El dato social más preocupante: casi 20% de los que cobrarán el bono Anses de 10.000 pesos son jóvenes de 18 a 25 años

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Son 1.356.306 personas. Este grupo tiene las tasas más altas de pobreza y también son mayoría entre los desocupados.

Por: Ismael Bermúdez

Un dato clave y por demás alarmante del padrón de 7,8 millones de beneficiarios del bono de la Anses de $ 10.000 (Ingreso Familiar de Emergencia- IFE) es que 1.356.306 son jóvenes de entre 18 y 25 años.

Todos los indicadores sociales y económicos marcan a este grupo de edad con un grado de vulnerabilidad casi absoluto, de acuerdo al Informe “Ingreso Familiar de Emergencia. Análisis y desafíos para la transferencia de ingresos a trabajadores/as precarios”, de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género.

El Informe oficial señala que los/as jóvenes de 18 a 25 son mayoría entre los asalariados informales y los desocupados, además de que tienen las tasas más altas de pobreza junto el grupo etario de 46 a 65 años. En indigencia, en cambio, son las personas de entre 36 a 45 años los más afectados. Los más jóvenes son casi en su totalidad informales (98,8%), mientras que en el total de los segmentos considerados la informalidad es de 92,1%”, indica el trabajo.

Entre los desocupados, “la mayor concentración se da entre los más jóvenes: el 38,8% tiene entre 18 a 25 años. El 48,0% de esta franja etaria se encuentra debajo de la línea de pobreza, constituyendo el 53,9% de los pobres totales y 59,2% de los/as individuos en indigencia, y 25,4% entre 26 a 35 años. Es decir, 2 de cada 3 desempleados/as es menor de 35 años y 68,2% del total de este grupo son pobres”.

El Informe señala que “todos los indicadores sociolaborales presentados a lo largo de esta investigación dan cuenta de que la población a la cual apunta el IFE se trata, en todos los casos, de una población con ingresos muy bajos (más del 64% son pobres) e inestables (trabajadores/as informales, cuentapropistas, desocupados/as), lo que la vuelve extremadamente vulnerable desde el punto de vista económico a las políticas de aislamiento social preventivo y obligatorio”.

Otro dato clave es que es en las regiones Noreste y Noroeste, donde el porcentaje de población rural es elevado, el padrón de beneficiarios resultó mayor al que se había estimado en base a los datos del INDEC que elabora sus informes en base a los aglomerados urbanos.

De los 7,8 millones de beneficiarios, el 12,8% reside en el NEA y el 16,5% en el NOA. Capital y GBA comprende al 39,1% del total.

“A partir del IFE, el Estado también consolidó una base de datos más amplia, que sin duda permitirá entender mejor un sector complejo como el que se presenta en este informe. Los desafíos para hacer llegar estos $10.000 a los/as titulares, en el contexto de las políticas de aislamiento social, con un sistema bancario operando en funciones reducidas dejarán como saldo un proceso de bancarización que incluirá, como mínimo, a más de un millón y medio de personas. Estos dos elementos constituyen en sí mismos material para el rediseño de la herramienta IFE, mejora y configuración de nuevas propuestas de política pública”, dice el Informe.

Más allá de esta parcial bancarización, por primera vez, el Estado cuenta con los nombres y apellidos, DNI y otros datos familiares de más de 7 millones personas de entre 18 y 65 años para avanzar en la lucha contra la informalidad. (Clarín)

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