decreto Nº 0341 por el cual la gobernadora le asignó al Ministerio de Desarrollo Social una asignación de $ 30.000.000,00 (Treinta millones de pesos) por el término de 60 días para “asistencia social directa” y detalla las mismas como: personas vulnerables que requieran de políticas asistenciales; Dispositivo alternativos familiares e institucionales que promueven la protección de personas y/o familias; Municipios y Comisiones de Fomentos para la adquisición de insumos, bienes y servicios destinados a esas familias; Organizaciones Sociales que acrediten funciones relacionadas con la cobertura de la emergencia y describe que cada asignación será para asistencia directa e inmediata en base a cuatro componentes que son: Alimentación, Sanitización, Habitat y Protección Directa.
En la fundamentación que exhibe el gobierno provincial para justificar esta asignación, luego de hacer un repaso de todas las leyes y decretos existentes en relación a las emergencias destacadas por el coronavirus y la cuarentena considera “…resulta necesario adoptar nuevas medidas oportunas y transparentes, que se sumen a las ya implementadas por la Cartera Social a fin de mitigar las consecuencias de la emergencia en los sectores más vulnerables de la sociedad”.
Y en ese marco con mucho palabrerío para decir poco, el nudo del Decreto es normatizar la situación de libre disposición de fondos, reasignando partidas o distribuyendo fondos de manera unilateral y sin seguir los canales administrativos normales, lo cual – claro está- resiente notablemente el control hacia los funcionarios y organismos del propios Estado.
En ese marco el documento en su segundo artículo faculta al Ministerio de Desarrollo Social a distribuir los 30 millones de pesos en 60 días a razón de 10 millones de pesos para ser asignados a las compras directas y 20 millones de pesos destinados a distribuir financieramente entre los municipios, de acuerdo a las necesidades que crea el mismo organismo social.
Este Decreto, firmado por Alicia Kirchner, Bárbara Weinzetell como Ministra de Desarrollo Social y el Ministro de Economía Ignacio Perincioli, está relacionado con nuestro informe de fecha 20 de abril 2020, que OPI publicó bajo el título “El gobierno hace compras directas millonarias sin especificar producto, cantidad y precios unitarios. Una de las proveedoras fue creada el 2 de marzo 2020”, donde se detalla con la documentación adjunta, las compras efectuadas por el Ministerio de Desarrollo Social, en las cuales se detectan como principal irregularidad la falta del detalle de los comprado, la cantidad y el precio por unidad de cada producto, sólo consignando el precio total de lo invertido e impidiendo visualizar si hay o no sobreprecios.
El gobierno hace compras directas millonarias sin especificar producto, cantidad y precios unitarios. Una de las proveedoras fue creada el 2 de marzo 2020
Pero hay un dato más llamativo aún, es que en una de las asignaciones de compras, se le da el contrato por compra directa a la empresa “EMPRENDIMIENTOS NCVD” de CABA la cual, al momento de adjudicarle el contrato, poseía un mes de creación (el 2 de marzo del 2020) y el gobierno provincial le otorgó el beneficio el día 3 de abril de este año, lo cual eleva las sospechas de que podría haber sido creada para este tipo de operaciones.
Al principio del Decreto y. en la parte argumental, el gobierno advierte “…resulta adoptar nuevas medidas oportunas y transparentes...” dice el texto; oportunas sí, transparentes, está en duda.(Agencia OPI Santa Cruz)